Dos empleados de Hogar CREA declararon hoy, viernes, en corte con la intención de rebatir los testimonios sobre supuestas violaciones de derechos humanos y civiles a participantes de sus programas de rehabilitación que aparecen en el informe “Humillación y abusos en centros de ‘tratamiento’ para uso de drogas en Puerto Rico”, publicado por la organización de base comunitaria Intercambios Puerto Rico.

Los también exparticipantes de los programas de CREA son los primeros en testificar en el caso que ve el juez Ángel R. Pagán Ocasio, en el Centro Tribunal de San Juan, sobre una demanda por libelo, calumnia y difamación que presentó la institución contra Intercambios PR y los investigadores Rafael Torruella y Débora Upegui-Hernández. 

Los codemandados son los autores de la investigación que describe como abusivas y carentes de base científica las prácticas en algunos centros residenciales de tratamiento, entre los que se menciona a la organización demandante, así como a otras entidades cristianas que trabajan con poblaciones de adictos.

Ambos testigos negaron haber experimentado o presenciado algún trato humillante en la llamada terapia de confrontación descrita en el folleto, en la que supuestamente los participantes se dedican a insultar y a referirse de manera negativa hacia otros residentes. Mas reconocieron que no tienen manera de comprobar que las citas contenidas en el documento no sean las que los 10 entrevistados ofrecieron a los académicos como parte de la investigación. 

El primero en subir al estrado fue el oficial de enlace de Hogar Crea en Humacao, Pedro Burgos, quien se encarga de evaluar los casos por drogas bajo consideración del tribunal y orientar a los acusados sobre los servicios de la institución. 

Burgos indicó que vio en internet el documento que es eje de esta controversia el 19 de mayo de 2015, así como el anuncio de una conferencia sobre el tema que se celebraría en el recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. El testigo contó que acudió a la actividad y escuchó a la codemandada Upegui-Hernández explicar que en la terapia de confrontación que se realiza en CREA a los participantes se les tilda de “tecatos y puercos”.

“Yo pasé por el tratamiento y nunca he visto ese trato como lo estaba expresando ella”, señaló. “Me sentí humillado, indignado y decía: ‘¡Wow!, de dónde se sacaron esto. Es mentira’”, agregó a preguntas del abogado de la parte demandante, Yuri J. Valenzuela. 

El contrainterrogatorio estuvo a cargo de los abogados de Intercambios PR, de Torruella y de Upegui-Hernández, Francisco Ortiz Santini, José Juan Nazario y Luis José Torres Asencio.

Ante sus cuestionamientos, el testigo reconoció que solo fue residente de los centros de CREA en Juncos y Naguabo, que no estuvo presente en las entrevistas que se reseñan en el informe y que no tiene manera de demostrarle al tribunal que lo que el documento contiene no sea una transcripción fiel y exacta de las entrevistas conducidas por los investigadores. 

El segundo testigo fue William Concepción Crespo, quien ingresó al programa de rehabilitación en 1976, se “re-educó” y actualmente trabaja con la organización como monitor de Servicios de Tratamiento. 

Concepción Crespo defendió en sala la comunidad terapéutica que se crea en los distintos centros para apoyar la reeducación de los adictos, aunque dijo que no se les requiere preparación académica a las personas que ofrecen tratamiento y que cuentan con apenas dos o tres trabajadores sociales clínicos por distrito. Cada distrito tiene entre ocho y 10 centros de tratamiento, según promedió el funcionario.

El monitor mencionó que tampoco existe supervisión de un especialista en conducta humana en las llamadas terapias de representación y ventas, en las que los participantes van a la calle a vender algunos productos.

El abogado de la Comisión de Derechos Civiles, Jaime Rosa Malavé, cuestionó si a los participantes de esta terapia se les paga Seguro Social o si tienen cobertura del Fondo del Seguro del Estado.

“No es un trabajo. Es una terapia”, respondió Concepción Crespo sobre lo que los investigadores describieron en su informe como “trabajo forozoso” por el que los residentes “no reciben ninguna compensación”.

Otros cinco testigos, incluidos Torruella y Upegui-Hernández, también declararán en el caso, según fueron presentados hoy por las partes.

Figuran, además, como abogados de Torruella y de Upegui-Hernández, Enrique Ramos Santiago, Carlos Meléndez y Mariana Nogales Molinelli.

El juez estableció el viernes, 25 de septiembre como la fecha de continuación de esta vista evidenciaría y expresó que espera concluir el proceso ese día.