La situación económica no sólo ha afectado el bolsillo a la hora de pagar la luz, la gasolina, el agua, los comestibles, entre otros, sino que también influye a la hora de decidir divorciarse o no.

Y es que los honorarios de los abogados no son baratos, aunque algunos reconocen que han tenido que ajustarse a las necesidades de sus clientes.

Pero, algunos se arrepienten al conocer cómo les afectará económicamente un divorcio a la hora de dividir la sociedad de bienes gananciales y/o calcular la pensión.

Estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) demuestran que se ha registrado una reducción de divorcios. Con el pasar de los años, los casos han mermado. En el año fiscal 2005-2006, se reportaron 17,334, mientras que para el 2009-2010 se registraron 14,528.

A pesar de la disminución de casos, se ha visto un leve aumento en los divorcios por consentimiento mutuo, de 9,242 a 9,555, la causal más económica a la hora de pagar honorarios.

Las personas también tienen la opción de ahorrarse los honorarios con el Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio (Pro Se), pero esto ha afectado a abogados que se dedican exclusivamente a casos de divorcio.

Santiago Lampón, abogado y autor del libro El divorcio en arroz y habichuelas, reconoció que ha tenido conversaciones con colegas que le han confesado que han tenido que bajar los costos porque “las personas están más pendientes de cuánto cuesta el divorcio comparado a cinco o 10 años atrás”.

“Definitivamente, se está sintiendo la presión económica que está sintiendo el pueblo”, manifestó el abogado con 20 años de experiencia.

En su libro establece que la comunicación entre abogado y cliente es sumamente importante, por ende, tiene que haber confianza entre las partes. Entiende que este factor se está afectando, ya que “para los abogados se ha convertido en una competencia económica porque el que da mejor precio, con ése se van”.

“Cuando el precio se convierte en un criterio principal, puede ser un problema, decidiendo con quién trabajar a base de precio y no de preferencia de cómo se siente”, agregó.

Además, muchos tienen que competir con abogados que anuncian que realizan divorcios por $199.

Destacó que hay casos sencillos, pero hay otros complicados que requieren más tiempo atenderlos. “Si bien es cierto que el Tribunal Supremo promueve que los servicios legales estén accesibles al pueblo, ciertamente, hay una presión económica sobre los clientes y esa presión cae sobre el abogado, que tenemos gastos de oficina, personal, gastos de familia, y la gasolina es igual de cara para nosotros”, señaló Lampón.

Indicó que le consta que hay abogados que han tenido que bajar sus precios, así como otros que han podido mantenerse, pero que algunas personas que van a buscar orientación lo piensan dos veces antes de divorciarse por el costo.

Entre los que han tenido que ajustarse a los clientes y sus necesidades, está Ángel Martínez Morales, quien lleva casos de divorcio, de familia y custodia desde 1991.

Indicó que un divorcio sencillo por la causal de consentimiento mutuo puede comenzar en $400 o $500, dependiendo de su complejidad y la división de bienes. En cuanto a los hijos, “es otro evento” porque se necesita realizar un proceso para determinar la pensión, que incluye vistas con descubrimiento de prueba.

“He tenido divorcios de $400 y he tenido divorcios de $50 mil o más. Los abogados usualmente cobramos entre $125 y $400 la hora. Todo depende de la capacidad económica de la persona. No es tirarse a los leones, pero la realidad es que tienes que mirar todo eso. Llevamos los casos completos. Aunque parezcan casos sencillos, tenemos la responsabilidad de cumplir con ese cliente”, opinó Martínez Morales, quien realiza entre 200 y 400 divorcios al año.

Sí destacó que trata de acoplarse al representado haciendo planes de pago. En los casos de divorcio, cobra la mitad al inicio y el resto al terminar la vista.

¿Ha tenido que bajar precios?

Lo he hecho con mi clientela. Uno también es ser humano. La realidad es que uno en esto se pone blandito de corazón. Mi principio no es divorciar. Si puedo evitar un divorcio, le digo: ‘No me pagues, arréglate con tu pareja’. Le pregunto si está enamorado, que busque una oportunidad. Siempre doy ese consejo. Siempre, siempre, siempre. Eso es parte del procedimiento interno.

Confesó que algunos, aunque pocos, deciden no divorciarse porque “no aguantan el proceso porque puede ser drenante”. A pesar de que muchas veces es por razones emocionales que deciden no continuar con el proceso, a otros les preocupa el separarse de sus hijos, y otros, por lo que les costará a la hora de dividir los bienes si no tienen capitulaciones.

Isabel Rodríguez Bonet, por su parte, lleva 30 años como abogada y aclaró que no ha tenido que bajar sus honorarios, pero sí ha visto a personas arrepentirse al escuchar el costo.

“Ha pasado par de veces que cuando uno les dice lo que tendrán que pagar y dividir, me dicen: ‘Me acaba de convencer de regalarle flores a mi esposa’”, expresó la abogada, quien añadió que han aumentado los casos en los que no contratan abogado y se representan por derecho propio.

Causales

El costo muchas veces depende de la causal de divorcio, si es contencioso o no.

Los menos onerosos son por las causales de consentimiento muto, separación por más de dos años o, el recién aprobado, por ruptura irreparable.

La primera es cuando ambas partes están de acuerdo con terminar el matrimonio y llegan a acuerdos en cuanto a los bienes y los hijos.

La de separación es cuando ya la pareja lleva dos años separada y se quiere divorciar. La separación de los bienes se puede hacer después.

La ruptura irreparable se aprobó por la Ley 192 el 18 de agosto de 2011. Se puede usar cuando una de las partes quiere divorciarse y la otra no. Esta causal fue usada por primera vez por la ex gobernadora Sila M. Calderón cuando se divorció de Adolfo Krans en 2005, pero no fue hasta el año pasado que se aprobó por ley.

Las causales más complejas son: abandono, adulterio, trato cruel, locura incurable, propuesta de marido a prostituir mujer, uso continuo de narcóticos, embriaguez habitual, convicción de delito grave e impotencia absoluta.