El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado sus pretensiones expansionistas con su retórica de convertir Canadá en el estado 51 pero se ha olvidado de Puerto Rico, que está bajo dominio estadounidense desde 1898 y busca definir su futuro estatus político.

La situación colonial de Puerto Rico es uno de los principales debates en la isla, que está dividida entre aquellos que optan por la “estadidad” (anexión a Estados Unidos), los que abogan por la independencia y los que prefieren mantener el estatus actual de Estado Libre Asociado.

Para el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo objetivo es la estadidad, el silencio de Trump sobre Puerto Rico mientras muestra interés por Canadá e incluso por adquirir Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, es un jarro de agua fría.

“Si miramos desde 1898, resulta evidente que en todas las ocasiones en las que cualquiera de las tres ramas de Gobierno de Estados Unidos ha tenido la oportunidad de expresarse oficialmente, han demostrado el interés inequívoco de que Puerto Rico ni se convierta en un estado de la unión ni se convierta en un país soberano”, explicó a EFE Jorge Schmidt, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El politólogo afirmó que a Estados Unidos “nunca le interesó” ni a nivel económico ni geopolítico definir un estatus diferente al de Estado Libre Asociado para la isla y que la intención al dar a los puertorriqueños la ciudadanía en 1917 fue mantenerlos “permanentemente bajo la bandera estadounidense”, pero no como estado de pleno derecho.

Mayor hándicap: dependencia económica

En opinión del analista, el mayor impedimento para que Puerto Rico sea un estado es la gran población bajo un umbral de pobreza que depende de los fondos federales, así como las diferencias etnolingüísticas y culturales que tiene la isla caribeña con el país norteamericano.

“En estos tiempos con Donald Trump esto se ha exacerbado, inclusive están deportando personas que precisamente se parecen al perfil nuestro”, sentenció el politólogo, haciendo referencia a las deportaciones masivas de migrantes latinos.

El Estado Libre Asociado, que para Schmidt es un eufemismo de “colonia”, establecido en 1952, da a Puerto Rico cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de Estados Unidos áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.

Las ventajas para Estados Unidos del estatus actual

La abogada y senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, aseguró a EFE que los estadounidenses “se benefician enormemente de esta condición ambigua en el Estado Libre Asociado”.

“Se le puede dar un tratamiento contributivo distinto a residentes de Estados Unidos y eso aplica para individuos con la Ley 22 y también para corporaciones multinacionales al amparo de los decretos de exención contributiva”, denunció.

Además, la senadora independentista lamentó que la isla caribeña es “un gran consumidor” de bienes provenientes de Estados Unidos que llegan por virtud de la Ley Jones, que regula el tráfico marítimo y es conocida como ley de cabotaje.

Santiago también criticó la aprobación por Washington en 2016 de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que considera “un ejercicio de una dictadura” porque “desapareció la autonomía fiscal de Puerto Rico”.

Dudas sobre el cambio de estatus

La senadora opinó que el interés por Canadá de Trump es “más un acto de fanfarronería que el reflejo de una intención legítima” y que el hecho de que no mencione a Puerto Rico muestra que “la anexión de la isla no responde a ningún interés de ese país”.

“Es un proyecto político que no tiene ninguna posibilidad de futuro”, subrayó, al contrario de lo que opina el PNP y la gobernadora Jenniffer González, quien es además partidaria de Trump y ha intentado restar importancia a esta situación.

En esa línea, José Aponte, senador del PNP, dijo a EFE que “todo hay que trabajarlo día a día” y que las autoridades federales “deben dar respaldo al 58.6% de votos a favor de la admisión de Puerto Rico como estado” del último plebiscito local, no vinculante, de 2024.

Al nulo interés de Trump por convertir a Puerto Rico en estado, se sumó recientemente la incertidumbre por un memorando que circula supuestamente entre las élites políticas de Washington y que propone que Puerto Rico sea independiente en un plazo de dos años.