El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó una querella contra el alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, en su carácter privado, por construir una marina, sin los permisos correspondientes, en la zona marítimo terrestre del barrio Playa de ese municipio sureño. 

Questell es presidente de la corporación Aquamak, que es dueña de un predio de terreno en el citado sector, donde se levantó la construcción ilegal. El otro querellado es Edgardo Martínez Rodríguez, quien fue identificado por el DRNA como un empleado privado de Questell Alvarado.

La querella 16-097-ZMT, fechada el 31 de marzo de 2016, establece que los querellados “de por sí o través de sus empleados, agentes o representantes construyeron, reconstruyeron y/o repararon plataforma, gazebo, muelles, rampa y verja dentro de los bienes del dominio público marítimo terrestre –zona marítimo terrestre, aguas territoriales y terrenos sumergidos bajo estas- sitos en el Barrio Playa”.

La construcción ubica entre la calle Villa del Mar y la carretera 538 en Santa Isabel, precisa el documento firmado por la directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, Mildred Sotomayor Bourbón.

“Toda construcción y actividad realizada en el lugar antes descrito se han realizado sin contar con la autorización, permiso o concesión correspondiente emitida por la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de otras agencias estatales y federales”, indicó la licenciada Sotomayor.

“Para realizar las obras antes descritas se cortó y removió mangle y se depositó relleno, afectando y modificando el hábitat natural existente”, agregó.

El remedio solicitado por las siete violaciones descritas (plataforma, gazebo, muelle, rampa, verja, corte y remoción de manglar, y depósito de relleno), es una multa de $5 mil por cada ocurrencia, para un total de $35 mil. Además, Questell y su empleado deberán remover inmediatamente “todos aquellos aprovechamientos no conforme a la ley y reglamento” y restaurar el área a su estado natural conforme a las recomendaciones del personal técnico del departamento.

Se señaló una conferencia entre las partes para el 29 de abril y la vista a fondo será el 16 de mayo en la Oficina de los Oficiales Examinadores del DRNA.  La oficial examinadora asignada es la abogada María Ortega Ramírez.

La licenciada Sotomayor detalló que Questell y Martínez incurrieron en violaciones al Artículo 5(h) de la Ley 23 de 1972 y al Reglamento 4860 del 29 de diciembre de 1992, en disposiciones relacionadas al otorgamiento de concesiones para usos dentro de la ZMT; y al Artículo 6(t) de la Ley 241 de 1999, que consiste en realizar modificaciones al hábitat natural sin un plan de mitigación aprobado por el DRNA.

También violaron el Artículo 2.03 del Reglamento 6765 para regir la conservación y el manejo de la vida silvestre, las especies exóticas y la caza, por no tener permisos ni realizar la mitigación de rigor.

Esta querella no es la primera contra Questell por construcciones en esta zona. De hecho, en el 2012 se emitió una resolución en la que, según la agencia, él se comprometió a solicitar una concesión para efectuar usos privados en el área, pero no lo hizo. En cambio, continuó las construcciones sin autorización.

Questell y Martínez  fueron intervenidos el 10 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016, pero hicieron “caso omiso a órdenes de cese y desista emitidas por los vigilantes (del DRNA)”.

Copia de la querella fue enviada al presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Weldin Ortiz Franco; al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, Alberto Lastra; y al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza.