Habían pasado dos años y seis meses del desastroso golpe a Puerto Rico de los huracanes Irma y María y apenas transcurrían poco más de 70 días desde los primeros movimientos telúricos que afectaron con gran potencia a la región suroeste de la Isla, cuando una nueva crisis acechó a los puertorriqueños: era inminente la llegada del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19.

Aunque el primer caso sospechoso de una enfermedad desconocida y muy parecida a la neumonía se registró el 17 de noviembre de 2019 en la provincia de Wuhan, en China, no fue hasta el 31 de diciembre de ese mismo año que la municipalidad notifica un cúmulo de casos similares en esa ciudad. Un día después, comenzando el año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un estado de emergencia para abordar el brote.

La primera muerte reportada de la novel enfermedad ocurrió en China para el 9 de enero del 2020. Un par de semanas después -a más de 11,671 kilómetros de distancia- se anunciaba en Estados Unidos el primer caso en el estado de Washington. Para finales de ese mismo mes, la OMS declara el novel coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, al tiempo que en Puerto Rico era muy poco lo que se conocía y discutía públicamente del tema, salvo en la comunidad científica que desde muy temprano en la crisis lanzó sus advertencias a través de diversos medios, incluyendo las redes sociales. Para el 11 de marzo la OMS catalogó el COVID-19 como una pandemia.

Así queda plasmado en este especial, “Pandemia: un año después”, que pone en perspectiva el trabajo de un grupo de expertos puertorriqueños que aunaron esfuerzos para comunicar, explicar y hacerse visibles ante un gobierno que, en muchas instancias, descansó en la respuesta federal cuando tenía en frente a todo un ejército de recursos con sabiduría y disponibilidad para salvar vidas.

En esa batalla contra “el enemigo invisible” fue abriendo sendero un ágil grupo de científicos que ahora asesora a los municipios y al gobierno central para que tomen decisiones relacionadas a la crisis con políticas públicas basadas en la ciencia. Queda camino por recorrer, muchísimo, pero la puerta está abierta.

“Viene un reto pandémico que ninguno de nosotros hemos visto antes. Algo histórico y sin precedentes. Lo que hagamos ahora, incluyendo la agilidad de establecer pruebas accesibles y rápidas para todos van a marcar, en cuestión de semanas quién vive y quién no. Puerto Rico necesita ponerse de pie para enfrentarse a este nuevo reto y eso significa usar todos sus recursos con sabiduría: médicos, científicos, epidemiólogos, etc. Ojalá podamos honrar con nuestras acciones a quienes son más vulnerables al COVID-19: padres y abuelos”, destacó en un hilo en Twitter el 14 de marzo de 2020 el profesor de neurociencia y biología celular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale (Connecticut), Daniel Colón Ramos. El científico es, además fundador de la red Ciencia Puerto Rico y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Dos días después de las expresiones de Colón Ramos, Puerto Rico entraba en cuarentena con un confinamiento total por orden ejecutiva de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien también activó a la Guardia Nacional para dar apoyo al Departamento de Salud. Para esa fecha ya habían confirmados más de 200,000 casos en el mundo. En la Isla, cuya primera toma de muestra se hizo un 9 de marzo, se hablaba entonces de casi una veintena de casos sospechosos, pero solo se tenía la certeza de cinco casos confirmados, entre estos una turista italiana que llegó en un crucero, su esposo, y un paciente puertorriqueño con cáncer que recibía tratamiento en el Hospital Auxilio Mutuo. La estrategia de un “lockdown” fue aplaudida por muchos a nivel local e internacional, pero había otros retos en el panorama y la emergencia apenas comenzaba.

Piedras en el camino

El problema entonces era la burocracia y el hecho de que el Departamento de Salud tenía que recurrir a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, para solicitar pruebas “según hicieran falta”. La estrategia, advertían los científicos, era peligrosa y había que buscar la forma de que los laboratorios locales se sumergieran en el proceso ante el eco retumbante de que había que hacer “pruebas, pruebas y más pruebas”, como dijo en una ocasión Tedros Adhanom, director general de la OMS.

