Las vistas públicas senatoriales en torno al controversial proyecto 693 que busca imponer regulaciones y restricciones a la práctica del aborto continuaron esta mañana en el Capitolio, con una manifestación y los testimonios de personas que favorecen la medida.

Antes de comenzar la vista, la senadora Joanne Rodriguez Veve, del partido Proyecto Dignidad y principal propulsora de la medida, repasó lo que ella considera son aspectos relevantes de la medida y comparó lo que interpreta es la situación legal de Puerto Rico con los demás estados de los Estados Unidos en el tema del aborto.

La licenciada Sonimar Lozada Rodríguez fue la primera en deponer e indicó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya había dictado que los estados tienen la capacidad de regular aspectos relacionados al aborto.

Sostuvo que el proyecto provee una definición clara de “etapa gestacional de viabilidad”, como “aquel concebido que ha alcanzo un estado de gestación y desarrollo intrauterino que, a juicio de un profesional médico licenciado en Puerto Rico le permitiría mantenerse vivo independiente de la madre, con o sin ayuda de métodos artificiales para la preservación de la vida”.

Defendió que, tal como propone el proyecto, estudios indican que con los adelantos médicos las 22 semanas de gestación es una etapa que ya el feto se considera viable.

Alegó que las leyes actuales que rigen el aborto en Puerto Rico no establecen con claridad una etapa de viabilidad del concebido y en principio se puede hacer un aborto en cualquier etapa.

Aseveró además que el proyecto defiende no solo la salud del concebido, sino también la de la mujer, y además le protege su derecho al aborto hasta las 22 semanas, por lo que exhortó a la aprobación del proyecto.

El abogado y sacerdote católico Carlos Pérez defendió que “en materia de aborto en Puerto Rico, se deben seguir los parámetros jurídicos desarrollados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como ámbitos mínimos para evitar actuar inconstitucionalmente”.

Asimismo, defendió que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no establece disposiciones especiales sobre el aborto que vayan más allá de lo que dispone el Supremo federal.

Pérez se refirió a “las sorprendentes expresiones del Secretario de Justicia (Domingo Emanuelli)”, del día antes, y en particular a dos casos que citaba, que supondrían limitaciones al ejercicio médico, y cuestionó que no citara otros en los que, asegura, se dicta la posibilidad de regulaciones a la práctica médica.

Por su parte, el juez Jorge Lucas Escribano llamo a cambiar el lenguaje sobre los no nacidos, alegando que “cuando una mujer está embarazada, no está esperando, el bebé ya llegó... no va a ser madre, ya es madre”.

Mencionó la situación demográfica de Puerto Rico, que enfrenta una significativa disminución de nacimientos, y cuestionó por qué no se estaba llevando un seguimiento más estricto de los abortos, tal como permiten las decisiones del Supremo federal.

Afirmó además que la ciencia ha avanzado lo suficiente desde el emblemático caso de Roe vs. Wade, que permitió el derecho al aborto, y aseveró era hora de atemperar las leyes a esos avances.

Opinó, además, que en el PS 693 se protege el derecho al aborto de aquella mujer que se someta a ese procedimiento, y también protege a ese bebé y le garantiza derechos. Agregó que esa madre, una vez aborta, queda ya sin vínculo alguno legal sobre ese bebé, y se activan otros mecanismos que protegen esa vida del bebé abortado, pero que puede vivir.

Respondiendo a preguntas de Rodríguez Veve, el juez Lucas Escribano aseguró que el 693 “no va dirigido contra la mujer”, sino a regular la práctica de la medicina.

Mientras, el sacerdote Pérez acotó que “cuando ya el niño es viable, que puede vivir fuera del vientre materno... lo que se le está diciendo a mamá es dame ese niño, que puede vivir”, de manera que el estado se ocupe de ese bebé.

Tomando como referencia las respuestas del grupo de panelistas en favor de la medida, Rodríguez Veve insistió en que “no hay dudas, que el gobierno de Puerto Rico puede, constitucionalmente, legislar la práctica del aborto”, de manera que “una madre saludable, sin ningún riesgo para su vida y salud física, el estado puede proteger esa vida que ya es viable en su vientre”.

Agregó que “no hay discusión en cuanto a si podemos hacer lo que dice el proyecto, en cuanto a proteger esa vida viable en un vientre”.

“La pregunta fundamental no es si se puede hacer, es si lo queremos hacer”, insistió la senadora. “Y la respuesta es sí”.

El juez, sin embargo, admitió que, en cuanto a la viabilidad, no se puede establecer un término estricto, pues puede ocurrir más allá de las 22 semanas.

La legisladora Rodríguez Veve aclaró que ya se había acordado que se aclararía el lenguaje para que ese término no sea uno “inamovible”, sino uno en que se presume que ese concebido sea viable.

La senadora Rodríguez Veve aprovechó para comentar que también se había acordado en la vista del día anterior que los requisitos para en el documento de registro que es parte del proyecto, se revisarán para “eliminar cualquier documento que pueda revelar la identidad de la mujer que aborta”, porque se trata de un registro que solo tiene propósitos estadísticos.

