El propietario de la compañía Apex General Contractors, Robert Rodríguez López culpó hoy al abogado Juan Maldonado de las irregularidades en la transacción del abortado contrato de $38 millones para la compra de pruebas rápidas del COVID-19.

Rodríguez López, quien dijo que coopera con las autoridades federales y estatales en la controversia, reclamó en un testimonio a puertas cerradas ante la Comisión de Salud de la Cámara, que la firma le fue falsificada en la resolución corporativa que autorizaba a la empresa a finiquitar el millonario contrato.

Según trascendió Rodríguez López declaró que la firma que aparece en el documento no es la suya. El empresario indicó que Maldonado le pidió una foto con su firma y que nunca le dijo que era para una compra de pruebas del coronavirus.

Rodríguez López, quien prestó testimonio por más de cuatro horas en una vista ejecutiva dijo que Maldonado no era su abogado ni su socio. Alegó que se enteró del millonario contrato, después de firmado el 26 de marzo en horas de la noche.

Pero, el empresario admitió a preguntas de los legisladores que el mismo 26 de marzo, celebró la transacción en un intercambio de mensajes con Maldonado.

“Luego de haber visto que se filtró todo lo que pasó en la vista puedo reaccionar diciendo que en este proceso he pasado de la molestia al enojo, a la indignación y ahora, estoy en la etapa de que esto es algo asqueante. Es repugnante lo que ha pasado con esta compra millonaria en un momento de tanto sufrimiento y de preocupación para el pueblo”, dijo el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

“Me refirmo en mi conclusión de mi primer informe de este es un caso de clientelismo político y de corrupción pública”, sostuvo el legislador.

La semana pasada en su testimonio a la comisión legislativa, Maldonado admitió que notarizó una resolución corporativa de Apex, que le envió por email a Rodríguez López como presidente de la empresa, a pesar de que tenía que hacerlo en presencia de éste. En el documento corporativo, Rodríguez López autorizó a Aron Vick, a quien Maldonado identificó como un amigo, a firmar el millonario contrato, lo que el propio Vick ha dicho que desconocía.

Pero, Rodríguez López reconoció que Vick no estaba a autorizado a hacer negocios a nombre de APEX y también dijo hoy que no sabía cuánto la empresa que dirige se hubiera ganado si la transacción no hubiera sido cancelada. Según Maldonado, el negocio hubiera representado unos $10 millones para Apex. Después que el gobierno desembolsó el primer pago de $19 millones a Apex canceló la transacción porque las pruebas no llegaron a tiempo y porque no cumplían con los parámetros federales.

Rodríguez López fue citado a declarar en las vistas públicas que se trasmiten por un canal de cable de televisión y por internet, pero reclamó protección para él y su familia, pues dijo que desde el 14 abril coopera con las autoridades estatales y federales.

Su abogado, Juan Ramón Acevedo había pedido mediante carta a la comisión el pasado jueves que la vista fuera privada.

“Como le notifiqué anteriormente, el señor Rodríguez López ha estado cooperando desde el 14 de abril de 2020 con las autoridades federales y estatales en el asunto que investiga la comisión. En vista de esto y para proteger vida y la seguridad del señor Rodríguez López y su familia, solicitamos que dicha audiencia sea una ejecutiva, en privado”, indicó Acevedo en la misiva.

Primera Hora supo que en la reunión ejecutiva varios legisladores preguntaron al empresario si había sido amenazado y que este respondió en la afirmativa, pero no de forma directa. Rodríguez López indicó a los representantes que ha recibido ataques a través de las redes sociales.

Ricky Castro proveyó pruebas sin orden de compra

Antes de Rodríguez López, otro suplidor de pruebas del Departamento de Salud, Ricky Castro, de Castro Business, quien logró “un acuerdo verbal” para suplir 50 mil pruebas serológicas a Salud, prestó testimonio público, pero no fue claro en muchas de sus respuestas a la comisión legislativa.

Castro dijo que no podía precisar si firmó o no un contrato, ni tampoco quien en la agencia le dio el visto bueno para la compra.

Incluso, dijo que las pruebas, tenían al aval de la Administración Federal de Drogas, pero reconoció que las mismas, que gestionó a través de una compañía en California, fueron detenidas temporeramente por el ente federal, aunque después las liberó.

Castro declaró que el 24 de marzo, le adjudicaron la compra y que la noche antes, recibió una llamada en conferencia en la que estaban el encargado del task force médico, Segundo Rodríguez, la entonces secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo y “otras personas” que no podía precisar. Dijo que la llamada era para preguntarle si las pruebas podían estar en Puerto Rico antes del primero de abril, fecha que había prometido inicialmente.

"Entiendo que fue la doctora, la secretaria de Salud en ese momento, pero no puedo precisar”, declaró sobre la persona con la que supuestamente hizo el acuerdo verbal. Añadió que no podía precisar si en la llamada en conferencia estaba la gobernadora Wanda Vázquez.

“Usted conversó en algún momento con la gobernadora sobre estas pruebas”, le preguntó el representante Morales.

“No recuerdo”, respondió Castro.

Dijo que fueron dos llamadas, la primera el 23 de marzo y la segunda el 27 de marzo. “Presumo que fue una fémina la que llamó, pero no puedo decir a ciencia cierta”, declaró Castro, quien pagó por las pruebas sin todavía tener una orden de compra. “Es un riesgo (el acuerdo verbal) que me he corrido muchas veces, si no me adjudicaban la compra, la vendía en otro mercado”, alegó el empresario.

Detalló que pagó $11.25 por cada prueba y que se las vendió a Salud por $13.00 cada una, con una ganancia de $1.90. Agregó que la primera entrega la hizo en el Negociado de Manejo de Emergencias, el 27 de marzo.

El contratista declaró que llegó a entregar unas 8,900 pruebas al Departamento de Salud y que el remanente de las 50 mil las vendió a otras jurisdicciones porque alegó que después de la controversia con los contratos no ha logrado comunicación con la agencia. Sostuvo que tampoco ha recibido paga por las pruebas que compró de su pecunio y dijo que cuando culmine la emergencia sanitaria reclamará el pago a la agencia.

Castro dijo que es dueño de unas nueve compañías y que la principal es Castro Business. “Mi principal negocio es de comestibles, mis ingresos provienen de ventas fuera del gobierno”, reclamó.

Indicó que después del 25 de abril, ofreció a Salud 500 mil pruebas adicionales y que envió una propuesta con la información, “pero nunca se me autorizó”.

Ricardo Vázquez podría ser citado so pena de desacato

El tercer suplidor citado para hoy, Ricardo Vázquez, socio fundador de 313 LLC, quien también alega que está cooperando con investigaciones federales, no compareció al salón de audiencias Severo Colberg Ramírez, en el Capitolio.

La empresa de Vázquez vendió a Salud 101,500 pruebas por $3.6 millones, que fueron pagados en su totalidad por adelantado. El Departamento de Salud reclamó un ajuste en el precio en la última entrega de 51,000 pruebas y la controversia está pendiente en el tribunal.

El representante Morales dijo que el bufete Negrón Matta también solicitó a su oficina legislativa que Vázquez compareciera a una vista ejecutiva, pero el presidente de la comisión legislativa indicó que debieron comparecer a la vista de hoy para hacer el planteamiento al pleno de la comisión.

Morales añadió que evaluarán citarlo para una próxima fecha so pena de desacato.