Agraciadamente, laboratorios privados como Toledo y Quest empezaron a procesar análisis localmente, pero los desafíos eran constantes y tras bastidores eran muchos los científicos que se esforzaban para aumentar por otras vías el número de pruebas moleculares en la Isla. En ese instante, también surgieron escándalos tras revelarse irregularidades en el proceso de compra de un millón de pruebas de COVID-19, lo que provocó una investigación por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y, posteriores referidos a agencias fiscalizadoras.

Mientras, la clase médica del País y miles de enfermeras y otros profesionales de la salud alrededor de la Isla se enfrentaban a una enfermedad de la que se sabía muy poco, salvo que era significativamente más agresiva con las personas mayores de 60 años o inmunocomprometidas, y que presentaba una amplia gama de síntomas.

Urgía que, simultáneamente, se comenzara un proceso de vigilancia epidemiológica con investigación de casos y rastreo de contactos, una necesidad para contener el virus que se hizo evidente cuando empezaron a surgir los fallecimientos.

El primer deceso

La primera muerte certificada en la Isla ocurrió el 17 de marzo. Se trató de un hombre, residente en San Juan, que tenía 54 años. Cuatro días después fallecieron la paciente italiana y un hombre de 67 años, de la región de Aguadilla.

Hubo pronósticos, como el revelado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el 25 de marzo de 2020, que estimaban que si no se tomaban acciones precisas e inmediatas en Puerto Rico, en un periodo de 12 a 18 meses se podían registrar hasta 30,000 muertes a causa de la enfermedad. Ese dato llegó a La Fortaleza días antes de la publicación del CPI, según pudo confirmar en entrevista para este informe especial de Primera Hora la exgobernadora Vázquez Garced, quien dijo haberse aterrorizado con los cómputos en los que se tomó como base la letalidad promedio mundial que, en aquel entonces, era de 4.4%.

Esta proyección de fatalidades hacía urgente establecer un plan para desacelerar los contagios a base de educación a la población para que siguieran las medidas de prevención (uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos), la constante realización de pruebas moleculares masivas y, sobre todo, el llamado “contact tracing”.

La clave era el rastreo de casos

Fue entonces que desde Villalba, una joven epidemióloga lanzó un rayo de esperanza al demostrar que un buen sistema de rastreo era posible y sería clave para salvar vidas. Su nombre es Fabiola Cruz, quien en esta serie de reportajes narra cómo surgió el plan en dicho municipio, un proceso que meses después se replicó en toda la Isla gracias a su esfuerzo y al de otros 700 profesionales de la salud que conforman el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos de Puerto Rico (SMICRC).

Ante el alto nivel de propagación del novel coronavirus, cada día fueron registrándose más casos en Puerto Rico. El toque de queda y las restricciones comerciales y sociales mantuvieron en cierta estabilidad a la Isla por unos meses, hasta que se empezaron a viabilizar las aperturas.

Los alcaldes y la Primera Ejecutiva buscaban un balance entre la salud pública y el desplome económico que se percibía, particularmente entre los pequeños y medianos comercios, esto a pesar de las ayudas federales y estatales que se asignaron al País.

Hoy, la exgobernadora y los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, Luis Javier Hernández y Ángel Pérez, respectivamente, observan en retrospectiva lo ocurrido y analizan mediante entrevistas separadas las enseñanzas detrás de esta tragedia salubrista que al cierre de esta edición había provocado la enfermedad a más de 94,336 ciudadanos y la muerte de 2,073 personas.

Y en medio de toda esa profunda zona de incertidumbre -que aun trastoca de manera trascendental la forma en que se desenvuelve el mundo y las sociedades- se desarrollaron otros daños colaterales en el aspecto social y económico del País.

Los niños dejaron de ir a la escuela de un día a otro, los amigos y familias dejaron de confraternizar, muchas labores se realizaron virtualmente -aun sin tener los mecanismos y capacidad de conexión-, el turismo se paralizó y miles de negocios se vieron obligados a cerrar parcial o definidamente a causa de la emergencia. El estimado del gobierno para junio de 2020 era que 80,000 personas se habían quedado sin empleo en Puerto Rico a causa de la pandemia.

Para mediados de agosto de 2020, el Centro Unido de Detallistas a través del que era su presidente, Jorge Argüelles, advertía que 24.9% de las 45,000 pymes (pequeñas y medianas empresas) que había en la Isla antes de la llegada del COVID-19 se estaban viendo obligadas a cerrar si la situación no mejoraba.

