Economistas acogieron con cautela el paquete de iniciativas económicas que anunció la gobernadora Wanda Vázquez Garced para echar a andar la economía en medio de la crisis del coronavirus.

Destacaron que no quedó claro cómo se compensará la merma en recaudos con la suspensión en el cobro del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en muelles y puntos de reventa, así como las moratorias a otros tributos.

Al anunciar el plan en unión al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión y la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, la gobernadora destacó que las medidas suponen un desembolso de $787 millones.

“Todos nos estamos preguntando de dónde va a salir el dinero, ¿cuánto nos van a costar esas iniciativas y de dónde va a salir el dinero?", reaccionó el economista Antonio Fernós Sagebién.

El catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Interamericana sostuvo que no quedó claro si a los empleados públicos les cargarán los días de la emergencia a sus licencias de vacaciones o enfermedad y, en cuanto a los cheques de $500 que recibirán los trabajadores por cuenta propia, expresó que "no sabemos cuál es la rúbrica que se va a utilizar y tampoco si el incentivo a los policías es un bono o un aumento salarial”.

“Hay muchas cosas que federalmente se están trabajando y otras, como las moratorias en préstamos eso está muy bien, pero eso no le va a costar un centavo al gobierno. Las moratorias de bancos y cooperativas siempre han estado disponibles. Hay que cumplir con la normativa según la política de crédito de cada institución”, indicó Fernós Sagebién.

Dijo también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una moratoria en préstamos estudiantiles y en programas de HUD (Departamento de Vivienda Federal), pero indicó que esa medida todavía se debate en el Congreso. Igualmente estableció que en el plan de ayuda federal hay que ver si a Puerto Rico le va a tocar el cheque de $1,600 por persona. “Según expresiones del Tesoro Federal esa parte se va trabajar por el IRS (Internal Revenue Service), lo que significa que personas que no rinden planillas de contribución sobre ingresos no cualificarían”, añadió.

Para la expresidenta de la Asociación de Economistas, Martha Quiñones, se trata de un paquete agresivo de política fiscal para tratar de frenar el daño a la economía y estimular que la misma se mueva.

“El paquete toca varios segmentos que aseguran que la ciudadanía pueda cumplir con el aislamiento y así controlar la epidemia. Asegura el pago a los empleados públicos y de corporaciones, aunque no aclara si los que están en contrato le es aplicado”, indicó.

Quiñones también dijo que el plan recompensa con bonos al personal que debe atender esta emergencia, como los sector de salud y seguridad, más no así, a los empleados de supermercados. “Le da incentivos a las PYMES, aunque no compensa las pérdidas que tienen por el cierre y la posibilidad de que sus empleados cobren desempleo”, señaló.

Consideró, además, que el comprar equipo de tabletas y proveer adiestramientos educativos inyecta dinero al sector privado que vende y ofrece estos servicios. “Lo importante es que se muevan a proveer. Por ejemplo, lo que hizo la industria de ron de proveer alcohol y desinfectante. Ahora falta que los de costuras hagan mascarillas y otros bienes necesarios”, afirmó la economista.

A los municipios, dijo que el plan les provee una pequeña ayuda para asumir pérdidas y contribuir, y subrayó que éstos están gravemente afectados desde el huracán y el dinero que no ha llegado. Esto sin contar, que los municipios del suroeste tienen sus economías prácticamente paralizadas desde el terremoto del 7 de enero.

Quiñones opinó también, que el pedido a los bancos de una moratoria de 90 días “tranquiliza” a las personas y empresas y que tampoco se cobre IVU, al igual, que se extienda la radicación de las planillas. “La ayuda al cuentapropista es importante y le asegura algo de liquidez económica que es el propósito de estas medidas. El ampliar los beneficios de desempleo es otra ayuda y la inyección a salud. Todo esto ayuda a que en la semana próxima se logra el objetivo, la economía pueda funcionar, aunque estropeada, pero, con liquidez. Falta que tengamos los kits diversos de pruebas para ir identificando a los contagiados y poder actuar efectivamente”, subrayó la profesora e investigadora de la Universidad de Puerto Rico.

“Todos se pueden contagiar, pero no todos sufrirán la enfermedad de gravedad", agregó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Farmacias, Linda Ayala Pousson dijo que el plan dejó fuera a los farmacéuticos y técnicos de farmacias que también están en la primera línea de ataque al coronavirus.

“Nuestros farmacéuticos también son profesionales de la salud y son de los más expuestos que están porque están en sus farmacias recibiendo a las personas para despacharle las terapias y que no se siga propagando el virus. Ellos siguen atendiendo con todas precauciones que hemos difundido, pero no son considerados dentro del plan de la gobernadora o por lo menos en lo que ella ha expresado hasta el momento para darles algún incentivo a este grupo de profesionales de la salud que están atendiendo la emergencia por la que estamos pasando”, expresó Ayala.

“Exhortamos a la gobernadora a que recapacite y en su plan final este grupo que atiende a los pacientes y trata de mantener a los ciudadanos en su casa llevándole sus medicamentos hasta sus casas sean considerados para estos bonos e incentivos”, agregó Ayala, quien dijo que en Puerto Rico operan unas 800 farmacias de comunidad.