La posibilidad de que una madre sea separada de sus hijos, como parte de la nueva política migratoria que ha puesto en vigor la administración de Donald Trump, que incluye redadas para capturar y eventualmente deportar a un sinnúmero de personas, ha desatado una ola de ansiedad entre la comunidad de inmigrantes.

Sin embargo, de acuerdo con un experto en temas migratorios, estos operativos en principio se entiende que están dirigidos a ciertos tipos de migrantes, como los que han cometido crímenes, y por tanto el resto no debería sentirse tan alarmados y temerosos, aunque sí es recomendable que, al menos, traten de iniciar o dar continuidad a procesos en busca de legalizar su situación migratoria, y que lo hagan lo más pronto posible.

Según explicó el licenciado Fidel Octavio Osorio Ovalles, quien cuenta con amplia experiencia en temas migratorios y ha asesorado a sobre 1,200 inmigrantes, la orden ejecutiva que estaría detrás de los operativos como el que tuvo lugar el domingo en Barrio Obrero, “le ordena a las autoridades encargadas de inmigración, dígase Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduana), ‘Custom Borders and Protección’ (CBP, en inglés), que sería Aduana, adelantar la política pública del presidente Trump, que es empezar a sacar de los Estados Unidos a las personas que se encuentran ilegalmente, estableciendo unas prioridades. Las prioridades son principalmente personas tengan órdenes de deportación vigentes, personas que tengan antecedentes penales, o personas que lleven menos de dos años de haber entrado a los Estados Unidos”.

Sin embargo, eso no excluye que se pueda dar el triste y lamentable escenario de que se ordene la deportación de una madre inmigrante cuyo hijo haya nacido aquí, y se produzca una separación forzada de esa familia, a menos que decida irse con su hijo a su país de origen y enfrentar la situación que sea que haya allí.

“Esa persona (la madre o padre, o ambos), el hecho de que su hijo sea ciudadano de Estados Unidos (por nacimiento) no le garantiza que se quede aquí. De hecho, la pueden remover, y se tendría que remover junto con su hijo. O sea, se va al país de origen, y se va con hijo, y su hijo se queda con su ciudadanía (estadounidense), a menos que el hijo cumpla 21 años y la pueda pedir”, explicó el abogado.

Sobre las separaciones forzadas

A la pregunta de si podría darse una separación forzada, como ha sucedido ya en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, respondió que “eso puede ocurrir, y va a ocurrir. Lo adelanto, porque eso sí va a ocurrir. Y para eso, en este momento, desafortunadamente, no hay ningún tipo de alternativa”.

Agregó que, también podría ser el caso de que esa separación ocurra porque ese progenitor decida, pensando en lo que considere el mejor futuro para su hijo, dejarlo en territorio de los Estados Unidos, y entonces se podría argumentar que “es un ciudadano americano, que tiene derecho a quedarse aquí, que tiene derecho a estudiar y todas esas cosas”.

En cualquier caso, acotó, todo va a depender del memorando que esté vigente de lo que se llama las prioridades para deportar. En este momento, “si esa mamá no es terrorista, ni tiene antecedentes penales, ni ha cometido delitos en Estados Unidos ni fuera de Estados Unidos, y la persona lleva más de dos años en los Estados Unidos, con el memorando de (Alejandro) Mayorkas (exsecretario del DHS) uno podría ir a la corte de inmigración y decir, deja a esta persona aquí, porque tiene un hijo ciudadano de Estados Unidos”.

Sin embargo, el memorando de Mayorkas y todos los de la pasada administración fueron eliminados por la nueva orden ejecutiva que emitió el presidente Trump el 20 de enero, y ahora hay que esperar por el nuevo memorando que se emita a este respecto.

¿Y qué podría pasar con ese niño o niña si es separado de su madre, ya sea a la fuerza o por su decisión?

“Yo creo que esta administración, esta administración particularmente, le va a decir se tiene que llevar su niño. O sea que no va a haber separación, se lo van a llevar. Porque Estados Unidos no tiene derecho a retenerlo por ser ciudadano americano, los derechos de los hijos los tienen los padres. Ah, que el padre lo quiere dejar, pues tiene que buscar con quién dejarlo”, explicó.

Agregó que, si un niño se quedara solo tras la deportación de su madre, no necesariamente una agencia de gobierno asumiría su custodia automáticamente, y la situación va a ser diferente en cada estado. “Aquí en Puerto Rico, me imagino que definitivamente el Departamento de la Familia va a tomar su custodia”.

“Para esas personas, está difícil”, admitió el experto, antes de emitir unas recomendaciones que no son exclusivas para esos progenitores, sino que en general aplican a todo aquel inmigrante que pueda verse ante la encrucijada de una posible deportación.

“Mi recomendación es que trate de no cometer ningún delito, que trate de no asistir a lugares frecuentados que puedan ser lugares problemáticos, barras, cafetines, lugares donde venda alcohol, lugares donde uno sepa que se están cometiendo delitos, algunos lugares… o sea, todo el mundo sabe dónde está el punto. Esas serían mis recomendaciones”, afirmó, agregando que pueden también seguir las recomendaciones que ofreció la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) sobre cómo actuar si agentes de ICE llegan a su casa o su lugar de trabajo.

Reacciona Familia

A preguntas de Primera Hora, el Departamento de la Familia (DF) emitió unas expresiones oficiales en las que establece que debe atender a cualquier menor sin importar cual sea su nacionalidad o estatus migratorio, así que, de ocurrir el escenario que un niño sea separado de su madre por hacer cumplir la política migratoria, no quedaría desamparado.

“El Departamento de la Familia tiene la responsabilidad de prestar los servicios a todo menor, familia, adulto mayor o adulto con limitación funcional indistintamente su nacionalidad, o estado migratorio. Cualquier situación que impacte a las poblaciones que servimos y llegue a nuestra atención será manejada con sensibilidad y conforme con lo que dictan las leyes y reglamentos que administra nuestra agencia”, afirmó el DF.

Por otro lado, el abogado sostuvo que, más allá de esas tres categorías a las que en principio estarían dirigidas las redadas, el grupo de inmigrantes que están sin documentación aquí, pero que llevan más de dos años en los Estados Unidos, “no debe preocuparse tanto”, pero “debe tratar de empezar a regularizar su estatus migratorio”.

Recordó que, en el caso de inmigrantes que entraron de forma ilegal, pero tiene algún familiar inmediato que puede “pedirlo”, debe iniciar esa petición cuanto antes.

En tanto, el grupo que inmigrantes que entró de manera ilegal a los Estados Unidos, y están en este momento en un proceso de regularización, sea una petición radicada, un asilo radicado o algún tipo de estatus temporero, como el ‘Temporary Protected Status’ (TPS, en inglés) que tienen algunos inmigrantes como los de El Salvador, en principio tampoco debería preocuparse tanto.

Osorio Ovalles aclaró que todo lo que concierne a esta situación va a quedar más claro una vez se emita el memorando que establece las prioridades de ejecución de la orden ejecutiva. Si bien la orden ya establece como una de las prioridades a deportar aquellos que tienen antecedentes penales, comoquiera el Departamento de Seguridad Nacional tienen que emitir un memorando “más complejo, con lo que sería el proceso, lo que sería específicamente las diferentes ramificaciones de estos inmigrantes, como se hizo en la administración anterior”.

“Una vez eso suceda, pues ya sabemos que ICE va a estar con sus intervenciones. Ya ayer (domingo) lo demostró”.