Empleados de la oficina de Guaynabo del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 denunciaron esta tarde un descontrol con el manejo de casos de COVID-19 de parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP), lo que ha abierto la puerta a violaciones internas por los propios directivos.

En cuanto a los contagios de coronavirus, 18 empleados, o el 24% de la plantilla de 76 personas que trabaja en el área de telecomunicaciones, arrojaron resultados positivos al virus en el periodo del 29 de mayo hasta el 21 de junio.

“En un periodo de tiempo tan corto, un contagio de esa forma, pues para todos nosotros es súper preocupante”, expresó una persona que labora en la agencia quien no reveló su nombre para evitar represalias.

Según esta persona, existe una inconsistencia entre las regulaciones que emitió el secretario del DSP, Alexis Torres, y el comisionado del Negociado, Manuel González Azcuy. Esto porque el 26 de diciembre de 2021, emitieron un memorando circular (MC-NSE911-22-0011) estableciendo las medidas preventivas para el manejo de contagios al virus. La misma establecía, entre otros puntos, que todo empleado con síntomas al virus debía de abstenerse de acudir al trabajo, informar a su supervisor inmediato y someterse a una prueba molecular, cuyos resultados debía de notificar a la oficina de recursos humanos y a su supervisor.

De obtener un resultado positivo, no podía presentarse al trabajo por 10 días. Al cabo de esos 10 días, y si tenía un resultado negativo, podía reincorporarse. Estas regulaciones aún siguen vigentes, ya que el memorando no ha sido reemplazado por uno que flexibilice estas exigencias.

Por otro lado, el Departamento de Salud emitió el “Protocolo COVID-19 para el manejo de casos en el ambiente laboral”, actualizado el 9 de junio, que dicta que, si un empleado con sus estatus de vacunación completo “ha concluido el periodo de aislamiento”, “no deberá presentar prueba molecular o de antígenos negativa para retomar labores presenciales”.

“Además, los patronos no deben exigir el resultado de una prueba de detección de COVID19 ni un certificado de un proveedor de atención médica a los empleados enfermos para justificar su enfermedad, ser elegibles para una licencia o regresar al trabajo”, reza el protocolo.

No obstante, los empleados de la oficina señalaron que, pese a estas recomendaciones de parte de Salud, internamente no se ha revocado o reemplazado el memorando circular (MC-NSE911-22-0011), el cual sí exigía presentar este resultado negativo.

“Nosotros lo vemos como que ellos mismos se saltan sus propias reglas y sus propios protocolos”, señaló.

“Ellos se amparan en que el Departamento de Salud dispuso unas cosas, como por ejemplo, después de siete días tú puedes regresar a tu lugar de trabajo sin hacerte una prueba negativa de COVID, pero lo que planteamos como plantilla es que la Ley no los obliga, pero la Ley los faculta a crear protocolos de prevención y de mitigación de riesgo, porque la realidad es que no es hasta el sábado, 18, que ellos deciden desinfectar el centro, aun sabiendo que en semanas anteriores había varios casos positivos”, puntualizó.

Esta nebulosidad ha permitido que, presuntamente, un empleado que estuvo contagiado con COVID-19 por cinco días se reincorporara a sus labores, aun arrojando positivo en una prueba casera, “porque, según la agencia, ya habían pasado los cinco días”.

Otra empleada que está embarazada se contagió en la oficina, infección que también pasó a su esposo y a su hija de 2 años. La mujer ha estado hospitalizada desde el lunes.

“Si tú mismo, como agencia, el día 26 de diciembre del 2021 pasaste este memorando circular y no pasaste otro que derogara este, tú mismo como agencia le estás pasando por encima a los protocolos de seguridad y mitigación del manejo de casos del COVID-19″, denunció al asegurar que la gran mayoría de los empleados, si no todos, están inoculados contra el coronavirus.

“Estamos todos tan desesperados con esta situación. Es bien difícil para nosotros, que entendemos que somos una plantilla importante por ser primera línea de respuesta, que ellos no tomen cartas en el asunto que ellos no tengan un protocolo o que el protocolo que tienen establecido no está bien estructurado y ellos mismos no lo ponen en práctica”, dijo.

Entretanto, González Azcuy reaccionó a las denuncias, asegurando a Primera Hora mediante declaraciones escritas que “en el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, nos aseguramos de que cualquier empleado que haya arrojado positivo al COVID-19 cumpla con las últimas guías del Departamento de Salud. Al momento, se han reportado en las últimas semanas 12 casos positivos y entre hoy y mañana regresan a sus labores cotidianas 4 de ellos”.

En el 2022, se reportaron tres eventos de desinfección de parte de la compañía Clean Air Contractor en la oficina de Guaynabo. Estos se efectuaron el 15 de febrero, 21 de mayo y 18 de junio. El químico que utiliza esta compañía tiene, supuestamente, un efecto residual que permanece en las superficies por hasta 30 días. Por ende, el limpiar la superficie eliminaría este químico, por lo que la persona señaló que las áreas de trabajo suelen estar “llenas de polvo y sucio” por cuanto no se limpia minuciosamente antes de aplicar el desinfectante.

“Cuando tú buscas la definición de efecto residual es que va a durar por ahí un periodo de, pudiera ser, de 30 días. Pudiera ser. No hay una garantía, porque hasta el documento de la certificación de la desinfección lo dice”, comentó.

El presidente de la Unión CWA local 3010 que representa a los empleados del Negociado, Aramis Cruz Domínguez, afirmó a este medio que esta semana “se realizaron los trabajos de desinfección”.

