Energía solar a nivel industrial pone en jaque a Puerto Rico
Grupos ambientales y comunitarios denunciaron que estos proyectos amenazan la seguridad alimentaria y miles de cuerdas de valor agrícola.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
PUBLICIDAD
La presura por generar energía renovable a nivel industrial puede ser una amenaza para Puerto Rico, según organizaciones ambientales y comunitarias.
Las entidades denunciaron ayer, lunes, durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas que estos proyectos ponen en riesgo la seguridad alimentaria de Puerto Rico y miles de cuerdas de valor agrícola.
Según el análisis del grupo, que incluye a El Puente-Enlace Latino de Acción Climática-Puerto Rico, Frente Unido en Pro-Defensa del Valle de Lajas, Comité Diálogo Ambiental, EarthJustice, Sierra Club Puerto Rico, Organización Boricuá y el Departamento de la Comida de Puerto Rico, la instalación de placas solares a nivel industrial en terrenos con potencial agrícola flaquea la ya debilitada industria y los recursos naturales.
“Temo que podría ocurrir que nuestra generación destruya la base del recurso agrícola y no nos (demos) cuenta de lo que hemos hecho. Ese es mi gran temor, que en el afán de crear una industria de energía verde, energía renovable, destruyamos un recurso que no es renovable”, expresó David Sotomayor Ramírez, profesor de ciencias de suelo del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico al señalar que, al día de hoy, Puerto Rico enfrenta una pérdida de 70 por ciento del suelo para usos agrícolas desde 1966.
“Establecer instalaciones de generación de energía a gran escala en terrenos clasificados como agrícolas y en áreas ecológicamente sensitivas, ocuparía terrenos que se usan o pueden utilizarse para la agricultura y para la preservación de nuestros recursos naturales”, añadió.
Señalaron, además, que la impermeabilización y urbanización de los terrenos aumentaría la huella de “infraestructura gris”, por cuanto los proyectos conllevan la degradación de los suelos y del paisaje que impide los cultivos y afecta al turismo, la reducción de la capacidad para almacenar carbono, afecta los abastecimientos de agua, aumenta la dependencia de comida importada del extranjero (actualmente de un 85 por ciento) y la pérdida histórica del área agrícola.
De las 2.1 millones de acres en Puerto Rico, 474,332- o un 22%- son clasificados como agrícolas, según el censo del Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) en el 2018. Sin embargo, el gobierno está obligado por ley a validar el Plan de Uso de Terrenos, el cual clasificó alrededor de 635,000 cuerdas de terrenos como Suelo Rústico Especialmente Protegidos de Valor Agrícola. Esas áreas son exclusivamente para uso agrícola.
“En Salinas y Guayama hemos visto cómo arrasan con fincas agrícolas productivas para instalar proyectos de placas solares a nivel industrial. No es necesario ni recomendable sacrificar nuestros terrenos agrícolas y áreas ecológicas para esas instalaciones. Múltiples estudios proponen ubicar sistemas solares en techos y baterías para brindar mayor resiliencia a las y los clientes”, aseveró Ruth Santiago, abogada especialista en justicia ambiental.
El grupo evidenció que se han sometido más de 60 proyectos de energía a escala industrial a la espera de ser seleccionados por las agencias gubernamentales. De igual modo, el Negociado de Energía ha autorizado 16, que, en conjunto, representan más de 14 mil cuerdas de valor agrícola y ecológico.
Entre los proyectos propuestos recientemente, mencionaron a:
- Xzerta-Tec Solar I, LLC, en Hatillo: 203 cuerdas de terreno para producir 60 megavatios a un costo de $90 millones
- CIRO One Salinas LLC, en Salinas: 542 cuerdas de terreno para producir 90 megavatios a un costo de $330 millones
- Montalva Solar Farm, en Lajas-Guánica: 2,800 cuerdas de terreno para producir 165 megavatios a un costo de $250 millones
El costo estimado por producción de energía ronda entre los 10 y 14 centavos kilovatio por hora sin contar con los gastos de transmisión y distribución. Tienen costos adicionales como interconexión que son reembolsables al desarrollar al menos $11.3 millones entre dos de los tres proyectos.
“Otorgar permisos sin tener esto en cuenta, pone en riesgo la ya precaria situación de seguridad alimentaria que tenemos”, dijo Sotomayor.
Suficiente con los techos existentes
Para generar energía solar, basta con los techos de edificios y casas existentes, aseguró Santiago.
Mencionó que un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía federal concluyó que Puerto Rico tiene la capacidad para generar cuatro a cinco veces la demanda residencial de energía con la ubicación de sistemas solares en techos de estructuras existentes.
“Queremos sistemas de energía solar en los techos y con capacidad de almacenamiento mediante baterías. Es ahí, a donde se deben dirigir los $9.6 mil millones de fondos de FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias) y de otros programas de reconstrucción”, recalcó.
“Existen otras opciones para el desarrollo de la energía renovable que no implican sacrificar terrenos de valor agrícola. Ante esta situación, el secretario de Agricultura no responde ante la amenaza de perder miles de cuerdas de terrenos agrícolas”, señaló Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido en Pro-Defensa del Valle de Lajas.
Peticiones a oídos sordos
A pesar de las múltiples cartas que enviaron al Departamento de Agricultura, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y mociones ante el Negociado de Energía, los portavoces de estas organizaciones no han recibido respuesta alguna sobre el proceso de planificación a nivel isla.
“En este momento crítico necesitamos que el secretario del Departamento de Agricultura (Ramón González Beiró) se manifieste pública, clara y decididamente a favor de la agricultura y de la protección de los terrenos agrícolas en Puerto Rico”, exigió Vivoni, al añadir que existen leyes que prohíben el uso no agrícola en estos terrenos, como la Ley del Plan de Uso de Terrenos y las leyes de las reservas agrícolas.
La coalición se comprometió en iniciar una campaña educativa para enfatizar la protección de las tierras revirtiendo la política pública energética para que los sistemas fotovoltaicos se ubiquen en los techos de estructuras existentes, no en el suelo.
Insistieron en que la tierra, que no es un recurso renovable, es la base del sustento y de los recursos naturales y Puerto Rico tiene la oportunidad de resolver la crisis energética dotando a cada estructura del país con sistemas de placas solares como se establece en la propuesta de la organización Queremos Sol y han evidenciado en la práctica los proyectos de The Alliance for Sustainable Resources Management, Casa Pueblo, entre otros.
“La pérdida de terreno agrícola aumenta nuestra inseguridad alimentaria. Vivimos tiempos urgentes y como país deberíamos aspirar a garantizar una seguridad alimentaria en el presente y el futuro desde la planificación integrada. Todavía no hemos tenido respuesta de la Junta de Planificación y estos proyectos representan una amenaza a largo plazo para la poca tierra agrícola disponible que tenemos”, recalcó la agricultora agroecológica, Marissa Reyes