Para la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste (ACASE), el proyecto 81 que prohíbe el depósito de cenizas de carbón o residuos de combustión en la Isla y que espera por la firma del Gobernador, Ricardo Rosselló resulta ser una nueva obra de lo que hacen llamar el “Cartel del Carbón”.

Este proyecto prohíbe el almacenamiento de cenizas en Puerto Rico por más de 180 días en todas las vías, terrenos, vertederos y cuerpos de agua y, quienes violen las prohibiciones dispuestas incurrirá en delito grave y se le impondrá una multa no menor de $25 mil por cada día que subsista la violación o pena de cárcel por un término de cinco años, según disponga el Tribunal. 

“No estamos complacidos con el proyecto y sus enmiendas. Primero que nada porque se permite el uso de cenizas en proyectos de construcción y no solo eso, ahora servirán como relleno en proyectos agrícolas, por lo que no solo vamos a seguir respirando las cenizas sino que ahora nos las vamos a comer. También le dan 180 días a AES para sacar las cenizas del país cuando el proyecto original establecía que eran 90 días.  Y a esos 180 hay que sumarle  90 días que tiene Calidad Ambiental para establecer el reglamento. Además, el proyecto no exige que sean cubiertas (las cenizas) y le dan esa autorización a la Junta de Calidad Ambiental para que ellos digan cómo van a estar expuestas”, detalló Timmy Boyle. 

A su vez, el portavoz aclaró que están de acuerdo con la enmienda solicitada por el senador independiente, José Vargas Vidot. “La única enmienda decente fue la de Vargas Vidot. El solicitó que las cenizas no pudieran estar más de un año aunque estas estén almacenadas”, indicó Boyle.

Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, Carlos Rodríguez Mateo, expuso que las cenizas se estarán utilizando para construcciones fuera de Puerto Rico, que la JCA debe trabajar reglamentación para que las cenizas no estén expuestas y que los cambios en términos de tiempo eran meritorios por contrato con Applied Energy Service (AES).  

“El Departamento de Desarrollo Económico ha establecido que hay empresas en Florida interesada en utilizar las cenizas para la confección de bloques de concreto. Estos bloques serían utilizados fuera de Puerto Rico.  La enmienda que hicimos es para permitir el uso de otro tipo de cenizas que no son las de AES y que se utilizan actualmente en Puerto Rico para la manufactura de cemento. Así que se deja claro que no se está prohibiendo la manufactura con esas cenizas.  En cuanto al hecho de que las cenizas estén al descubierto, no pueden estar así por contrato y el mismo proyecto establece que habrá una reglamentación que la tiene que hacer la Junta de Calidad Ambiental de cómo se va a disponer de esas cenizas que están en Guayama. En cuanto al cambio del plazo de los 90 días a 180 días, lo sometió el mismo propulsor de la medida, el senador Larry Seilhamer, cuando se percata que el contrato establece que son 180.  Lo que no queremos es que haya un conflicto legal  donde se pueda alegar que se enmendó un contrato ya establecido,”, aclaró el senador.

Asimismo, otra de las especificaciones que se incluyen en el P.S. 81 es que AES continuará sus operaciones en la Isla, ya que es de vital importancia para la operación de la AEE.

“La política pública de esta administración también dejó claro que la planta debe continuar operando en Puerto Rico, ya que el contrato es uno beneficioso. Si cesaran operaciones en la Isla, la AEE no tiene el capital para reemplazar esta planta.  Así que se continuará con el contrato porque de no hacerlo, el kilovatio aumentaría y así también la tarifa de la AEE a sus abonados”, recalcó el presidente de la comisión, quien se siente complacido porque esta es la cuarta Asamblea Legislativa que atiende el dilema de las cenizas en la Isla.

Al cierre de esta edición, aún la medida legislativa estaba esperando por la firma del Gobernador.