La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no es la primera entidad gubernamental que entendió que pedir prudencia en el consumo de agua no es suficiente para que la gente finalmente entienda la necesidad de cogerlo suave con el grifo.

California lleva ya cuatro años en sequía y también tiene un sistema de multas para castigar a quienes no sigan las restricciones en el uso de agua. En ese estado, las agencias que manejan las represas pueden otorgar multas de hasta $500 diarios si se violan las prohibiciones que incluyen, entre otras cosas, llenar piscinas y regar la grama. Tampoco se puede usar agua potable en fuentes decorativas ni lavar carros con mangueras que no se puedan controlar con un pistero. En el caso de compañías, la multa por despediciar agua puede llegar a $10,000 diarios.

La crisis californiana es tan severa, que en los restaurantes no se puede servir agua a menos que el cliente la pida. Y si la pide, tiene que ser porque la va a consumir.

En la ciudad de Austin, en Texas, también tienen un código de conservación de agua que impone multas a quien no lo respete. No es un cargo criminal, pero la sanción llega en la factura. La primera violación solamente tiene como consecuencia una advertencia, pero la siguiente tiene un cargo de $75 que va en incremento si se continúa el patrón.

Nuevo México igual tiene un reglamento que condena cualquier uso de agua que no sea considerado beneficioso. La primera vez que se infringe conlleva una multa de $20, la segunda $50 y la tercera $100.  Una octava violación ya serían $1,000.