La vista de Regla 6 en alzada contra seis personas arrestadas por protestar en contra de la construcción de los molinos de viento en Santa Isabel continuará el viernes de la semana entrante, a las 9:00 a.m., ante la jueza Gladys Gricel González, del Centro Judicial de Ponce.

Esta sería la tercera fecha de la vista judicial que ha sido extensa debido a la cantidad de testigos en turno y a lo largo de los interrogatorios. Este martes comparecieron dos policías que documentaron con fotos y vídeo los arrestos del 15 de diciembre pasado, en la Finca de Viento Santa Isabel, donde la compañía Pattern Energy inició la construcción de 44 turbinas de viento.

Los manifestantes están imputados de violar el Artículo 208-A del Código Penal, que califica como delito grave de cuarto grado el intento de paralizar una obra de construcción que cuenta con los permisos de las agencias concernidas.

La defensa del grupo ha levantado una serie de interrogantes sobre la legalidad de la construcción, los motivos del arresto y el propósito de la documentación gráfica selectiva de las detenciones por parte de la Policía de Puerto Rico.

“Carpeteo”, no documentación

El abogado Martín González, padre, detalló que el agente Carlos Alvarado, director de la Unidad Técnica de Grabaciones de la región policiaca de Ponce, y el agente Edwin González Quirós, su subalterno, se contradijeron durante la vista. En el interrogatorio ofrecieron supuestamente versiones distintas sobre la ubicación de la oficina en la que trabajan y del lugar por donde entraron hacia la Finca de Viento aquella mañana.

Además, el abogado trató de establecer que esa unidad se creó para investigaciones sobre el crimen organizado y narcotráfico, y que no procedía su utilización en esta actividad de desobediencia civil.

Según González, los policías admitieron que esa premisa es cierta y alegaron que “nos pidieron ayuda” y que, por tanto, acudieron al lugar a fotografiar y grabar vídeo. La Policía se presentó para atender la querella de Pattern Energy porque los manifestantes no dejaban pasar su maquinaria al área de construcción.

Sobre el vídeo, González advirtió que se editó a conveniencia de la Policía y en detrimento de los manifestantes.

“En ese periodo de tiempo (que se apagó la cámara) están los visuales que favorecen a nuestros clientes, que es cuando les piden a los policías que les tome una querella porque la construcción es ilegal en esos terrenos agrícolas que están protegidos”, relató.

González dijo que los policías se negaron a tomar la querella, les dijeron que si no se marchaban los arrestarían y, como no lo hicieron, se los llevaron esposados. El ejercicio de arresto también fue selectivo, aseguró, pues no se llevaron a todos los que se manifestaban. Y tampoco procedía pues, según los activistas, ellos estaban ubicados en una servidumbre de paso en terrenos que son propiedad de la Autoridad de Tierras, no de Pattern Energy.

“En ningún momento se ocuparon ni propiedad ni facilidades de Pattern Energy para ejercer ese derecho a la libre expresión”, dijo Robinson Rodríguez, catedrático asociado del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y uno de los arrestados.

Construcción “ilegal”

La defensa de los acusados, que se compone de una batería de abogados liderados por González, padre, también levantó el argumento de que la construcción de los molinos en el Valle Agrícola de Santa Isabel es ilegal porque ese terreno está protegido bajo la Ley 242 del año 2008.

Otro de los argumentos de defensa -y el más ambicioso para probar porque, de lograrse, sentaría un precedente- es que el Artículo 208-A del Código Penal es inconstitucional ya que es contraria a la Sección 4 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico que reza que “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al Gobierno la reparación de agravios”.

Sobre este particular, el profesor Rodríguez dijo que “los oficiales testificaron bajo juramento que lo que se desarrollaba allí era una manifestación acorde con el derecho a la libertad de asamblea y de expresión”.