El programa de reciclaje no es el problema; es lo que le cuesta a la gente implementarlo.

Al menos eso fue lo que se desprendió de las vistas públicas que celebró esta semana la asamblea municipal de Cabo Rojo, donde residentes de esta ciudad en calidad individual o en representación de sus comunidades expresaron su sentir sobre la llamada Iniciativa Naranja, que impulsa la administración municipal para disponer de desperdicios sólidos y reciclaje.

Las vistas fueron el último capítulo de una saga que inició con la implantación del novel programa bajo la Ordenanza Municipal Número 26 y cuya discusión ha tenido desde protestas en las calles de Cabo Rojo hasta demandas en los tribunales.

Las audiencias iniciaron el martes y se extenderían hasta jueves. En el primer día, varios ciudadanos expresaron su respaldo al programa de reciclaje, pero criticaron lo oneroso que resulta para el ciudadano común.

“Se ha dicho que nosotros nos oponemos al reciclaje. En ningún momento. Entendemos que es uno de los mejores proyectos que se pueda presentar. El problema es el alto costo y el no presentarle al pueblo evidencia de costos de bolsas ni nada que nos convenza a nosotros que esto no solo beneficia a una sola compañía. Aquí no hay beneficio para el pueblo de Cabo Rojo”, expresó José Vargas.

Por su parte, Jaime Creitoff, legislador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), compareció en carácter de ciudadano y presentó una lista de 25 objeciones que recogió de conversaciones con algunos ciudadanos sobre la ordenanza, entre los que destacó que se ha implementado demasiado rápido, que el costo de las bolsas es oneroso y son de mala calidad y la preocupación de que Cabo Rojo se convierta en un basurero clandestino, entre otros.

Mientras, Carlos Contreras, presidente de Consolidated Waste Services Corporation (ConWaste), empresa a cargo de la implementación del programa de manejo y disposición de desperdicios sólidos, también depuso en la audiencia y defendió el programa, al subrayar que el propósito es educar a las personas sobre la importancia de reciclar.

“Estamos llegando al punto de que nos vamos ahogar en la basura si no hacemos algo, si no educamos a la población”, sostuvo Contreras. 

El ejecutivo indicó que la medida intenta solucionar las dificultades económicas que enfrenta el municipio para disponer de los desperdicios sólidos y minimizar el impacto ambiental del alto volumen de basura que se genera año tras año.

“Muchos municipios no pueden costear el recogido de desperdicios y esto representaría un gasto de sobre 30% de su presupuesto y hay unos 40 municipios que su presupuesto depende en más de un 60% del gobierno central. Ese dinero ya no viene a los municipios”, expresó Contreras.

“Esta iniciativa le genera al municipio un ingreso y le libera del presupuesto una gran cantidad de lo que son gastos y así se pueden hacer otras obras y programas para beneficio de la comunidad”, añadió. 

Otros deponentes, como la joven Christine Martín, narró cómo la iniciativa ayudó a su familia a reducir la cantidad de basura que producían y aumentar el reciclaje, mientras que la veterinaria Eloísa Pagán enfatizó en que la Iniciativa Naranja “no es perfecta, tiene muchas esquinas que enderezar y muchos espacios para mejorar, pero es la mejor alternativa que tenemos”, al tiempo que descartó que una solución sería una sola cuota para todos.

“Pagar una cuota fija no haría más que darle una perfecta vía de salida al ciudadano que se niega a reciclar”, destacó.

Por su parte, el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, no descartó que al final de las audiencias se pueda realizar un ajuste en el precio de las bolsas anaranjadas, una de las imposiciones más criticadas de la ordenanza.

Bajo fuego la ordenanza

Tan reciente como el pasado viernes, el Departamento de Justicia demandó al municipio para detener la implementación de dicha ordenanza, pero una jueza del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez dejó sin efecto la paralización de dicho programa, luego que el municipio llegara a un acuerdo con la Oficina de Asuntos monopolísticos para eliminar los requisitos que imponía la sección 7 de dicha orden, que hacía difícil la entrada de compañías competidoras para ofrecer los servicios.

De igual modo, el tribunal ordenó eliminar la imposición de multas. 

Queda todavía por verse en el tribunal la demanda que presentaron varios comerciantes de la zona urbana en contra del municipio y ConWaste. La próxima vista de seguimiento se celebrará el 12 de julio.