Delincuentes hurtan millones al año de los negocios al detal
Ha pasado a ser una actividad criminal organizada y se llevan desde cosméticos hasta taladros y plantas eléctricas.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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Las tiendas al detal pierden cada año decenas de millones de dólares como consecuencia de los constantes hurtos que llevan a cabo en sus establecimientos personas y grupos organizados.
Según trascendió en el foro anual de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones, los individuos y grupos que se dedican a esta actividad a menudo cometen sus actos delictivos en varias tiendas en un mismo día, y se valen de una diversidad de artimañas, que van desde usar a niños y personas de edad avanzada para que distraigan a empleados o participen activamente del hurto, o cambiar los códigos de barra para comprar un producto por un precio mucho menor del que le corresponde.
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En tanto, los artículos que roban van desde cosméticos que caben en un bolsillo hasta plantas eléctricas. Y una vez hurtados, suelen vender esa mercancía en sitios de internet, mercados o hasta en estacionamientos de centros comerciales.
Según detallaron directivos de seguridad de las empresas Home Depot, Walgreen’s y Walmart la situación es tal que “lo que hemos visto es que ya ha pasado a ser un negocio, tan lucrativo como nuestro negocio, porque ellos ya tienen los clientes a los que van a vender lo que roban. Se ha convertido en una empresa”.
Y aunque estas empresas, y, en general, la mayoría de los negocios practica una política de no intervenir con los delincuentes para evitar que sus empleados y clientes puedan verse afectados, indicaron que el 72% de los comercios reportan que algunas de estas personas “se ponen agresivas, violentas”, o incluso están actuando bajo presiones por parte de terceros. En ocasiones, han llegado incluso a sacar armas de fuego o armas blancas y amenazar con usarlas.
Tan solo en The Home Depot, según indicó Alex Sostre, las pérdidas por esta actividad delictiva ronda los $40 millones al año en Puerto Rico, y esa cifra no incluye los gastos de llevar los casos judiciales.
“En el caso de nuestra compañía, una de las cosas que más roban son herramientas inalámbricas. Te puedo decir que en un día quieren llevarse unos 20 o 30 taladros diferentes grupos, que están interconectados, pero ellos van a Bayamón, a Rexville, a Ponce. Ellos corren toda la Isla, exactamente buscando la misma mercancía, que es lo que tiene salida en el mercado, plantas eléctricas, ‘trimmers’, taladros, todo lo que tiene salida en la calle”, comentó, agregando que han tenido casos que los han atrapado con $5,000 a $6,000 encima.
Otra mercancía que destacó fueron los “selladores de techo, que uno piensa que no se llevan eso. Nosotros cogimos un caso que conllevaba unos $15,000 en selladores de techo solamente”.
Comentó que todo indica a que por lo menos en algunos de estos casos se trata de “grupos organizados que trabajan en diferentes partes de la Isla, con el común de que se conectan en las redes sociales y venden todos los productos”.
“Quizás en un día, por lo menos en mi compañía, hacemos 10 a 12 arrestos en diferentes partes de la Isla. Y todos son casos graves. Es un asunto bien serio, demasiado”, agregó Sostre, gerente de protección de distrito del departamento de protección de activos de The Home Depot.
En tanto, otros negocios mencionaron entre los productos más hurtados los cosméticos de marca.
La situación ha forzado a todos los negocios a invertir mucho más dinero en seguridad, incluyendo personal, equipos, software, cámaras de seguridad, entre otros, para intentar frenar las pérdidas por esta actividad criminal.
Por su parte, el secretario de Justicia Domingo Emanuelli, instó a los negocios de venta al detal a “mantener una comunicación abierta con el Departamento de Seguridad Pública”, y a recopilar la mayor cantidad de evidencia posible, ya sean videos, fotos, confesiones, o cualquier otro elemento, para poder ir mejor preparados a los tribunales.
Recordó que, además de documentar todo lo más posible cualquier incidente, es importante registrar si hay testigos y guardar sus datos de contacto, pues tanto los testigos como el personal de seguridad del negocio “es esencial que estén disponibles para testificar en los procesos judiciales”.
A modo de ejemplo, puso un caso reciente en el que “logramos radicar 43 denuncias simultáneas contra dos mujeres que hurtaban productos en farmacias, y luego vendían la mercancía por internet y en la plaza del Mercado de Río Piedras”. Agregó que se estima que se apropiaron de más $40,000 en mercancía.
Por otro lado, Emanuelli explicó que están insistiendo en radicar cargos por el delito de ratería en lugar de apropiación ilegal, pues han notado que hay delincuentes que al cometer el robo juntan menos de $500, para que al ser procesados sea por un delito menos grave, y de esa formo solo se les impone una multa.
En cambio, si el valor de la mercancía robada sobrepasa los $500, ya sería un delito de apropiación ilegal más grave cuya pena podría conllevar cárcel.
El titular de Justicia explicó que, el delito de ratería, que conlleva unos elementos específicos, tales como esconder productos en una bolsa o cartera, cambiar el producto de un envase a otro, o alterar precios o códigos de barra, aunque es un delito menos grave, si incurre en el delito en una segunda ocasión, se le puede imponer una pena de delito grave con pena fija de reclusión de tres años.
La fiscal Jessika Correa, jefa de fiscales del Departamento de Justicia, abundó que, aunque en la etapa de juicio, si se prueba el delito de ratería, en conducta reiterada, que conllevaría la pena fija de tres años de reclusión, se pueden dar preacuerdos para reclasificar el delito a uno de apropiación ilegal, “estamos fomentando que no se lleguen a preacuerdos, sino que se dé la convicción para entonces poder radicar ese delito con la pena de grave”.
Por otro lado, y en aras de atajar las ventas por internet de productos hurtados, están respaldando un proyecto que está en trámite en la asamblea legislativa, que obligaría a quienes usan esas plataformas en línea para esas ventas a proveer algún tipo de información.