Empresas de telecomunicaciones y líderes comunitarios se enfrentaron ehoy, en una audiencia senatorial frente a frente y expusieron posturas diametralmente opuestas sobre la proliferación de antenas de telecomunicaciones en la Isla.

Los telecomunicadores defendieron el actual estado de derecho, sustentado por legislación federal aplicable a Puerto Rico, y se opusieron a un proyecto senatorial que impondría más requisitos para la ubicación de antena en áreas pobladas.

Varios representantes de comunidades denunciaron violaciones de esas mismas leyes por parte de las empresas de telecomunicaciones, relataron diferentes sucesos en que la seguridad de residentes se ha visto en peligro, y reclamaron que se apruebe legislación que vaya más allá de lo que proponen los proyectos en discusión.

La Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones también comparecieron ante la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del Senado, y advirtieron a la Legislatura que su campo de acción para reglamentar esta actividad es tan amplio como lo permita la ley federal.

En particular, advirtió el presidente de la Junta, Javier Rúa Jovet, nada de lo que se legisle puede violentar las disposiciones de la ley federal que establece que no se puede decretar una prohibición para la instalación de estas antenas, que los permisos deben concederse dentro de los 90 días de solicitados cuando se trate de instalar antenas en una torre ya construida, y 150 cuando sea una nueva construcción.

En las audiencias depusieron representantes de comunidades del Viejo San Juan, San Sebastián del Pepino, Ponce y Aguada, entre otras, así como la Coalición de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas en Puerto Rico.

La ponencia de este grupo resumió la postura de los vecinos presuntamente perjudicados por esta actividad empresarial.

“Actualmente, el desasosiego y el temor existen y no se ha logrado aún armonizar los intereses comerciales con los de los ciudadanos, y es por esa razón que estamos aquí, buscando armonizar esos intereses”, expresó el portavoz del grupo, Wilson Rivera Ramos.

Denunció que en Borinquen debe haber ya instaladas sobre 2,000 torres, por lo que con un estimado conservador de tres antenas por torre, deben estar instaladas sobre 6,000 antenas en toda la Isla.

“Si a ese número sumamos las más de 600 antenas militares que operan en Puerto Rico, estamos hablando de un territorio con emisiones electromagnéticas y de baja frecuencia a todo lo largo y ancho de nuestro territorio”, expresó Rivera Ramos.

Adelantándose a la propuesta que presentaría la organización, cuestionó la razón para que en Puerto Rico se establezca una distancia de 100 metros o menos entre una torre de estas y la residencia más cercana, mientras que en España es de 600 metros, en Chile de 500, en México 400 y en los Estados Unidos 300 metros.

Rivera Ramos tuvo palabras fuertes para las empresas de telecomunicaciones en Puerto Rico y sus prácticas.

“De los empresarios con los que nos hemos enfrentado no nos vamos a expresar. Ya hemos conocido sus prácticas e imposiciones: falta de diálogo, intimidaciones, imposiciones, acusaciones falsas y denuncias que se han visto y continuarán viéndose en su momento”, dijo el activista comunitario.

Las propuestas del grupo son: ampliar las distancias a 400 metros; que no se instalen antenas cerca de las escuelas ni en los cascos urbanos; que se le reconozca más intervención a los municipios en estos casos; vistas públicas obligatorias en los casos de antenas, y un plan macro para la ubicación y la reubicación de antenas.

Entre los casos presentados se incluyó el de Zulma I. Figueroa Marty, a quien se le quiere construir una torre de 170 pies en el patio del vecino aledaño, que de caer por algún fenómeno natural o defecto de construcción, caería sobre la terraza de la residencia.

También expuso su situación Ivette Olan y su esposo Nelson López, a quienes se les construyó una torre cerca de su hogar en la comunidad Quebrada del Agua en Ponce, y luego del movimiento de terrenos y tala de árboles para esa construcción, se produjo el desprendimiento de tres grandes rocas que llegaron hasta la casa y, una de ellas, cayó sobre el vehículo de López, quien se encontraba dentro del mismo, resultando con heridas y laceraciones.

En todos los casos se denunció que no se notificó a la comunidad, que se violentan las disposiciones sobre distancia y algunas otras contenidas en las leyes vigentes.

Rechazo de las empresas

El conjunto de empresas que acudió a la audiencia rechazó el Proyecto del Senado 649, de la autoría del presidente senatorial Eduardo Bhatia, por entender que el mismo conlleva violaciones a las leyes federales que reglamentan esta actividad.

La medida propone cambios en la forma en que se mide la distancia, para ampliar la misma; ordena la celebración de vistas públicas compulsorias; ordena también notificar “personalmente” a todos los residentes 100 metros a la redonda de la colindancia del área donde se establecería la torre y otorga mayor participación a los municipios en la revisión de los permisos para su instalación.

“Debemos destacar que los proponentes de proyectos para la ubicación o construcción de torres de telecomunicaciones tienen el objetivo de ampliar y mejorar las redes de telecomunicaciones fundamentados en parámetros de necesidad y no por motivaciones caprichosas”, sostuvo el portavoz de Puerto Rico Telephone Co. (Claro) en el proceso, Walter Arroyo.

“El añadir requisitos tales como los antes discutidos podría atentar contra la agilidad de los permisos, retrasando el desarrollo de las telecomunicaciones y la construcción de las facilidades inalámbricas necesarias en Puerto Rico, lo que podría considerarse como una barrera u obstáculo para que las compañías de telecomunicaciones realicen negocios localmente, contrario a la Sección 332 (c) (3) de la Ley Federal de Telecomunicaciones”, agregó resumiendo el sentir de las empresas del sector.

Además de Claro, declararon en las audiencias AT&T, QMC Telecom, Sprint, y Advance Wireless Communication, entre otras.

Manuel Miranda, de QMC Telecom, empresa que se dedica al desarrollo, construcción, mantenimiento y operación de instalaciones de telecomunicaciones, resumió el otro argumento de las empresa al señalar que “el desarrollo de una mejor red de servicios de telefonía inalámbrica es consistente con las políticas del gobierno de Puerto Rico de hacer disponible servicios de banda ancha y acceso al Internet a la población en general, especialmente para propósitos educativos y para propiciar programas e incentivos que fomenten el desarrollo económico de todas las comunidades, sin importar su localización geográfica”.