Puerto Rico tiene el peor índice de infracciones relacionadas con el agua potable de cualquier jurisdicción de Estados Unidos, con peligrosos contaminantes que van desde plomo a desinfectantes para la bacteria coliforme, según reveló un grupo medioambiental el miércoles. 

Casi toda la isla se abasteció en 2015 con agua de sistemas que violaron la Ley de Agua Potable Segura, de acuerdo con un reporte del Natural Resources Defense Council, que emplea las estadísticas más recientes disponibles. 

“La mayoría de estas violaciones fueron por fallos al examinar la seguridad del agua o al informar de los problemas al público o a las autoridades sanitarias como se exige”, señaló el grupo. 

Muchas de estas violaciones ocurrieron durante años, con casi 34,000 entre 2005 y 2015, dijeron funcionarios. Solo en 2015, casi la mitad de los más de 400 sistemas de agua de toda la isla incumplieron los estándares sanitarios federales, según el grupo. 

Karim Del Valle, portavoz de la autoridad Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, señaló que la agencia no tenía comentarios de inmediato. 

Según el grupo, casi todos los 3.4 millones de habitantes de la isla fueron abastecidos por sistemas que violaron los estándares que regulan la presencia de plomo y cobre. Todos los más de 600 incumplimientos, a excepción de uno, fueron fallos a la hora de realizar pruebas para detectar la presencia de plomo o reportar los problemas al público o a las autoridades sanitarias. 

En casi el 10% de los más de 300 sistemas de canalización de la isla que abastecen a pequeñas comunidades rurales, la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense detectó violaciones graves en 2011. Solo uno de esos sistemas cumplía con las normas a principios de 2015, señaló el Natural Resources Defense Council. 

El grupo instó al gobierno del territorio y a la junta de control fiscal que supervisa sus finanzas a destinar más dinero a proyectos para mejorar el uso de la infraestructura. 

El gobierno de Puerto Rico, por su parte, tiene problemas para proporcionar servicios básicos en medio de una recesión que dura ya 10 años. La agencia de agua y residuos es responsable de unos 5,000 de los 73,000 millones de dólares de deuda pública total que el ejecutivo busca reestructurar. 

Casos similares anteriores no derivaron en sanciones por lo que la agencia federal calificó de “dificultados financieras documentadas” del gobierno insular.