Ponce. Varios titulares de los condominios Ponciana, Estancias de Aragón y Torre de Oro, en Ponce, afectados por los terremotos del 7 de enero de 2020, denunciaron la presunta inacción de sus respectivas juntas de directores para remediar el sufrimiento ocasionado a más de 150 inquilinos que perdieron sus propiedades.

Esto, a casi tres años de los eventos telúricos, sin haber devengado dinero de las compañías aseguradoras y teniendo que incurrir en gastos adicionales por el arrendamiento o hipoteca de una nueva vivienda. Mientras que otros tuvieron que mudarse con familiares porque fueron desalojados de sus hogares.

De acuerdo con Ivette González Cuascut, titular de un apartamento en el edificio B de Estancias de Aragón, “lamentablemente, nuestro desalojo fue ilegal y estamos pagando las consecuencias”.

“Estamos muy molestos porque ayer tembló y me acordé nuevamente de que mi edificio está ahí, inservible, que no puedo hacer nada con él, que tengo una pérdida, que he tenido que estar pagando alquileres, casas, que otros titulares han tenido que estar volviéndose locos porque, financieramente, no pueden con la carga de costos después de que fuimos desalojados del condominio”, argumentó la fémina de 53 años.

“Estamos aquí para demandar eso, exigir que las agencias del gobierno o quien sea que pueda tomar cartas en el asunto, que nos ayude porque estamos desalojados, con gastos excesivos, propiedades que están en pérdida y, aparte de eso, a nosotros nos afecta mentalmente, porque nos da tristeza, angustia, rabia, el hecho de que estamos perdiendo y estamos fuera de nuestras propiedades”, lamentó antes de mencionar el impacto recibido en el crédito de muchos de los 72 inquilinos damnificados.

Por su parte, Margarita Márquez, titular del Condominio Ponciana, cuestionó la laxitud de las compañías aseguradoras para los miles de condómines que aún sufren los efectos de los terremotos del suroeste.

“Necesitamos que el gobierno ayude en esto, que las aseguradoras entiendan el daño que están causando a todos nosotros y a todos los que han sufrido drásticamente el cambio de vida, de una vida normal a una donde muchos están viviendo en hospedajes”, agregó.

De otra parte, la situación obligó a muchos propietarios a dejar de pagar sus cuotas y seguros, pues quedaron expulsados de sus viviendas hace unos 34 meses. Eso ha complicado el panorama, ya que, según González Cuascut, la Ley de Condominios de Puerto Rico del 2020 ha dado pie para que los integrantes de las juntas de condómines los excluyan de sus asambleas y restrinjan su derecho a mantenerse informados.

“La Ley 129 de agosto de 2020 eliminó la voz y el voto. ¿Cómo es posible que una ley no me permite dejar de pagar una cuota por una propiedad que no vivo? ¿Cómo es posible que una ley me pueda violar mi derecho constitucional a tener voz y a tener voto, porque hasta los presos tienen derecho a voto en este país?”, indagó.

En conferencia de prensa, algunos de los afectados presentaron evidencia de varias querellas sometidas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que todavía no han sido atendidas.

Igualmente, el abogado Modesto Bigas, representante legal de los titulares de Estancias de Aragón, manifestó que hay una demanda pendiente en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce en la que exigen la paralización de las actuaciones de la Junta de Directores.

Mientras, el portavoz del consejo titular de los condominios Estancias de Aragón y Ponciana, Juan Howe, denunció un presunto esquema de fraude por parte de algunos integrantes de las juntas de directores, específicamente del edificio Torre de Oro, en el que supuestamente han desembolsado más de $30,000 de manera ilegal.