De otra parte, al cierre del 2020, el gobierno estimó en $1,000 millones las pérdidas ocasionadas ante la dramática reducción de actividad turística. Así mismo, al menos 385,000 puertorriqueños reclamaron ayudas al desempleo mediante procesos que resultaron ser atropellados para una ciudadanía que comenzó a desesperar y a desconfiar del sistema gubernamental. En términos generales, el cantazo de la pandemia a la economía del País se estimaba a finales del año pasado en $20,000 millones. Y todavía se siguen cogiendo golpes en este sector.

De otra parte, la salud mental de los puertorriqueños fue en detrimento en el 2020. Según datos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), la línea PAS (servicio gubernamental de consejería y apoyo emocional) aumentó el registro de llamadas en un 431% el año pasado, en comparación con el año 2019.

Sobre 903,000 ciudadanos se comunicaron a la línea telefónica. En total, se alcanzaron más de 170,000 intervenciones. De hecho, el estudio CASPER realizado entre Salud y el Puerto Rico Public Health Trust (PRPH) para identificar el impacto de la crisis salubre en la comunidad, determinó en su primera fase que el 65% de la población vio afectada su tranquilidad el pasado año, una tendencia que se manifestó en síntomas de deterioro emocional como: dificultad para dormir, dificultad para concentrarse, pérdida de apetito y comportamiento agitado.

Es importante darles seguimiento a estos trastornos emocionales que se manifiestan a nivel colectivo y en todas las generaciones, coincidieron para este ciclo de reportajes el sociólogo y catedrático universitario César Rey Hernández y la psicóloga social, Mercedes Rodríguez.

Aun cuando el camino ha sido difícil y el pasado año parece haber transcurrido como casi un siglo, nuevas esperanzas surgen con la aprobación de varias vacunas contra el COVID-19.

Hasta ayer, en la Isla se habían recibido 1,120,330 vacunas, de las cuales 999,550 habían sido distribuidas y 687,948 administradas entre primeras y segundas dosis. El enfoque actual del gobierno está centrado en inmunizar a la población de 50 años o más. En cambio, a petición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría extenderse el plan de vacunación a toda la población adulta para 1 de mayo. La inmunidad de rebaño está supuesta a completarse en Puerto Rico para finales del verano.

Pero la bitácora está complicada para el gobierno, que tiene como sombra pesada en su espalda el hecho de que el novel coronavirus continúa en las comunidades y que se han identificado nuevas variantes del virus, algunas de ellas más peligrosas y mucho más contagiosas que el virus que circula actualmente.

Aun así, el gobernador Pedro Pierluisi mira con optimismo al futuro. Desde que asumió el cargo el 2 de enero priorizó el proceso de vacunación y las pruebas masivas de antígenos para identificar los casos de COVID-19 alrededor de Puerto Rico. Ha sido partidario también de regresar a la educación presencial, tanto de escuelas públicas como privadas, de forma gradual. Al mismo tiempo, se han dado instrucciones para que los servidores públicos retornen a sus trabajos de manera presencial. La expectativa del gobierno es que el 75% de los funcionarios públicos hayan retornado a sus oficinas para finales de marzo. Se estima que entre las tres ramas de gobierno y las corporaciones públicas hay 132,003 empleados públicos. Todas estas decisiones, ha insistido, se toman bajo las consideraciones que le presenta una Coalición Científica que, precisamente, dirige el profesor Colón Ramos.

“Tomará todavía un poco más de tiempo para dejar las mascarillas y podernos abrazar como solíamos hacerlo antes, pero que nadie tenga dudas de que volveremos a vivirlo”, fueron parte de unas expresiones realizadas a este diario para el informe especial.

Pero, realmente, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Qué hará el gobierno si una emergencia similar vuelve a suceder? ¿Qué planes se están poniendo en marcha para mitigar la próxima pandemia? ¿Cambió la percepción sobre la importancia que tiene la ciencia sobre el diseño de políticas públicas?

Las respuestas son especulativas, pero invitan a reflexión y a tomar acción antes de que una nueva emergencia sacuda a la población.