La suerte está echada y, de no darse un giro importante en las próximas 72 horas, el próximo miércoles la mayoría de los camioneros del país entrarán en una “asamblea permanente” que supone la paralización de sus vehículos con todas las consecuencias que eso tendría en el transporte de bienes y mercancías.

“Ya el miércoles pasado se aprobó el voto de asamblea permanente y estamos comenzando el miércoles (próximo). Y ahí estarán todas las reclamaciones que hacemos. Pero hay una esencial, que es que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tiene jurisdicción sobre los camioneros. Ellos (la JSF) se expresaron públicamente que querían eliminar el sistema tarifario, apoyando a grandes organizaciones, a grandes empresas”, afirmó Víctor Rodríguez, coordinador del Frente Amplio de Camioneros.

Rodríguez condenó el intento de eliminar el sistema tarifario y fue enfático en que “eso es inaceptable”.

“Para los 40,000 concesionarios (transportistas), eso es inaceptable”, afirmó. “Ese es el primer choque que va”.

El líder de camioneros condenó que “durante 15 años no ha habido aumento tarifario para los camiones, pero las organizaciones comerciales e industriales han subido los precios en 40%”.

Rodríguez insistió en que, incluso más allá de los camioneros, hay respaldo en el reclamo de justicia que hacen. Aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi, “que nos representa ante la Junta, ha manifestado que está de acuerdo con los camioneros”.

Rodríguez recordó que los camioneros “no son empleados públicos, son dueños de sus instrumentos de trabajo, se consideran contratistas independientes. No son trabajadores de un patrono como para negociar un convenio colectivo. Pero, tanto la Constitución de los Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico concede la libertad de organizarse y asociarse. Y eso hemos hecho. En el contexto de la Constitución, se pueden reunir, por tanto, se asocian y van a una asamblea permanente”.

Rodríguez insistió en que han llevado el mensaje ante la JSF de que debe dejar a un lado la comparación con jurisdicciones de los Estados Unidos porque no es el mismo nivel de desarrollo que hay en Puerto Rico. Agregó que, aunque en la mayoría de los estados no hay una comisión reguladora que establezca tarifas, sí hay muchos grupos de camioneros pidiendo que se establezcan tarifas para que todo el grueso de ganancias no vaya a un grupo de intermediarios en perjuicio de los camioneros.

Por otro lado, el líder de camioneros indicó que “otro ‘issue’ fundamental” es el relacionado con el margen de ganancia para detallistas en el precio de combustible. Comentó que, aunque el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) niega que se esté violando la congelación del margen de ganancia, que impone límites máximos al margen de ganancia al vendedor al por mayor y al detal, “eso no es lo que está pasando en la calle”.

“DACO dice que no la descongeló (el margen de ganancia), pero está pasando. En la calle, el diésel estaba a 64 centavos y subió a 72. La gasolina, ahora mismo pasamos por una gasolinera, y la tienen a 87 centavos, y estaba en 78. Ahora el pobre no puede comprar gasolina”, afirmó. “Al camionero con dos centavos que le aumente (el precio de) el diésel, le cuesta $1,200 y pico al año”.

“Así que nosotros necesitamos que se mantengan las tarifas y el control sobre el margen de ganancias”, insistió. “Con eso podemos mantener la operación y algunos empleados”.

“Pero si eso sigue como va, no van a tener ni empleados ni camiones en este país. Ahora mismo, no hay cómo conseguir choferes. Los dueños de camiones no pueden, se ven impedidos de poder pagar $15 o $17 la hora. Pero si pueden pagar $10, $11 (la hora) con las tarifas que se aprobaron”, comentó.

“Aquí la suerte está echada. Nosotros estamos luchando por los derechos de miles de camioneros. Nos vamos a sostener en (el reclamo de mantener) la tarifa, en que la Junta no tiene jurisdicción sobre los camioneros, y en que para subsistir necesitamos implementar las tarifas aprobadas”, reiteró Rodríguez. “Y la inmensa mayoría de los camioneros está de acuerdo con esto. El miércoles, paramos los servicios y comenzamos a dialogar entre nosotros mismos, y a negociar con el gobierno y con la Junta”.