Agregó que el documento incluiría datos de edad y circunstancias sobre la madre, así como la institución médica y el procedimiento que se usó para ese aborto. Insistió que, con esa aclaración, se atienden todas las preocupaciones en cuanto a ese tema del registro y la privacidad.

Rodríguez Veve también aludió a comentarios del secretario de Justicia en cuanto al requisito de dos médicos, y resaltó que había entrado a asuntos de “si era viable en cuanto a capacidad de profesionales”, y no se había limitado al asunto jurídico de constitucionalidad. Insistió en que, en otros estados está vigente ese tipo de exigencia, y reiteró que “en estricto derecho”, se puede legislar esa disposición. Agregó, no obstante, que estarían revisando dicha disposición, pues la misma no elimina el propósito del proyecto.

La senadora de Proyecto Dignidad se refirió además al tema de carga indebida sobre personas de menos recursos, y sostuvo que, si ya se determinado que “después de la viabilidad” el estado “no solo puede regular, sino hasta prohibir el aborto”, salvo la excepción de riesgo de muerte o incapacidad severa, no había espacio para hablar de esa carga indebida.

El juez Lucas Escribano defendió su afirmación y reiteró que, en su opinión, el proyecto no impone carga indebida sobre la mujer antes de la viabilidad.

Por otro lado, el sacerdote Pérez agregó que era legítima la preocupación en cuanto a respetar el criterio médico, y solicitó que se precisara con mayor claridad en el proyecto el término de viabilidad y el criterio médico al respecto, porque “ha habido casos que es viable antes de las 22 semanas”.

Rodriguez Veve argumentó que, en cuanto a eso, al discutir con médicos en la jornada previa, les preguntó si estarían dispuestos a apoyar la medida, sin poner límites de semanas a la viabilidad. Dijo que llegó a proponer que se cambiara a “cuando el médico determine la viabilidad”, pero “esos médicos lo que quieren es decidir si ese bebé viable puede o no vivir fuera del vientre”.

Insistió en que “si la madre es saludable... y el bebé es viable”, no debe haber discusión y el único criterio a considerar debe proteger la vida de ese bebé.

Rodríguez Veve sostuvo además que, tras preocupaciones del secretario de Justicia en cuanto a posibles sanciones a médicos por uso de algún tipo de procedimiento, y agregó que eso también se eliminaría del proyecto.

“Hemos atendido cada una de las preocupaciones jurídicas que trajo ante nuestra consideración el secretario de Justicia. Nos vamos a encargar de que podamos satisfacer, a la luz de sus recomendaciones, lo que ha traído ante nuestra consideración”, afirmó la senadora de Proyecto Dignidad. “La pregunta es, ¿será suficiente?”.

Senadora Migdalia González, del Partido Popular Democrático (PPD), ripostó que “no veo razón alguna para categorizar a legisladores” por si están a favor o en contra del proyecto, pues precisamente las vistas se hacían para poder escuchar argumentos.

“No veo razón alguna para poner a pelear a puertorriqueños y puertorriqueñas porque no comparten la misma opinión”, afirmó González, condenando además que el asunto llegara a ponerse en un punto de expresiones fanáticas.

Se dirigió al sacerdote Pérez, y le preguntó si hablaba a nombre de la iglesia católica, a lo que Pérez respondió que no. Le preguntó además cuándo consideraba que un feto estaba vivo, y el sacerdote respondió que, en ese tema, no se guiaba por razones religiosas, sino por lo que decía el código civil.

La senadora González leyó el código civil, artículo 70, en particular la parte que establece que los derechos se aplican a aquellos nacidos vivos.

El sacerdote ripostó que el artículo 69 dice que hay una presunción de derechos para el concebido.

González retomó el artículo 69, que “convenientemente leyó solo la mitad”, y completó su lectura, donde se establece que esa presunción se valida por disposiciones del artículo siguiente, es decir, que para que gozara de tales derechos, el concebido tenía que nacer vivo.

La senadora González abordó la premisa de la ponencia del juez sobre que Puerto Rico estaba perdiendo población, y que los abortos eran parte de ese problema. Preguntó al juez si sabía cuántos abortos se practicaban en Puerto Rico, a lo que respondió en la negativa. Citó datos traídos por médicos el día antes, que mostraban apenas unas decenas de abortos, y muy pocos luego de las 22 semanas, y cuestionó si entendía que ese número, que no representaba ni 1%, incidía en la disminución poblacional.

Asimismo, abordó a la abogada, cuya ponencia establecía que no se necesitaba de un médico para saber cómo luce un bebé a las 22 semanas, y cuestionó si estaba diciendo que no se necesitaba del criterio médico.

La abogada respondió que lo que pretendía decir es que la mujer tenía cinco meses y medio para poder decidir como quisiera en cuanto a su cuerpo, y que para eso contaba con protección constitucional.

