Vecinos de diversos residenciales públicos censuraron este lunes la manera en que la Administración de Vivienda Pública (AVP) y el Departamento de la Vivienda (DV) aprobaron las enmiendas del reglamento que dispone sobre los procedimientos de admisión y permanencia en esos proyectos subvencionados por el gobierno.

Los integrantes de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública reclamaron al gobernador Alejandro García Padilla que deje sin efecto de inmediato el nuevo Reglamento sobre las Políticas de Admisión y Ocupación Continuada en los Residenciales Públicos que, según los denunciantes, debe entrar en vigor este martes.

El grupo, encabezado por Mirta Colón Pellecier, del desaparecido proyecto residencial Las Gladiolas, señaló que el DV no tomó en cuenta sus comentarios en torno al borrador del reglamento, previo a someterlo para su aprobación ante el Departamento de Estado el pasado 31 de julio. 

Los miembros de la coalición denunciaron, además, que los residentes en los proyectos de vivienda pública no han recibido la debida orientación respecto a las disposiciones de la nueva normativa. 

“(Reclamamos al gobernador) que deje sin efecto este reglamento que va a ser implementado desde mañana (martes) porque fueron precisamente ellos (los jefes de la AVP y el DV) quienes no han cumplido con esa reglamentación. ¿Cómo pretenden implementar algo que estás consciente que tu personal ni siquiera sabe de qué es lo que se habla ahí? ¿Cómo lo vas a implementar si la gente no fue orientada, si ahí dice que la tienes que orientar con tiempo?”, manifestó Colón Pellecier durante una rueda de prensa en los predios donde hasta el 2011 se levantaba el complejo de Las Gladiolas.

No fue posible obtener de inmediato comentarios del administrador de la AVP, Gabriel López Arrieta, ni del secretario del DV, Alberto Lastra Power, quien también encabeza la Junta de Gobierno de la AVP. Ambos funcionarios se encontraban durante la tarde en una reunión de ese organismo rector.

Colón Pellecier y los demás miembros de la coalición destacaron que la reglamentación federal por la que se rige la administración de los residenciales públicos ordena que se garantice la participación ciudadana en la discusión de los cambios propuestos en la normas. 

Y aunque reconocieron que el 22 de julio participaron en una vista oral en la que expusieron sus recomendaciones sobre las enmiendas que entienden se le debe hacer al reglamento, dijeron que tenían la expectativa de que, antes de la aprobación, se haría una revisión final del documento.

“Entendemos que la vista que se nos citó fue pro forma, o sea, solo para cumplir con el protocolo”, dijo, por su parte, Iris Ríos, del residencial Luis Llorens Torres. 

Colón criticó también que en la página electrónica de la AVP no está disponible el reglamento ratificado, y afirmó que eso limita la capacidad de los vecinos de residenciales públicos de informarse adecuadamente sobre los cambios adoptados. En la página web de la entidad pública, está el borrador de 312 páginas, así como el borrador del contrato de arrendamiento cuyos cambios, según la coalición, cobrarán efecto el 19 de noviembre. 

En tanto, Luz Vázquez, del residencial Torres de Francia, afirmó que el proceso para notificar sobre los cambios en los proyectos de vivienda pública fue atropellado, y supuestamente mediaron actos de coerción y amenazas, pues los empleados de las oficinas administrativas de esos complejos de vivienda dijeron a los vecinos que, si no firmaban un documento en el que hacían constar que fueron orientados sobre las enmiendas, se exponían a que les cancelaran sus contratos de arrendamiento.

“¿Cómo Vivienda Pública puede utilizar estas formas como que los residentes fueron orientados cuando firmaron bajo engaño y bajo amenazas muchos de ellos?”, indicó Vázquez.

“Ni siquiera los empleados tienen conocimiento de lo que contempla esta nueva reglamentación”, subrayó. 

Entre las disposiciones que el grupo censuró figura que se incluya como causal para la cancelación del contrato de arrendamiento el incumplimiento con los planes de pago suscritos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por los servicios básicos prestados, y que se defina como “morosidad habitual” el que no se desembolse el pago de renta, al menos, cuatro veces en dos años. 

Colón dijo, además, que se estableció que, en algunas instancias, se procederá a desalojar a las familias a través del procesamiento criminal, y no el trámite civil del desahucio. 

“Queremos hacer un llamado al gobernador a un cese y desista por parte de los jefes de agencia de continuar atropellando mediante reglamentación creada por ellos, dirigida, no a mejorar la calidad de vida de los residentes, sino a crear el caos en nuestras comunidades. Vivimos en residenciales públicos, no en campos de concentración, que es como pretenden hacernos sentir”, enfatizó Colón.

De igual forma, mencionó que han solicitado reunirse con el primer ejecutivo, y hasta el momento, su reclamo ha sido ignorado. 

Navega la portada