Río Grande. Este es el cuento de nunca acabar.

Los vecinos de la urbanización Mansiones de Hacienda Jiménez aún enfrentan el problema de desbordamiento de aguas residuales en su comunidad que los afecta hace más de ocho años y que atenta con convertirse en una catástrofe ambiental en la región.

Ahora, el municipio de Río Grande se une a la lista de agencias gubernamentales que han hecho caso omiso a los reclamos de los vecinos que ya no soportan la pestilencia.

“Estamos básicamente parados en la nada”, indicó Víctor Figueroa, portavoz de los vecinos.

“Fuimos a reunirnos con el alcalde de Río Grande porque lo que queremos es que se metan allí, ya que las regulaciones de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) obligan a que cada municipio limpie y proteja sus cuerpos de agua, pero no nos atendió y, desde el 6 de marzo, estamos esperando que nos dé una fecha para reunirnos”, denunció.

Los vecinos sometieron una demanda en el 2006, ante el Tribunal de Fajardo, contra el desarrollador del proyecto, Braulio Agosto y el Scotia Bank, entidad bancaria que financió el proyecto, luego de que el primero fuera convicto de descargar aguas sanitarias al río Espíritu Santo.

“Cuando Braulio Agosto construía la urbanización, la EPA no le aprobó los pozos sépticos a las casas porque no pasaron las pruebas de percolación, pero él no hizo caso y los construyó como quiera”, añadió el portavoz.

Las 55 familias que aún viven en la comunidad sostienen que las agencias federales y estatales mantienen un patrón de oídos sordos ante una amenaza que podría afectar a miles de residentes de la zona que se suplen de agua potable de la planta de filtración de El Yunque.

Esta planta se abastece de agua proveniente del río Espíritu Santo y uno de sus tributarios en la zona es el cuerpo de agua que recibe a diario las descargas de aguas residuales.

El portavoz indicó, además, que los residentes están desesperados y reclaman justicia al sentirse que han sido desamparados por el Estado y por grupos ambientalistas.

“El poder que la banca tiene sobre el Gobierno es más grande que el que tiene el pueblo. Mira que hemos tocado puertas y llamado gente y nadie nos hace caso. Aquí no ha venido ni uno de los grupos ambientalistas.”, lamentó Figueroa, quien lideró un piquete frente al Tribunal de Fajardo el pasado 5 de marzo, para exigirle a ese foro que atienda la demanda radicada por la comunidad.

Un caso complejo

La licenciada Grace Monge La Fosse, abogada que representa a la comunidad, confirmó la dilación que ha plagado el proceso de la demanda civil desde su inició en 2006.

“Es un caso complejo. Hay una polémica entre quién tiene jurisdicción, si la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la EPA o el Departamento de Salud (DS). Cuando Braulio Agosto comienza la construcción del proyecto hace caso omiso a las directrices de construir un pozo séptico comunal que estaría regulado por la JCA, pero al violar la ley y hacer uno en cada casa ya no es jurisdicción de ellos”, explicó la abogada.

“La EPA, por otro lado, dice que es jurisdicción estatal y el DS dice que no tiene potestad para intervenir la situación por ser pozos ilegales desde su creación”, añadió.

Monge La Fosse dijo que el reglamento del DS dispone que si existe un peligro ambiental esa agencia tiene la potestad de ordenar una demolición del proyecto. Sin embargo, una orden como esa dejaría a los residentes desprovistos de un hogar.

La demanda la está viendo ahora la jueza Isabel López Rivera, del Tribunal de Fajardo, “pero dejó fuera del pleito a los bancos permanentes y entendemos que estos tienen responsabilidad porque ellos aprobaron el proyecto sin la certificación del DS. Pedimos que el gribunal libere a estas personas de sus hipotecas para que puedan rehacer su vida en otro lado”, agregó Monge La Fosse.

Al cierre de esta edición, los esfuerzos por obtener una reacción del municipio de Río Grande fueron infructuosos.