Mientras, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, condenó que se estuviera criticando a los deponentes del día anterior, aludiendo a resúmenes sesgados, que no dicen toda la realidad.

“Mi posición es que este proyecto trata de crear una crisis donde no la hay. Ha creado una atención y una tensión mediática que nada tienen que ver con el proyecto. No son los ‘views’ lo que hace verdaderamente correcto y necesario la aprobación de este proyecto. Y soy senadora, no soy influencer”, afirmó Rivera Lassén.

“La práctica del aborto está regulada. Y no solo está regulada, sino que en es legal antes del caso de Roe vs Wade”, insistió.

Añadió que, a raíz de ese caso, se amplió el criterio para garantizar la protección de la salud de la mujer, física y mental, e insistió que “el aborto en Puerto Rico está reglamentado”, tanto por las leyes, sino por la práctica médica, que fue explicada extensamente por los médicos que depusieron el día antes.

“Vean lo que pasó ayer y ustedes juzguen si lo que pasó ayer es respetar a los ponentes”, sostuvo la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana.

Rivera Lassén se dirigió al trío de ponentes, y preguntó, si creen en separación de iglesia y estado, cuándo creen se concibe la vida, cuándo es viable un feto, si debe ser como establece el proyecto, y si, como dice el proyecto, creen que el ser humano es desde la concepción, si creen que los abortos deben evitarse para que haya más nacimientos en Puerto Rico, si creen debe haber educación sexual para evitar embarazos no deseados, si creen los casos de violación e incesto no deben tener excepciones, y si creen, ya que en principio se presentó como un panel de derecho, si Puerto Rico podría tener una factura más ancha en cuanto a los derechos, incluyendo el aborto.

El sacerdote Pérez sostuvo que en nuestro estado de derecho hay separación de iglesia y estado, pero también un derecho de libertad religiosa.

Agregó que el código civil establece cuando se concibe la vida, “lo dice claramente, todo ser humano es persona. El puertorriqueño dice que no va a hacer distinciones. Todo ser humano va a ser persona”. Sostuvo que “creo que el ser humano tiene derecho a la vida desde la gestación hasta la muerte”.

Abordó también una pregunta específica hacia él de cuál era el artículo que quería añadir al Código Penal. Explicó que, si este proyecto se aprueba, deberían hacerse los ajustes necesarios, y eximir de responsabilidad a la mujer, si bien el lenguaje se debería discutir en otro momento.

La abogada argumentó que la separación de iglesia y estado, “no tiene nada que ver con este proyecto”, y agregó que el estado tiene responsabilidad de establecer política pública sobre la viabilidad, y eso lo hace el proyecto en discusión.

“Sí tiene que haber acceso a anticonceptivos, sí tiene que haber educación sexual, tiene que haber apoyo, se tiene que hablar más de la ley de adopción. Pero tiene que haber un comienzo, y este proyecto es un buen comienzo”, manifestó.

El juez comentó que consideraba que la vida comienza desde la concepción, y sostuvo que “con la misma pasión que se defiende un nido de tinglares” se debía defender esa concepción.

Opinó que sí existe separación de iglesia y estado, pero la Constitución en su preámbulo hace mención a Dios todopoderoso y todos los procesos se rigen bajo ese principio.

El juez sostuvo además que considera que tienen que prohibirse los abortos para aumentar la población, porque “estamos desapareciendo”. Sostuvo además que los casos de violación e incesto están cubiertos, toda vez que la salud de la madre se entiende que está debidamente protegido.

En cuanto a las violaciones e incestos, el sacerdote Pérez indicó que, en su opinión, aunque se trata de temas delicados, de eventos traumáticos, “el hijo de un criminal no debe sufrir las consecuencias de los actos de sus padres”.

El sacerdote comparó además que, si el Estado había intervenido durante la pandemia y establecido que la gente debía vacunarse para proteger las vidas, “había que ser consistentes” y proteger la vida en el vientre.

El senador Ramón Ruiz Nieves, también del PPD, comentó que, si bien se había hablado del derecho de la mujer, se preguntaba qué ocurre con los derechos del concebido.

La senadora Wanda Soto, del Partido Nuevo Progresista (PNP), sostuvo que cree que para que el proyecto pueda avanzar, “la palabra asumir no tiene espacio” y agregó que se debe escuchar a todas las partes por igual y con respeto.

Sin embargo, a preguntas suyas, los miembros del panel admitieron que no habían escuchado a los deponentes del día antes, que se oponen al proyecto, o habían escuchado solo una parte.

Los panelistas admitieron que se trata de un tema complicado, y el sacerdote Pérez expuso que el tema de “calidad de vida” era relativo, y opinó incluso manifestó, erróneamente, que en Islandia no había niños con síndrome de Down, porque allí la sociedad había decidido no considerar que esas personas tendrían calidad de vida. Insistió en que, en cambio, en Puerto Rico se defendía por igual toda vida, incluyendo a las personas con diversidad funcional.

Las vistas continúan en la tarde, cuando se esperan los testimonios de otros deponentes en favor de la medida.