Indignada pero en pie de lucha.

Así se encuentra Laylanie Ruiz Olmos, una ciudadana, líder comunitaria y trabajadora cesanteada por Ley 7, quien no pudo esconder su enojo tras enterarse que la presidenta cameral, Jenniffer González, radicó una medida que busca acomodar en puestos permanentes a todo empleado transitorio con más de seis meses en el Gobierno.

Los nueve años que le dedicó al servicio público como bióloga del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Gobierno los echó por la ventana. Ahora, la misma administración que la dejó a ella en la calle, junto con otras miles de personas, pretende crear puestos y otorgar permanencias a los empleados que ellos mismos acomodaron para suplantar a los que despidieron. Esto, sin tomar en cuenta a los que aún se mantienen en compás de espera por una nueva oportunidad de empleo.

Ésta fue la razón que motivó a Ruiz Olmos a reclamarle públicamente a la presidenta de la Cámara de Representantes a que, si hay dinero en el Gobierno y es evidente la necesidad de empleados, les devuelva el trabajo a los cesanteados que ya tenían sus permanencias.

“Habiendo yo sufrido los estragos de la Ley 7 rápidamente reaccioné, recordándome en aquellos fatídicos días donde yo sufrí, porque yo soy madre con un hijo... Lo más doloroso fue ver el caos que se creó entre mis compañeros”, sostuvo Ruiz Olmos, quien aseguró que la radicación del proyecto de la Cámara 3889, denominado Ley de Justicia a los Empleados Transitorios, revivió en ella los sinsabores que dejó el despido masivo de empleados públicos a principios de este cuatrienio.

“Yo entiendo que la estrategia de ellos fue meramente oprimir al pueblo. Esta Ley 7 lo que hizo fue desgarrar, de manera hostil, lo que es la democracia en el país, lo que es la Constitución, lo que es el derecho al hogar. Hizo que los padres y la gente trabajadora temblaran, los oprimieron, los humillaron, y eso es intolerable”, agregó.

Aunque Ruiz Olmos hizo varios intentos para recuperar su trabajo, hasta el sol de hoy sigue desempleada. Aseguró que nunca se comunicaron con ella para brindarle alguna ayuda, y aunque figura en el registro de elegibles, jamás ha recibido una llamada para ofrecerle algún empleo, aunque sea transitorio.

Debido a esto, insistió en que la medida que González firmó en conjunto con el vicepresidente cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, y el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Johnny Méndez, no pasará desapercibida ante los miles de trabajadores desbancados por la administración de turno. “No nos vamos a quedar callados ni quietos”, advirtió, “ahora le toca al pueblo educar a estos violadores de leyes constitucionales”.

Subestiman al pueblo con medida “descarada”

La ex empleada del DRNA catalogó la pieza legislativa radicada por González como una medida absurda, descarada y frívola, “que le ha faltado el respeto a todas las personas que despidieron”.

A su juicio, el título es una burla, tanto para ella como para el resto de los desempleados a quienes nunca se les hizo justicia. Pero confesó que lo más que la enfurece es que subestimen al pueblo, adornando con palabras positivas un proyecto que no se hizo pensando en la ciudadanía, sino en intereses particulares.

“Pero lo lindo de esto es que queda evidenciada su corta sabiduría y su inteligencia, porque una persona inteligente hace una medida como ésta y claramente lo deja pautado en el escrito: ‘Empezaremos a reclutar los cesanteados que tenían una permanencia’... Eso es sabiduría, eso es orgullo, eso es trabajar para el pueblo”, sentenció Ruiz Olmos.

“Jenniffer se cree que el pueblo es tonto… el pueblo no olvida, y no lo vamos a olvidar. Al pueblo no se le subestima”, añadió.

La bióloga desempleada sub-rayó que la justicia llegará cuando el pueblo ejecute en las urnas a los gestores de esta medida, a quienes habrá que darles de comer lo mismo que ellos le han dado al pueblo.