Un panel de economistas apoyó en audiencia senatorial la transformación del sistema tributario de Puerto Rico hacia uno orientado hacia impuestos al consumo y en menor medida al ingreso y la productividad, así como la implantación de un Impuesto sobre Valor Agregado (IVA), al que describieron como el sistema más fácil de fiscalizar.

El panel que compareció hoy ante la Comisión de Hacienda del Senado lo integraron la presidenta de la Asociación de Economistas, Rosario Rivera Negrón, en representación de esa organización, y los economistas Antonio Rosado, Vicente Feliciano y Juan Lara.

Los profesionales coincidieron en la necesidad de limitar las exenciones al IVA, en la importancia de definir los grupos que recibirán pagos para aliviarles el impacto del alza en el impuesto y afirmaron que es preferible cobrar el mismo y luego dar un reembolso a quienes lo necesiten, que el eximir algún bien o servicio.

“Nuestra organización apoya la propuesta de que se eximan 835,000 contribuyentes del impuesto sobre ingresos a individuos… Sin duda esta es una medida que pareciera comenzar a hacer justicia a la clase media y asalariada del País, que es la que lleva el mayor peso de la carga contributiva”, afirmó la portavoz de la Asociación de Economistas.

Rivera Negrón expresó preocupación con algunas de las exenciones eliminadas, entre las que mencionó la de intereses hipotecarios por el impacto que la misma puede tener sobre el mercado inmobiliario.

“En el caso particular del IVA, apoyamos que se establezca y se sustituya por el IVU como ya lo habíamos consignado en nuestra ponencia ante la Comisión Especial (de la Cámara de Representantes)”, agregó.

“El IVA, bajo la modalidad de facturación-crédito, permite que el mismo se autofiscalice. Además, siendo un impuesto de base amplia, el Gobierno podría lograr los objetivos de recaudos que requiere para financiar sus operaciones”, sostuvo.

Recalcó Rivera Negrón durante sus distintas intervenciones, la importancia de que se defina de forma clara y precisa en la legislación el mecanismo que se utilizará para compensar a los sectores de bajos ingresos, así como que establezca claramente a quiénes se les otorgarán dichos pagos.

Favoreció que se mantenga el crédito al trabajo como parte de la transformación del sistema contributivo y como mecanismo de compensación de la regresividad que podría servir además de incentivos a los individuos a participar en el mercado laboral.

Otra área de preocupación planteado por la Asociación de Economistas y en la que hubo igualmente consenso, es el proceso de la transición de un sistema al otro, y el riesgo que surja algún nivel de inestabilidad en los recaudos del Fondo General durante el mismo.

“Es necesario, que ante el problema de liquidez que tiene el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Hacienda contemple identificar fondos que pudieran ser requeridos para mitigar el efecto de cualquier desfase en proceso de implantación del IVA”, sostuvo Rivera Rosado.

El economista Antonio Rosado recalcó, por su parte, el impacto que tendrá la reducción en las tasas contributivas para individuos y corporaciones en el aumento de la demanda agregada para la población y el impacto positivo que se prevé por ello para la economía.

Coincidió con la necesidad de limitar las exenciones al mínimo, a la par que recomendó una reducción de un 10% en el gasto gubernamental para que, combinado con los ingresos adicionales que genere el IVA, se logre por primera vez un superávit en el presupuesto que permita al Gobierno mejorar su crédito e incentivar aún más la economía.

“El Gobierno ha sido muy parco en la reducción del gasto”, dijo Rosado al señalar que entre el 2012 y el 2015 la baja en el presupuesto consolidado fue de apenas 2.8%, mientras que el presupuesto con cargo al Fondo General aumentó en 3.3%.

“La incapacidad del Gobierno para reducir sus gastos y mantener un presupuesto balanceado ha movido a las casas acreditadoras a reducir el crédito de Puerto Rico a nivel chatarra”, afirmó.

Según Rosado esta podría ser “la primera oportunidad en 60 años de reestructurar la economía de Puerto Rico” y exhortó a los legisladores a aprovecharla.

Para el economista Vicente Feliciano la propuesta de transformación del sistema contributivo que se evalúa “va en la dirección correcta” y recordó que cuando se debatió originalmente la implantación de un impuesto al consumo en Puerto Rico, la mayoría de los economistas favoreció un IVA en vez del IVU que finalmente se aprobó.

 Afirmó que el problema con la recaudación del IVU no es un asunto de fiscalización por parte de Hacienda.

“El problema no son los marineros, es el barco. No es cuestión de remar más fuerte, es colocarle una vela”, afirmó.

Insistió en que el sistema propuesto es el mejor y señaló que “si vamos a mejorar, lo tenemos que hacer”.

Recalcó, al igual que la presidenta de los economistas, que es importante que Puerto Rico se asegure que tiene un “margen de contingencia” durante el proceso de transición hacia el IVA.

Entre los panelistas fue el que más insistió en que son preferibles los mecanismos de reembolso que la extensión a nuevas exenciones.

Planteó incluso que las exenciones a quienes más favorecen es a los de mayores ingresos, pues los más necesitados no pagarían de todas formas el impuesto sobre los alimentos y sobre medicinas y servicios médicos pues tienen el Programa de Asistencia Económica (PAN) y la reforma de Salud. Lo mismo, dijo, ocurre con las deducciones por intereses hipotecarios, que a quiénes más benefician es a los que más tienen.

El economista Juan Lara, que cerró las exposiciones, coincidió con sus colegas.

“Desde la óptica de la evaluación de costo y beneficio, pasar al gravamen del consumo es la mejor manera de combatir la evasión, poner a tributar a la economía informal, aumentar la boyancia del sistema (capacidad para incrementar los recaudos en forma paralela al crecimiento de la economía) y simplificar tanto el cumplimiento por parte de los contribuyentes como la fiscalización por parte de Hacienda”, declaró.

“Esta es la mejor manera de ampliar y estabilizar la base contributiva, lo cual es indispensable para resolver los problemas fiscales del Estado y restaurar nuestra credibilidad en los mercados financieros”, puntualizó.

Sobre las exenciones abundó que “en el proyecto ante la consideración de esta honorable Legislatura se propone una tasa única (para el IVA) y se limita a un mínimo las exenciones. Entendemos que es importante que se preserve este aspecto de la medida”.