Dos protestas relacionadas con asuntos ambientales se llevaron a cabo este miércoles en Vega Alta y Salinas, en ambos casos con reclamos exigiendo o condenando acciones de las alcaldesas de esos municipios, mientras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) paralizó una construcción por falta de permisos en el sector Cueva del Indio, en Arecibo, donde está localizada la Reserva Marina de la Cueva del Indio.

En el caso de Vega Alta, la legisladora municipal Brenda Rubio Mena, auxiliada por fotografías que alega evidencian “una crisis ambiental de contaminación de terrenos por lixiviados” en instalaciones de la Departamento de Obras Públicas del municipio.

Según su denuncia, en ese lugar, el centro de acopio municipal, en la carretera PR-2, al lado opuesto a la alcaldía, “se está poniendo en peligro la salud y seguridad de los empleados que allí trabajan”.

“No hay control alguno de los lixiviados, que terminan contaminando aire y tierra”, afirmó en su denuncia la legisladora, quien llamó que se atendiera el asunto con prioridad.

Sin embargo, la alcaldesa María Vega Pagán le indicó a este diario que se trataba de una denuncia “frívola” de parte de una legisladora que ni se había acercado a averiguar sobre el centro de acopio y su razón, ni tampoco conocía de los planes de emergencia del municipio.

Explicó que la razón de ese centro de acopio es que “a raíz del huracán Fiona, dentro del plan de emergencias, tenemos que someter un centro de acopio para el manejo de los escombros de ese huracán”.

Afirmó que el lugar fue “visitado, inspeccionado y autorizado” por el DRNA, “e inclusive fue tomado como modelo para otros centros de acopio en otros municipios”. Agregó que allí “se tiene que hacer una segregación de los materiales, se separan lo metales, zincs, neveras, el material vegetativo. Se tiene que segregar, por reglamento, para luego disponerlo en el vertedero”.

Desmintió además que hubiera lixiviados porque “allí no hay basura doméstica, no hay hedor ni nada de eso”, y sostuvo que “hay algo de agua allí” que se ha acumulado por a los aguaceros constantes de días recientes, pero que es como el agua de un charco “en cualquier monte”.

Asimismo, desmintió que hubiera peligro para los empleados municipales porque los empleados ni siquiera intervienen en ese proceso, sino que lo lleva a cabo una compañía privada contratada para eso, “bajo unas regulaciones, con unos informes extensos, porque si no se hace de la manera adecuada FEMA no devuelve el dinero”.

“Todo allí está bien preparado, y segregadas las operaciones de Obras Públicas del Centro de Acopio, incluso con guardias de seguridad velando”, insistió Vega.

Mientras, en Salinas, organizaciones comunitarias de Peñuelas y Salinas llevaron a cabo una protesta frente a la alcaldía, denunciando “la intención” de la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón de que el DRNA “le otorgue una dispensa para poder depositar cenizas tóxicas de carbón en vertederos de Puerto Rico”.

Los manifestantes también denunciaron la “ambivalencia” de la alcaldesa en torno a “la remoción de estos desperdicios industriales (cenizas de carbón) de las calles de la comunidad Ranchos de Guayama”. Según indicaron los manifestantes en comunicación escrita, desde enero del año pasado la alcaldesa informó haber pedido una dispensa al DRNA para “poder depositar 7,500 toneladas de cenizas a ser removidas de las calles de la comunidad Ranchos de Guayama, en algún vertedero en Peñuelas, Ponce o Humacao”.

Los manifestantes afirmaron que “no vamos a permitir ni una onza más de cenizas” en Peñuelas, y consideraron “una falta de respeto” que la alcaldesa estuviera siquiera considerando llevar cenizas allí, donde se han producidos un sinnúmero de protestas en contra de tal acción.

De igual manera, líderes comunitarios de Salinas calificaron a la alcaldesa Bonilla de “irresponsable” y condenaron que, luego de anunciar “que había $8 millones para la reconstrucción de las calles de nuestra comunidad” con un “proyecto innovador”, ahora esté diciendo que “que no había suficiente dinero para sacar las cenizas y exportarlas fuera del país, como dictamina la ley”.

Los manifestantes extendieron su condena más allá de la alcaldesa, e incluyeron en sus denuncias al gobierno de Puerto Rico, las agencias estatales y federales, así como a las legisladoras y legisladores del Distrito de Guayama.

A través de una comunicación escrita, Bonilla Colón hizo un llamado a los manifestantes a que “respeten el derecho de los trabajadores a realizar sus labores de servicio a la ciudadanía”.

“No hay razón alguna de bloquear la entrada de la Casa Alcaldía para hacer daño a las labores municipales. Hay espacio suficiente en la Plaza Pública y predios de la Alcaldía para hacer las manifestaciones que cada cual interese hacer. Yo he tenido comunicación constante y política de puertas abiertas con los grupos y líderes ambientalistas sobre el proyecto de reconstrucción de calles en Rancho Guayama, y otros asuntos”, señaló la alcaldesa.

La ejecutiva municipal indicó que el pasado 30 de noviembre se reunió con residentes de Ranchos de Guayama para exponerles “la realidad de que el costo de exportar fuera de Puerto Rico el material mixto con cenizas de carbón podría superar los $3 millones, cifra con la que el Municipio no cuenta”.

“Nosotros hemos hecho nuestra parte de manera responsable. Se han emitido solicitudes de fondos adicionales y revisión del proyecto, pero aún no hemos tenido respuesta”, expuso.

Finalmente, en el caso de la construcción en el sector Cueva del Indio, donde el martes también hubo una protesta de ciudadanos y organizaciones en defensa del ambiente y en particular de la Reserva Marina Cueva del Indio, el DRNA dio a conocer que había ordenado la paralización de una construcción “que no muestra permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y cuya cercanía a la zona marítimo terrestre (ZMT) y/o faja de salvamento requiere un deslinde que debió ser presentado junto con la solicitud de permisos requeridos”.

Se indicó que la intervención con la construcción se llevó a cabo tras una denuncia presentada el martes, y que la paralización “es preventiva hasta que los dueños de la propiedad muestren los documentos que requiere la ley”.

La agencia agregó que “ante el DRNA no existe permiso de concesión de permisos ni solicitud de consulta de ZMT”, y agregó que enviaría personal técnico a determinar si la construcción está sobre la ZMT o la faja de salvamento.

La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, advirtió además que aquellas personas que estén haciendo construcciones que no cumplan con la ley “no solo perderán lo que invirtieron, sino que se exponen a multas considerables, tendrán que demoler la obra a costa de su propio bolsillo y tendrán que restituir el medioambiente a su estado natural, lo que es igualmente costoso”.

También relacionado a esta construcción, los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y José “Memo” González Mercado solicitaron a la Junta de Planificación que iniciara, “con carácter urgente, una inspección del litoral costero de Arecibo, con el propósito de identificar construcciones ilegales en la zona que impacten la Reserva Marina de la Cueva del Indio.

Los legisladores también exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier edificación o desarrollo de obras de construcción dentro de los terrenos pertenecientes a la reserva marina.