A Elianni Bello Gelabert, la joven madre imputada de negligencia por llevar a su bebé a la casa de la familia paterna, le falló el Estado pues, en medio de un proceso de desahucio, no recibiría los servicios gubernamentales necesarios.

Así lo denunciaron hoy, martes, las abogadas de la mujer, María Soledad Sáez Matos y Rosa Falcón Díaz, de la Sociedad para la Asistencia Legal, en una manifestación convocada por la Colectiva Feminista en Construcción en la que exigieron, frente al Departamento de Justicia, que retiren los cargos en su contra.

“Es un caso en el que se pone de manifiesto el colapso total de todos los sistemas de apoyo que se supone que haya en nuestro país y que no funcionan”, sostuvo Sáez Matos.

Las licenciadas argumentaron que Bello Gelabert se encuentra en un proceso de desahucio luego que la jueza Glorianne M. Lotti Rodríguez emitió una sentencia el pasado 31 de marzo en la que le otorga 20 días a Bello Gelabert para abandonar la residencia y a pagar $590 por conceptos de arrendamiento adeudado.

“Por existir menores en la propiedad, se ordena la notificación de copia de esta sentencia al Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda. Estas agencias brindarán los servicios a la familia afectada y velarán por la seguridad física y emocional de la familia desahuciada”, reza el documento.

Sin embargo, la joven inmigrante nunca habría recibido ayuda por parte del Estado.

Por su parte, Falcón Díaz mencionó que Bello Gelabert tras el nacimiento de su hija, hace tres meses, se refirió ella misma al Departamento de la Familia en busca de ayuda. Asimismo, habría realizado gestiones en el Departamento de la Vivienda, quienes la colocarían “en una lista de espera”.

“En muy poco tiempo esa muchacha trató de buscar ayuda en más de una ocasión y nunca la recibió”, sostuvo.

“No cometió ningún delito”

Desde la 4:00 p.m., una veintena de personas se congregaron frente a la sede de Justicia para reclamar que cesara el proceso judicial contra la joven imputada de 22 años.

El grupo, que era superado en número por agentes de la Policía, coreó entre sus consignas: “Su hija estuvo a salvo, retiren los cargos”, “¿Dónde está el estado de emergencia (por violencia de género)?”, “Criminalización no es la solución” y “Estado ausente, Estado negligente”.

Para las abogadas de Bello Gelabert, la madre no cometió delito la noche entre el jueves y viernes de la semana pasada.

Según las autoridades, la mujer habría abandonado a su hija frente a una residencia en Santurce en un asiento protector para infantes. Luego, le habría comunicado a unos agentes que ella ni el padre podían hacerse cargo de la bebé.

Sin embargo, estas versiones son rebatidas por las abogadas.

“No tenía ninguna intención de abandonar a su hija. A ella la arrestaron allí esa misma noche, al lado de la niña… Yo no puedo comprender por qué Elianni está en la cárcel. No hay ninguna razón. Ella no cometió ningún delito”, dijo Sáez Matos.

La jueza Brenda Sala Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró el pasado sábado causa para arresto en su contra por un cargo de negligencia bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

De ser encontrada culpable, se expone a una pena fija de dos años de cárcel o una multa que no será menor de $5,000 ni mayor a $8,000.

Una orden de alejamiento

Uno de los cuestionamientos constantes durante la manifestación fue la responsabilidad que pudiera tener el padre biológico de la menor en este caso y por qué el Departamento de Justicia no le radicó cargos.

“Me pregunto por qué en este país solo se le exige responsabilidad a la madre sobre el cuido de los hijos y por qué los padres no son responsables”, cuestionó Sáez Matos.

Aunque se desconoce por qué las autoridades no han identificado al padre de la menor en los múltiples comunicados e informes policiacos, extraoficialmente ha sido nombrado como Yon Arias Lugo.

De hecho, las abogadas mencionaron que el padre de la menor sería citado como testigo de la Fiscalía en el caso.

La abogada Mariana Iriarte mencionó que Bello Gelabert tendría una orden de protección a su favor, por un año, y que vence el 26 de abril.

La defensa de la imputada reprocharon que el Ministerio Público utilice el “testimonio de su agresor” en su contra durante el proceso judicial.

“Un problema de clases”

“Que quede claro que el Estado, una vez más, es negligente y que, una vez más, es el que crea y perpetúa las condiciones para que jóvenes madres no puedan asumir esa maternidad de forma digna. Si no hay hogar seguro, vida libre de violencia de género y doméstica, no hay manera de maternar de forma digna”, puntualizó Verónica Del Carmen Figueroa Huertas.

Por otro lado, Sáez Matos destacó todos los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar Bello Gelabert por ser inmigrante, pobre y mujer.

“Es un problema de clase social. Aquí hay un sector que vive intervenido desde que nace. Que sus hijos son carne de cañón para la guerra y son víctimas de intervenciones policiacas y del Departamento de la Familia desde que están en la escuela, pequeños. Tenemos una cultura de criminalizar y castigar. Una visión arcaica. Es horroroso. Pedimos cada vez más castigos y penas más elevadas. Ahora lo que tenemos es un monstruo fuera de control”, reflexionó.

En esa misma vía se expresó Iriarte, quien se describió como una inmigrante que tuvo a su hijo cuando estaba en su primer año universitario.

“Si hay algo que Elianni no hizo fue abandonar a su hija. Es una mujer inmigrante, a tres meses de haber parido, con una orden de desalojo y navegando sola en un sistema sumamente injusto. Lo que hizo fue coger a su hija y hacer lo que cualquier madre protectora haría: llevarla a casa de su familia paterna para que compartieran la responsabilidad que el Estado le impone a su padre biológico”, argumentó.

Para Iriarte, el “ojo patriarcal y machista” del sistema, no permitió que las instituciones utilizaran los mecanismos “no punitivos” que contempla la misma ley con la que acusaron a Bello Gelabert y le ofrecieran servicios de ayuda.

Un vista de reducción de fianza se celebrará mañana, miércoles, a las 11:00 a.m. en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“Estamos pidiendo que se baje a una fianza que se pueda prestar”, explicó Falcón Díaz.

Bello Gelabert está ingresada en el Centro Médico Correccional tras no poder prestar la fianza de $50,000.

“En la decisión la jueza recomendó ayuda psicológica y psiquiátrica. Si necesitaba esa ayuda, según la evaluación de la jueza, por qué está presa. Ahora mismo a ella le están dando un medicamento que el nombre no se lo dijeron”, reprochó la abogada.

La Colectiva sostuvo que ha estado en comunicación con la hermana de Bello Gelabert, quien reside en República Dominicana. La organización apuntó a que la joven “no tiene familia en Puerto Rico”.

Asimismo, la organización tildó de “cómplice” al Departamento de la Familia en la “criminalización” de la joven madre.