Estas denuncias se vienen arrastrando desde principios de año. Para el 12 de enero, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA, en inglés) certificó haber recibido estos mismos señalamientos y, aunque establecieron que no investigarían el asunto, recomendaron que la agencia sí lo hiciera.

“PROSHA no ha determinado si los riesgos alegados existen en su lugar de trabajo, tampoco pensamos conducir una inspección al momento. No obstante, ante el hecho de que se han presentado alegaciones de violaciones y/o riesgos; solicitamos que investigue inmediatamente las alegadas condiciones y realice las correcciones o modificaciones necesarias”, lee la misiva.

González Azcuy especificó a este diario que “hace unos meses recibimos una carta de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) certificando el cumplimiento con el protocolo. No obstante, OSHA investigó una queja correspondiente al edificio de Hato Rey y aunque no ameritaba investigación corregimos de inmediato el planteamiento de la queja, precisamente para maximizar la seguridad del recurso más importante; nuestros empleados”.

Acorde al sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), “las personas que recibieron su vacuna de refuerzo no necesitan ponerse en cuarentena después de una exposición, pero deben usar una mascarilla durante 10 días después de la exposición. Para todos los expuestos, la mejor práctica también incluiría una prueba de SARS-CoV-2 al día 5 después de la exposición. Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en cuarentena de inmediato hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son atribuibles a COVID-19″.

Más denuncias

La persona que conversó con Primera Hora también señaló que los altos directivos han violado otras regulaciones más allá del manejo del COVID-19, específicamente cuando estudiantes de escuelas públicas visitaron los centros del DSP como parte del programa DSP Experience, que introduce a los jóvenes a distintas ramas de la agencia para que lo consideren como una opción para su futura carrera.

Durante su recorrido, los estudiantes llegaron a escuchar llamadas que recibió el equipo de telecomunicaciones del Negociado de Emergencias, lo cual es una violación a las reglas que rigen la agencia, reveló la persona.

“Cuando a nosotros nos entrenan en la agencia nos dicen que nosotros no podemos escuchar llamadas si no hemos tomado el examen (que autoriza a contestar ese tipo de llamadas). Entonces, nosotros no podemos, pero los muchachos sí pueden”, sostuvo.

Por lo contrario, el portavoz de prensa del Negociado, Exel López, aclaró que los estudiantes no escucharon llamadas, sino solamente partes de grabaciones, los cuales no constituían emergencias violentas, y llevaron sus propios audífonos. Aseguró que ninguna persona ajena al Negociado puede escuchar llamadas, a menos que se emita una orden de un tribunal.

“Un primer grupo de jóvenes nos visitó y completó recientemente el módulo 9-1-1 y tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que realizan nuestros telecomunicadores conectando las emergencias de los ciudadanos. Como siempre, procuramos la confidencialidad de las llamadas que se reciben a través del sistema”, acotó González Azcuy al mencionar que los jóvenes también “conocieron cómo pueden salvar sus vidas o la de sus familiares llamando o enviando un mensaje de texto al 9-1-1″.

De otro lado, la persona denunciante dijo que esta visita de los jóvenes coincidió con el “periodo de tiempo que más altos contagios hubo”.

“Nosotros no sabemos (tan) siquiera si uno de esos muchachitos estuvo expuesto por nosotros o por las situaciones que están ocurriendo dentro de la agencia por falta de diligencia a la hora de manejar esta situación”, recalcó.

Asimismo, la persona acusó también a la unión, ya que adujo que está ausente ante sus reclamos.

“La unión brilla por su ausencia. Ellos dicen que están trabajando, pero están trabajando dentro de la legislatura, porque nosotros no los vemos. El presidente no ha hecho un solo comentario que nosotros sepamos”, indicó la persona. “Yo entiendo que él debe de estar pensando cómo piensa la supervisora general del piso, que la salvación es individual, porque eso fue lo que ella nos dijo. La salvación es individual, ella tiene razón, hay que cuidarse, pero tú como patrono estás llamado a proteger a tú plantilla y más una plantilla tan importante, que es de primera línea de respuesta, porque si tú no tienes el número de la Policía tú marcas el 9-1-1″, añadió.

Por su parte, el presidente del gremio, Cruz Domínguez, indicó a Primera Hora que sí ha estado al tanto de los contagios, por lo que ha investigado la situación. Manifestó que entró en conocimiento de la denuncia el pasado lunes, por lo que “inmediatamente” se comunicó con la directora de administración, Quetsy Vega, el subcomisionado, Félix García, y González Azcuy.

“Indagué sobre la situación y nuevamente hablé sobre la alternativa de activar el trabajo remoto en el CRL (Centro de recepción de llamadas) y en el área administrativa”, dijo en declaraciones escritas.

Esas conversaciones revelaron que había ocho empleados positivos (siete en el CRL y uno en el área de administración). De estos, seis culminaban sus periodos de cuarentena para mediados y finales de esta semana.

Aclaró, también, que el Negociado “está otorgando 10 días”, aunque “la ley otorga cinco días”.

“Si algún empleado durante el turno presenta algún síntoma, el Negociado podrá darle tiempo sin cargo a ninguna licencia para que se pueda realizar la prueba (esto no está en la ley, pero la Unión lo dialogó con el 9-1-1)”, aseveró.

“Este servidor ha sido muy vocal en cuanto a las irregularidades que ocurren en el 9-1-1 que afectan a los empleados y a la ciudadanía. Seguiré defendiendo a todos los empleados y el buen funcionamiento del 9-1-1 hasta mi último día como representante de la Unión”, agregó.