“Vengo al Colegio como presidente de la Comisión de Pena de Muerte en 2003 y luego trabajé en la Comisión de Derechos Humanos”, afirmó Román Espada, quien lleva 15 años trabajando en distintas estructuras de la centenaria institución, que en 2008 enfrentó la eliminación de la colegiación compulsoria y en 2017, se le quitaron los fondos de los sellos notariales.

De una matrícula de 12,000 colegiados, la entidad tiene actualmente, poco más de  3,000 afiliados.

“Estoy convencido de que  puedo darle seguimiento a las cosas que se han hecho bien, identificar las que tenemos que cambiar y traigo propuestas de cambio, procurando el balance, para que el Colegio responda a sus tres elementos básicos: ofrecer servicios como gremio profesional, ser promotor del conocimiento y desarrollo del Derecho y ser una voz social en el País”, indicó el letrado, quien es vicepresidente de la agrupación. 

Se disputa la presidencia con su colega Eladio Malavé Núñez en las elecciones  del 13 al 15 de septiembre  en un hotel en Isla Verde, Carolina.  

Román Espada reconoce que el Colegio ha perdido visibilidad, “o se la han quitado”, pero dijo que “ha hecho cosas importantes” relacionadas con derechos civiles y aportaciones en la protección de abogados de oficio.

“Si todas las agrupaciones profesionales en Puerto Rico fueran voluntarias, algunas desaparecerían y el Colegio de Abogados, no”, opinó. 

“Hay que hacer esfuerzos adicionales dirigidos a acentuar el conocimiento público del trabajo que se ha hecho porque no es, que no se haya hecho. Quien diga eso, no conoce lo que está sucediendo en el Colegio”, argumentó.

Otra de sus prioridades  es fortalecer las 51 comisiones de trabajo institucionales, entre ellas,  “ la de Derecho Penal, 

no he visto expresiones importantes y ha habido cosas que decir”, porque  tiene que haber ambas cosas: el trabajo y la divulgación.

Nombró como un logro de la Comisión contra la Pena de Muerte el que se haya elegido a un colegiado como Presidente de la Coalición Mundial de Penal de Muerte.

 “No es la única, la de Derechos Humanos ha hecho un trabajo muy bueno con observadores”, dijo el abogado, quien  laboró como observador en los incidentes del pasado 1 de mayo, y reconoció que el Colegio tiene que mejorar la comunicación pública.

 “La comunicación hacia los medios, radio, televisión y prensa, va a ser atendida de manera distinta, tenemos que fortalecer esa área. La comunicación electrónica también”, indicó Román Espada. 

En el área legislativa indicó que el Colegio  tiene una comisión de legislación, pero no hay presupuesto y depende del voluntariado.

También dijo que hay que redirigir el presupuesto del Colegio, que se nutre de sus cuotas y del alquiler de sus instalaciones.

Además,  destacó que el huracán María golpeó también “la institución”.

Comentó que decenas de abogados perdieron sus oficinas y funcionaban temporeramente desde la sede, que  tuvo que comprar un generador eléctrico para abrir y proveer  acceso cibernético a los colegiados; otros buscando alternativas,  se emplearon en distintos trabajos o, emigraron.

No obstante,   desde antes del golpetazo del ciclón, por la crisis económica muchos abogados habían tenido que cerrar sus oficinas y trabajar desde sus casas; incluso,  grandes bufetes han cerrado.

Añadió que el Colegio proveyó servicios gratuitos a personas que no cualificaron para FEMA porque no tenían títulos de propiedad.

“Hay que fortalecer el trabajo en alianzas y coaliciones con otros sectores y colegios. Eso no es nuevo, pero ese trabajo hay que fortalecerlo y necesitamos proyectar que el Colegio trascienda las cuestiones político partidistas. Solo tenemos una comisión en la que se busca balance ideológico, que es la Comisión de Desarrollo Constitucional. En las demás queremos que participe todo el mundo”, puntualizó.

“Que nuestra expresión pública esté orientada por el tema de los derechos humanos. Ese va a ser nuestro norte”, dijo Román Espada.

Subrayó  que “hay que dar la pelea” para que los abogados de oficio se limiten a un caso por abogado, por año.

“Abogaremos para que el Tribunal Supremo apruebe un  reglamento para que se pague a los abogados porque hay dinero para eso y la obligación viene del Estado”, expresó. 

Para el tema de los abogados jóvenes propone una asamblea y en el área de conocimiento, retomar la Revista Jurídica, que no se publica hace dos bienios por economías.