Por entender que sus funciones son incompatibles, la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Georgina Candal Segurola, se opuso este miércoles al proyecto que fusionaría esa entidad con cinco procuradurías bajo la Defensoría de los Derechos Humanos.

Candal Segurola planteó que el Proyecto del Senado 1377, presentado por el Ejecutivo como parte del plan de reorganización gubernamental, parte de unas premisas erradas respecto a la función que cumple la CDC.

Asimismo, la exjueza superior señaló que la medida resulta “incongruente” en términos conceptuales, pues presenta una “visión contradictoria” sobre los derechos humanos al dividir las áreas de atención en distintas defensorías asociadas.

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“La fragmentación de los derechos humanos en distintas defensorías es contraria a los principios universalmente reconocidos que establece que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí”, argumentó en el memorial escrito sometido ante la Comisión senatorial de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, que preside el senador Ángel Rosa.

La presidenta de la CDC indicó también que la pieza legislativa presenta una versión incompleta de lo que abarcan los derechos humanos.

“Deja totalmente fuera de su atención los derechos culturales y los llamados derechos humanos de tercera generación que se refiere a derechos mayormente de carácter colectivo, como lo es el derecho a la paz, a un medioambiente sano, al desarrollo y a la libre determinación de los pueblos”, subrayó la licenciada.

Candal Segurola hizo una distinción de la labor que realiza la CDC y la que efectúan las procuradurías a las que sería consolidada al señalar que la institución que encabeza “atiende el espectro amplio de los derechos humanos” y no se limita a un sector de la población.

Destacó igualmente que la CDC no representa gastos extraordinarios para el estado, pues cuenta con un presupuesto de $1.1 millones, que ha sido reducido progresivamente los últimos años.

“La CDC constituye un baluarte histórico respetado por todas las administraciones que ha tenido el país en 50 años, encarna el presente, el pasado y el futuro de nuestro pueblo en los valores de derechos humanos que guía la Constitución del Estado Libre Asociado”, puntualizó Candal Segurola.