La posible eliminación de fondos y hasta la desaparición de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), no significará la paralización de la evaluación ambiental en el Proyecto 127.2 en Ponce, Guayanilla y Peñuelas que administra la organización Desarrollo Integral del Sur (DISUR).

Para el gerente de proyectos de DISUR, David Southgate, tanto la asignación de menos fondos a la EPA por parte de la administración del presidente Donald Trump como los intentos del congresista Matt Gaetz, junto con sus colegas republicanos Thomas Massie, Steven Palazzo, y Barry Loudermilk, para eliminar esa agencia federal, no detienen esos proyectos de evaluación.

En octubre de 2010, DISUR comenzó el proyecto PR  127-Guayanilla-Peñuelas, un plan maestro para la limpieza del medio ambiente y la reutilización de 13 propiedades que representan aproximadamente 1,800 acres o el 50% de los terrenos del antiguo complejo petroquímico de Guayanilla y Peñuelas. El plan provee la transformación de la zona petroquímica a una Zona Eco-Industrial, que compone una nueva generación de industrias centradas en la producción de energía renovable y de productos farmacéuticos a base de microalgas, así como la creación de nuevas industrias de reciclaje. 

De igual manera, cuenta con el apoyo de los residentes del área y atiende dos problemas regionales de los desperdicios sólidos y el alto costo de la electricidad generada principalmente por medio de fuentes de energía no renovables.

“El proyecto de evaluaciones ambientales sigue en pie, la EPA nos otorgó una extensión hasta diciembre de 2019, porque el proyecto lo requería, y esperamos la asignación de más fondos para realizar más estudios”, explicó Southgate. 

La idea del congresista Gaetz es que las agencias locales de control ambiental en los estados y territorios hacen el trabajo de la EPA y las comunidades son sus mejores asistentes.

“Vi un poquito de ese proyecto, el HR861, y tiene la presunción de que las agencias locales y comunidades locales hacen mejor cumplimiento de las regulaciones con respecto a la contaminación, y lo que podemos hacer de esa realidad en Puerto Rico es que la Junta de Calidad Ambiental está fallando en sus deberes, no es verdad que lo hagamos mejor localmente”, expresó Southgate.

La Fase II del Proyecto 127.2 incluye un muestreo de contaminantes sospechosos en el área de estudio para justificar o descartar la presencia de sustancias peligrosas o petrolíferas en el casco urbano de la ciudad señorial, como en el sector petroquímico ubicado a lo largo de la PR 127, entre Peñuelas y Guayanilla.

En 2015 se realizaron estudios en Puerto Rico Olefins, la estación de servicio Tallaboa en la AntiguaTexaco 860, y la antigua Industria de Estanque de Sal Salt Pond Industries, de Peñuelas.  

La FASE II en las tierras ocupadas por Oxochem, Caribe Isoprene, Gulf Chemical, HERCOR Chemicals y Texaco Terminal incluye análisis de suelo, subsuelo y de agua subterránea.

En Guayanilla, se realizan estudios de muestreos en la Unión Caribe y la PPG, mientras que, en el casco urbano de Ponce, hay 45 propiedades activas en el proyecto que inició en febrero de 2013 y que debieron finalizar en diciembre 2015 pero la EPA extendió el permiso hasta diciembre de 2019.

Los proyectos de Brownfields en Puerto Rico compatibles con el plan estratégico de DISUR para fortalecer los “clusters” regionales, según la organización, están activos en ese renglón de “Brownfields”, Ponce Salt Industries, Peñuelas Technology Park, Caribe Isoprene, Oxochem y Texaco Industries.