La principal razón por la cual los alcaldes alegan que no han logrado adquirir estorbos públicos, es porque el proceso era uno caro y burocrático.

Son contados los municipios que lograron poner en marcha la adquisición de propiedades, rehabilitarlas y utilizarlas para viviendas o comercios antes de que se registrara el pasado 29 de julio el cambio al Código Municipal, que ahora permite a los municipios recurrir al tribunal a reclamar la propiedad sin depositar ni un solo centavo. Carolina y Bayamón son ejemplo de ellos.

Entre llamadas a alcaldes para conocer si bajo la vieja regulación, que disponía que se debía depositar ante el tribunal el 100% del valor de la tasación de la propiedad, más el 10% de los gastos administrativos, se descubrió, por ejemplo, que un municipio grande y con poder adquisitivo como Guaynabo no ha adquirido estorbos públicos.

San Juan, por su parte, impulsa que sean los ciudadanos interesados los que pongan todo el dinero necesario para reclamar ante los tribunales el estorbo público que le interesa. Por ello, cuentan con una página cibernética que tiene un mapa virtual en el que se puede ver la propiedad y comenzar el trámite para la adquisición del inmueble.

En este mapa virtual se destaca la disponibilidad del icónico edificio del Viejo San Juan en el que en su puerta está pintada con una bandera de Puerto Rico en blanco y negro. Múltiples viviendas en urbanizaciones también están incluidas.

No obstante, el interesado de algún estorbo debe contar con el dinero en efectivo. Esto se debe a que tiene que realizar un “cheque de gerente” en el que esté incluido el 100% del valor de la tasación de la estructura y un 10% adicional, que se saca de este ese valor de tasación.

Esta última partida se utilizaría para gastos administrativos, según se desprende de la página cibernética municipal.

A negociar en Coamo

Mientras, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz, identificó a su compañero de Coamo, Juan Carlos García Padilla, como uno de los pocos que ya había adquirido estorbos públicos y había logrado rehabilitar varios de estos.

Sin embargo, Primera Hora descubrió que los esfuerzos del coameño no estuvieron basados en lo que disponía el Código Municipal, que se suponían eran los trámites comunes para adquirir esas propiedades.

“Yo trato resolver sin ir al tribunal. No uso el remedio punitivo de expropiación forzosa. Eso es muy oneroso”, afirmó.

Las miras del alcalde están centradas en “negociar, no expropiar. Nosotros hemos utilizado mucho la negociación con los familiares”.

García Padilla informó que se ha valido, por ejemplo, de las deudas que los propietarios tienen en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que en muchos casos son mayores que el valor de tasación de la propiedad, para embargarla o para llegar a un acuerdo con el propietario para adquirirla.

También se ha valido de la condición de que Coamo, por haberse fundado en una finca municipal, es el propietario de los terrenos en donde se han construido la mayoría de las viviendas de la zona urbana.

A modo de ejemplo, explicó que tenían un estorbo con un valor de $400,000, que le debía al CRIM $130,000 y el solar le pertenecía al municipio. Valoró la propiedad pública como en otros $100,000. Indicó que, al restar estos dos gravámenes, la propiedad quedaba valiendo unos $170,000.

Aceptó que cuando el municipio se acercó a la familia para comprarla, pagó mucho menos de esa cantidad.

“Fue la única alternativa que ellos tuvieron después de muchas ofertas. La más sensata era la nuestra. Si alguien compraba tenía que restar de la tasación lo del CRIM y el valor de terreno municipal. Me tienen que pagar a mí el solar. No era viable para nadie, sólo para el municipio”, comentó.

De otro caso, mencionó que el valor a pagar por la propiedad se suponía que fuera $150,000, pero el municipio logró pactar con los dueños por $100,000.

Si García Padilla hubiese acudido al tribunal a reclamar la propiedad como establecía el Código Municipal, previo a las nuevas enmiendas al proceso, hubiese tenido que depositar el 100% del valor de la tasación más un 10% adicional para los gastos administrativos.

Uno de los primeros estorbos públicos que adquirió el municipio, como hace unos siete años, hoy en día es el restaurante La Gota de Rojas.

El municipio también obtuvo lo que era conocido como la Casa Bernier, así como un antiguo correo que quedaba justo detrás de la residencia. Allí se construirá un hotel de 19 habitaciones.

García Padilla explicó que esta antigua vivienda tasó $500,000. Sin embargo, el municipio pudo adquirirla por $350,000. La ficha ganadora en este proceso fue que “costaba $1 millón arreglarla” y el municipio fue el único que mostró interés.

El alcalde comentó que la idea es restaurar la antigua Casa Bernier para convertirla en el vestíbulo de la instalación turística.

Pero, más allá de espacios comerciales, el alcalde ha promulgado en estos estorbos públicos la construcción de égidas, viviendas, así como edificios con locales en el primer piso y vivienda en el segundo piso.

Por ejemplo, indicó que la égida Plaza Apartment se construyó donde había cuatro estorbos públicos. Allí hay 60 apartamentos.

Además, se levantó San Blas Apartment, un complejo con 69 unidades edificado bajo el Programa Low Income Housing Tax Credit Program, en un solar donde había dos estorbos públicos.

Comentó que otras 24 unidades de viviendas se han construido en este concepto de un primer piso comercial y segundos pisos residenciales.

Le quedan 150 estorbos

Aun así, Coamo cuenta con otros 150 estorbos públicos que no ha podido adquirir bajo los métodos que implementó García Padilla.

Por ello, el alcalde señaló que se apresura a aprobar una ordenanza municipal en la que se regule el proceso de adquirir estas estructuras bajo la nueva ley aprobada por el gobernador Pedro Pierluisi.

El cambio más trascendental de esta es que si no se conoce del paradero de los dueños, el municipio no tiene que depositar en el tribunal el 100% del valor de la tasación de la propiedad. El propietario, por su parte, tiene tres años para reclamarla para que el municipio le pague.

García Padilla informó que ya tiene el modelo de la ordenanza. La misma seguirá los preceptos de las comunidades especiales.

Adelantó que la vivienda sólo podrá ser adquirida por personas que no tengan ninguna propiedad a su nombre. Además, “el que la compre, tiene que vivirla y tendrá una restricción de venta de 15 años”.

Sostuvo que aquel comprador que venda la propiedad antes de la fecha estipulada en el convenio con el municipio, tendrá que pagarle al ayuntamiento su ganancia. Por ejemplo, si adquiere la propiedad en $100,000 y la vendió en $150,000, deberá pagar los $50,000 al municipio.

“¿En qué nos beneficiamos? Rehabilitamos la ciudad, reconstruimos las comunidades, sacamos estas unidades que afean la comunidad y proveemos vivienda a gente que no tiene… En Puerto Rico no hay que hacer una urbanización más, no hay que dañar una finca más. Mira todas las propiedades que hay”, demarcó el alcalde.