La controversia entre titulares e integrantes de las juntas de directores en los condominios Ponciana y Estancias de Aragón en Ponce, afectados por los terremotos de enero del 2020, pica y se extiende, luego de que varios propietarios acusaran a sus directivos de no hacer nada para remediar la situación.

Esto, tras permanecer desalojados de sus viviendas hace casi tres años, sin cobrar un solo centavo del seguro y, sin tener constancia de cuándo verán justicia en sus respectivos casos, pues hay personas que no cuentan con capital para invertir en otra propiedad.

De acuerdo con el representante legal de ambos edificios, Carlos Cabrera Colón, la información ofrecida por un grupo de titulares la pasada semana es incorrecta, ya que “hay un cheque de $5.3 millones emitido por Multinational, la compañía de seguros de Ponciana, que no se ha podido cobrar, por una demanda que sometieron cuatro personas”.

“Ellos (titulares) están impugnando el trabajo hecho por Caribbean Adjusters, que gastó cientos de miles de dólares con ingenieros que trajo. Es una compañía de ajustadores públicos contratada por el consejo de titulares. Esta compañía que contrató a todas las personas para hacer los estudios, su contrato se suscribía a un 10 por ciento de lo que recibiéramos del seguro”, aseguró.

“Esa combinación de la compañía aseguradora y, la compañía ajustadora, es la que nos llevó que, para diciembre de 2020, en menos de 11 meses, ya nosotros teníamos un cheque de $5.3 millones, que estaba hecho en medio de la pandemia. Neto nos tocaban $4.3 millones para distribuir entre 60 titulares”, explicó.

Asimismo, Cabrera, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Condominios del Colegio de Abogados, destacó que, los pagos a los titulares fluctuarían entre $23,000 a $160,000 dólares, “dependiendo del tamaño del apartamento”.

“Esto es asumiendo el pago que estaba hecho del cheque, que por haberse tardado tanto Caribbean, como nueve meses, pero a esa fecha ninguna compañía había pagado en la Isla. Estábamos número uno en cobrar. Se negoció con la Junta a bajarse un 8 por ciento. Pero llevamos dos años y medio y, no hemos cobrado todavía”, cuestionó.

“Caribbean demandó para que se le pague completo su 10 por ciento. No se cobró, porque para enero del 2021, cuatro titulares fueron al tribunal y paralizaron todos los trámites. Ellos entendían que lo que dio la compañía de seguros era poco dinero; muchos de ellos querían que se les pagara la hipoteca, para que le sobraran los chavos completos y eso, ningún seguro le va a decir que es así”, denunció el abogado que fue tesorero en la junta directiva de Ponciana del 2018 al 2021.

De otra parte, acusó al grupo demandante de convencer a otros titulares para que no pagaran sus cuotas y seguros.

La situación, según Cabrera, estaba en contra de una determinación tomada “por la mayoría del consejo de titulares en enero de 2020. Allí se determinó, seguir pagando las cuotas de mantenimiento, contratar seguridad para el edificio y contratar la compañía de ajustadores públicos para que nos representaran ante la compañía de seguro”.

“Esas tres determinadas del 2020 no se han cumplido. No hemos podido cobrar todavía, pero no por la Junta, no fue por la compañía de seguro, no fue por los ajustadores, sino por cuatro titulares, dos de ellos con hipotecas y querían que la compañía de seguros le pagara la hipoteca y le diera los chavos que sobrarán lo que no le iban a dar a los demás”, reiteró.

Al ser cuestionado sobre la capacidad económica de algunos titulares que se quedaron en la calle y su determinación de no pagar las cuotas, el letrado destacó que, “no sé decirle si hay gente que no tiene solvencia económica”.

“No podemos perder de perspectiva que, el cheque para nosotros estaba hecho desde diciembre de 2020 y no lo hemos podido pagar, por culpa de esa demanda que se radicó en enero de 2021. Eso no fue del consejo sino cuatro titulares”, resaltó al mencionar que la cuantía mensual en cuotas “también varía según el tamaño de la propiedad”.

“Ahí yo tenía mi oficina en el segundo piso. Me quedé sin oficina desde el 7 de enero de 2020, igual que todo el mundo. Lo único es que yo he seguido pagando las cuotas. Con la Ley 129, ley nueva de condominios, para entrar al DACO debe tener todo al día. Yo he pagado más de $5,000 desde el terremoto para acá”, agregó.

Entretanto, mencionó que, “esa demanda está ante el Tribunal Supremo, pendiente a que se resuelva”.

Mientras que en el condominio Estancias de Aragón, la solución tampoco arranca. A su vez, insistió en que el desalojo de decenas de titulares fue legal, contrario a lo que establecen los perjudicados.

“En Estancias de Aragón, todavía están bregando con los ajustadores, la compañía de seguro y contratistas. Pasó lo mismo, hubo terremotos, el consejo tuvo que demandar a un titular y a su inquilino porque no se quería ir del sitio, a pesar de que había un ticket rojo que marcaba el lugar como inseguro. No podía estar allí. Eso estaba certificado por ingenieros estructurales”, explicó.

“Nuestra posición es que el desalojo fue completamente legal. Para marzo, la mayoría había desalojado. Ese inquilino desalojó en octubre de este año. Esto está pendiente del tribunal porque obtuvimos una sentencia declaratoria de que nadie más puede entrar al edificio. Todavía el juez no ha podido resolver eso”, añadió.

Por otro lado, el abogado rechazó que el edificio Ponciana, ubicado en el casco urbano de Ponce, esté en peligro de convertirse en estorbo público, ya hubo tres inversionistas locales que estaban dispuestos a comprarlo en unos $3 millones de dólares.

“El edificio no se va a restaurar. El mejor escenario es venderlo como está y, en el momento histórico (2020), habían tres personas interesadas en comprarlo. Lamentablemente, eso se perdió, aunque el 60 por ciento de los titulares, votaron a favor en enero de 2021 por coger el dinero, y a la misma vez vender el edificio”, reveló.

“Pero en aquel tiempo no estaba vandalizado, no estaban las tuberías robadas, no habían vandalizado el edificio. Para aquel tiempo, cuando estaba la seguridad, ofrecieron hasta $3 millones. Pero nosotros, con $4 millones, arreglar un edificio que cuesta $7 millones y no hay dinero para restaurarlo”, afirmó.

Ivette González Cuascut, titular en Estancias de Aragón, cuestionó nuevamente las gestiones realizadas por los directivos de ambos condominios.

En cuanto al propuesto pago del seguro a los titulares de Ponciana, esbozó que, “el cheque es por $4.5 millones, sin embargo, la valorización de ese condominio, que yo sepa, es de sobre $9 millones”.

“¿Por qué la junta no hizo lo imposible para que esa aseguradora pagara el justo valor? Pero le están echando la culpa a los titulares que no se conformaron con ese número porque no es un pago justo”, concluyó.