Un salario base que sea justo y equitativo para todos. Este es el reclamo de casi 1,000 empleados de las 13 regiones del Poder Judicial, quienes se manifiestan esta mañana frente al Tribunal Supremo, en San Juan.

A son de panderos y bocinas y rumbo a La Fortaleza, Sandra Huizar- alguacil del Centro Judicial de San Juan- especificó a Primera Hora que ella y sus colegas están alzando la voz porque consideran injusto que solo los jueces sean considerados para un aumento de su salario base de varios miles de dólares, mientras que los empleados restantes se tengan que conformar con un aumento de solo $200 que se otorgó en junio.

Este disgusto nace tras que el senador Thomas Rivera Schatz radicaría en diciembre de 2022 el Proyecto el Senado 1106, que significaría un aumento significativo para los jueces. Entretanto, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, aún dice estar en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Rama Ejecutiva del gobierno para implementar un nuevo Plan de Retribución y Clasificación, el cual no beneficiaría a empleados que trabajan en la Rama por décadas, según aseguró Huizar.

Los manifestantes exigen que el aumento del salario base a cada empleado sea de $1,000, ya que, según indicaron, para un alguacil es de aproximadamente $1,720 mensuales, lo que equivale a unos $20,640 al año y redunda en $10.58 la hora.

“Yo no me niego y no me molesta que (los sueldos de) los jueces se aumenten, pero que sea equitativo. ¿Por qué tiene que ser $3,000, $4,000 a los jueces y $200 a los empleados? Por eso estamos aquí. Estamos solicitando $1,000 por cada empleado”, reiteró.

Asimismo, Guillermo Avilés, alguacil y uno de los portavoces de los manifestantes, indicó a Noticentro (WAPA TV) que los alguaciles no reciben una reclasificación en alrededor de 10 años y el último incremento salarial fue de $200.

“Estamos haciendo un reclamo de justicia salarial. Llevamos mucho tiempo sin recibir un aumento justo. La jueza presidente desde el 2019 está enviando comunicados indicando que nos van a dar unos aumentos, pero hasta ahora no se han concretado. Solamente en junio (hubo) un aumento de $200 que no equipara lo que nosotros llevamos y la crisis económica. Es muy bajo, realmente”, comentó.

Oronoz Rodríguez adujo ayer, mediante declaraciones escritas, que está “activamente discutiendo con la Junta de Supervisión Fiscal y con el Poder Ejecutivo nuestra propuesta para hacerle justicia salarial a los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial” ante el nuevo para el funcionariado y la viabilización de salarios justos y competitivos para los jueces y juezas, al asegurar que tan reciente como el miércoles se reunió con el ente financiero.

Agregó, además, que solicitó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) el presupuesto necesario “para poder otorgarle una remuneración competitiva a todos y todas en el Poder Judicial”.

“Me complace conocer que el Gobernador, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia hoy expresó, nuevamente, que avala y apoya nuestra petición por lo que confío que tanto el Ejecutivo como el Legislativo apoyarán nuestra solicitud de fondos adicionales para que podamos implementar unas nuevas escalas retributivas y salarios competitivos una vez obtengamos el aval de la Junta de Supervisión Fiscal”, afirmó al adelantar que esta semana entrante continuará las discusiones con la Junta para “adelantar y finalizar la revisión retributiva y viabilizar la asignación presupuestaria necesaria para implementarla”.

“Debe quedar claro que no descansaremos hasta que nuestros reclamos para lograr una compensación justa para todos y todas en el Poder Judicial se atiendan y la Junta de Supervisión Fiscal y la Legislatura asignen los recursos necesarios para viabilizarlo”, sostuvo.

Sin embargo, Huizar señaló que esta es otra de las muchas promesas que ha escuchado durante sus 36 años laborando en la Rama que aún no han dado fruto, por lo que la jueza presidenta puede abrirse “un poquito más al diálogo”.

“Nuestro reclamo es en base a las promesas que nos han hecho de un aumento. El Plan de Retribución y Clasificación le hace justicia a los empleados nuevos, pero a los que llevamos 36 años como yo no vamos a recibir nada en nuestro sueldo. Entendemos que lo mejor es un aumento justo para todos los empleados de $1,000, y el dinero está. El dinero está ahorrado. ¿Qué? ¿Por qué la excusa que es la Junta que tiene el poder para darnos a nosotros ese aumento?”, recalcó la también madre y abuela.

“Entendemos que ella puede abrir un poquito más al diálogo. Nosotros somos agentes de ley y orden. Nosotros no somos terroristas. Nosotros queremos hablar y hablando la gente se entiende. La equidad que ella está buscando nosotros la queremos para todos los empleados también. Yo me quiero ir ya, pero lo importante ahora mismo es pensar en todos los empleados de la Rama, incluyendo a los jueces, tanto alguaciles, secretarios, mantenedores. Todos, porque todos somos la Rama.”, añadió Huizar.

“Ayer ella envió un comunicado diciendo que va a bregar con una reclasificación. Esa reclasificación entendemos que no nos hace justicia a las personas que llevamos mucho tiempo trabajando. No nos oponemos a una reclasificación, pero entendemos que lo que nos merecemos actualmente es un aumento”, coincidió Avilés a las cámaras de Noticentro.