Dramático aumento de deambulantes en Puerto Rico
La cifra aumentó en los pasados dos años.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 8 años.
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San Juan- El número de personas que viven en las calles de Puerto Rico ha aumentado un 35 % en dos años y más de la mitad de ellos siguen siendo deambulantes con algún tipo de adicción a las drogas, según denunció hoy el político Miguel Hernández Vivoni.
Asi lo aseguró este aspirante a ocupar la Alcaldía de San Juan por el opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) en un comunicado en el que se remite a datos de 2013.
Según explicó, cada dos años y por reglamentación federal, se debe efectuar un recuento de personas sin hogar en aquellas jurisdicciones que reciben fondos del Departamento federal de Vivienda.
De acuerdo con esos datos, en 2013 había en Puerto Rico 1.119 personas sin hogar que vivían en las calles, lo que supone 287 más que en 2011. El 83 % del total eran hombres y el 17 % mujeres.
El 53 % de todas esas personas se encontraban en el Municipio de San Juan, mientras que el 13 % deambulaban por las calles de Arecibo, también en la costa norte de Puerto Rico, y el 9 % en Vega Baja, en el área metropolitana de la capital puertorriqueña.
"En mi quehacer diario, visitando y atendiendo a los residentes de San Juan, he compartido con decenas de personas que se encuentran sin hogar, deambulando y pidiendo a gritos ayuda", dijo Hernández Vivoni, quien criticó la gestión que al respecto está haciendo la actual alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.
Añadió que "en San Juan, al igual que el resto de Puerto Rico, sobre el 52 % de las personas que están sin hogar tienen problemas crónicos de adicción".
De acuerdo siempre con los datos suministrados por Hernández Vivoni, el 42 % de las personas sin hogar contabilizadas en toda la isla argumentaba que la razón que les había llevado a vivir en las calles estaba relacionado con el abuso de sustancias controladas, en su mayoría drogas.
Un 29 % alegaba problemas familiares y otro 28 % aseguraba que la pérdida de su empleo estaba en el origen de su indigencia.
En cuanto al perfil académico de los deambulantes, el 23 % había completado sus estudios hasta el nivel de escuela superior y un 14 % tenía estudios superiores al cuarto año.
Sin embargo, el 63 % del total no había asistido nunca a la escuela o no había logrado completar los estudios de escuela superior.
Según sus datos, en 2015 el Municipio de San Juan recibió cerca de 1.72 millones de dólares en fondos federales a través del programa "Continuum of Care" del Departamento de Vivienda de EE.UU.
Estos fondos ayudan a financiar programas como el Centro de Acogida Casa Nuestra Gente, la Vivienda Transitoria para Madres con niños y el conocido como "Shelter + Care y el Safe Heaven".
"Estos programas aunque buenos, realmente no tienen la capacidad para atender la enorme cantidad de personas que se encuentran deambulando las calles de San Juan", defendió el candidato.
En su mayoría, argumentó, estos programas son transitorios y dependen de la disponibilidad de fondos y de espacio.
"Esto hace que siempre exista un embudo al momento de mover las personas de vivienda transitoria a vivienda permanente", defendió el candidato a ocupar la Alcaldía de la capital de una isla que lleva una década sumida en una crisis económica y donde el Gobierno central asegura estar quedándose sin fondos para poder seguir prestando los servicios públicos esenciales.
Según datos manejados en el Senado de Puerto Rico, una media de once puertorriqueños pierden cada día su vivienda por no pagar la hipoteca, un problema que va en aumento en la isla caribeña.
Así, se calcula que en los últimos cinco años más de 25,000 familias han perdido sus hogares en esta isla de 3.5 millones de habitantes (4,000 sólo en 2015) y que aún hay 20,000 familias que acumulan retrasos de tres meses en el pago de sus hipotecas, por lo que están en peligro de que sus viviendas pasen a manos de los bancos.
A comienzos del mes pasado, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, convirtió en ley un proyecto del Senado que autorizaba a disponer de terrenos vacantes en los residenciales públicos y administrados por el Departamento local de la Vivienda para su entrega a personas de bajos recursos.