Hace casi siete años Efraín Díaz fue atropellado, mientras practicaba el ciclismo junto un grupo de amistades, por un auto que manejaba una conductora en estado de embriaguez. La colisión fue de tal magnitud que un compañero falleció y él resultó con fracturas en el femur y en el brazo derecho.

“Ella nos pasó, el carro se le desvió, invadió el carril contrario y nos golpeó de frente… salí expulsado como diez pies”, recordó sobre aquel fatídico accidente ocurrido el 19 de noviembre de 2015, en Loíza.

La recuperación física, contó, se extendió por un año, aunque aun batalla con las secuelas de los golpes. La batalla emocional también continúa. “Uno revivía lo vivido cada vez que iba a sala”, contó sobre el proceso judicial que se extendió por dos años. La responsable, quien en el trámite se declaró culpable, fue sentenciada a 15 años de cárcel, de los cuales cumplió seis en prisión.

“Mi vida cambió completamente porque de ser la persona activa que era, todavía sufro de dolores y sufrí de ansiedad a consecuencia del estrés post traumático (PTS). No estoy bien de la pierna y sufro de desbalance en el pie derecho”, dijo.

Díaz enfrentó el proceso sin conocer los servicios que ofrece la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delitos del Departamento de Justicia. Al día de hoy, dijo, no recuerda si en algún momento le ofrecieron la ayuda. “Hubiese hecho mucha diferencia. Uno siempre necesita esas terapias psicológicas y ayudas para los gastos médicos en los que uno incurre que a veces no los cubre el plan de salud”, señaló.

Precisamente, con el norte de que más personas puedan conocer y beneficiarse de estos servicios, el Departamento de Justicia inauguró hoy la “Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos” con una exposición en el centro comercial Plaza Las Américas, espacio desde donde abordarán estas y otras ayudas disponibles.

Durante el pasado año fiscal federal, la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas desembolsó $850,000 en ayudas, indicó la licenciada Sheila Miranda, quien dirige el espacio. “Estamos iniciando el proceso de compensación incluso antes de la radicación del caso”, dijo.

Usualmente, es el fiscal, el policía o un albergue quien refiera a la parte perjudicada, pero la vícima, de así desearlo, puede acercarse directamente a la Oficina, ya sea en búsqueda de ayuda económica o de servicio de acompañamiento. También existe un acuerdo de colaboración con la Oficina de la Jefa de los Fiscales, donde todos los lunes le refieren los casos trabajados por el Ministerio Público, explicó Miranda.

Entre los beneficios concedidos bajo la Ley 183 de 1998, está: asistencia para cubrir gastos médicos, funerarios y de relocalización, en el caso de víctima de violencia doméstica. También existen ayudas para terapias psicológicas y por concepto de pérdida de sustento y pérdida de ingresos.

“En lugar de que esa víctima venga a donde nosotros, porque sabemos que muchas veces en ese proceso nadie está pensando en llenar un documento, llegamos a donde ella”, dijo Miranda. “Hay víctimas que nos dicen: ‘en este momento no puedo, no puedo manejar la situación’, y nosotros dejamos el caso pendiente y lo retomamos cuando la persona esté lista”, agregó.

La Oficina, explicó la licenciada, se nutre de fondos federales y una partida estatal que proviene del cobro de la pena especial impuesta en el Codigo Penal hacia quienes cometen delitos graves ($300 por cada delito) y menos graves ($100 por cada delito).

“Es esencial apoyar a las víctimas durante el proceso que atraviesan hasta alcanzar la justicia. El objetivo fundamental en nuestro sistema legal-criminal es hacerle justicia a las víctimas con respeto, empatía y sensibilidad. Hoy y siempre le decimos que no están solas y que tienen unos derechos que le asisten”, expuso, por su parte, el secretaria de Justicia, Domingo Emanuelli.

Michelle Vargas, quien perdió a su hija en medio de un incidente violento que sigue sin resolver, sí conocía de las ayudas disponibles al momento de la tragedia, pero sostuvo que, una vez hecho el ofrecimiento inicial, debe haber un seguimiento a la víctima por parte del personal de la Oficina. “Los primeros meses los familiares, los padres…no registran este tipo de información y si lo registras se te va de la cabeza”, añadió Vargas.

Su hija, Nashaly Cristina Torres, fue asesinada hace dos años y seis meses en Villalba, pero no hay pistas del o los responsables. “Sobre más de 100 casquillos se recogieron en la escena, una escena bien difícil…y de ahí para acá lo que llevamos, básicamente, es un proceso de sanar, de ayudar a víctimas como nosotros”, expresó Vargas.

“Me parcee que esta Oficina debería de expandirse y dar a conocer más sus servicios…hay un montón de servicios para apoyar y orientar a las víctimas”, expuso.

Si necesita más información, puede comunicrse al 787-303-9999.