Tanto el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), como la comunidad Breñas State perseveran en su esfuerzo de que el antiguo Hyatt Regency Cerromar Resort no sea demolido.

Esto mientras en la legislatura se baraja un proyecto que, en resumidas cuentas, aceleraría la aprobación de permisos aún sin haberse culminado las evaluaciones de impacto ambiental.

En el caso del Colegio, el pasado 2 de febrero realizó un conversatorio que dio pie a la creación de alternativas de remodelación para el edificio que fue construido por la firma Toro y Ferrer.

Tras la actividad, se conformaron mesas de trabajo que presentarán una idea tomando en cuenta las necesidades del desarrollador actual del proyecto del Cerromar.

Los profesionales que dirigirán las mesas de trabajo son los arquitectos José Toro, José Coleman, José Marchand y Jeannet Rullán, quien, además de ser arquitecta, también es residente en la comunidad de Breñas.

La presidenta del CAAPPR, Ivonne Marcial, destacó que el proyecto del CAAPPR incluirá diferentes visiones, ya que no solo tendrá la opinión de consenso que asumiría el colegio, sino que integrará la visión de economistas, ambientalistas, contratistas y otros profesionales.

“Será una propuesta arquitectónica basándose en las posibles implicaciones como cambios en el ecosistema, impacto ecológico, impacto de la demolición ante la naturaleza, impacto económico de la demolición”, indicó Marcial, quien anunció que debido a un cambio en el formato de las mesas de trabajo movieron las fechas de entrega.

“Vamos a convocar para el 25 de marzo, y entonces, ese mismo día tener los borradores y tener como una semana para pasarlos en limpio y publicarlos”, dijo la presidenta del Colegio que le hará entrega de este documento “al dueño del proyecto como alternativas que estamos brindando de buena fe y en confianza (podemos) reunirnos con él y discutirlas si quisiera”.

Por su parte, la comunidad de Breñas Estate, contigua al hotel Cerromar, no obtuvo un resultado favorable en sus gestiones en la Oficina de Gerencia de Permisos, por lo que están en espera de la moción presentada en el Tribunal de Apelaciones, según explicó la portavoz de la comunidad, la arquitecta Jeannette Rullán.

“Sometimos dos escritos a fin de evitar la demolición del edificio, uno a la OGP y el otro al Tribunal de Apelaciones... OGP determinó que no tienen jurisdicción y no hemos obtenido respuesta del Tribunal de Apelaciones”, explicó.

“Son 30 días los que el Tribunal tiene para contestar. Se radicó a inicios de febrero, por lo que se espera que la segunda semana de marzo contesten. Solamente, ahora, nos queda el tribunal y no sé qué se determinará con el proyecto de la reforma de permisos, que está tratando de ‘by pasear’ todo lo que uno tiene que hacer correctamente”, concluyó preocupada.