El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román Espada, criticó la forma en que el Gobierno ha manejado la crisis provocada por el coronavirus en la Isla y señaló la implementación tardía de medidas para intentar evitar la propagación del virus.

“El mismo gobierno no tomó precauciones previas que permitieron el contagio. No se intervino en los puertos ni en el aeropuerto a tiempo; no se tomaron pruebas diagnósticas; se menospreció la peligrosidad de la pandemia; y se permitieron eventos multitudinarios. La intervención pronta del gobierno pudo haber evitado o, al menos, reducido significativamente las posibilidades de contagio”, indicó Román Espada en declaraciones escritas.

“La orden ejecutiva promulgada tiende a parecer una ley marcial, que limita drásticamente derechos fundamentales como la congregación religiosa, el acceso a la justicia, la libertad de movimiento, el flujo de negocios, entre otros. Las medidas necesarias y serias para atender la difícil situación salubrista no pueden ser pretexto para desprender a la ciudadanía de sus derechos más básicos, desde el poder del Estado”, agregó al referirse a la orden firmada por la gobernadora Wanda Vázquez que ordena un toque de queda y cierre de comercios.

“Los salubristas han insistido en que la manera de atender el crecimiento de los contagios requiere de menor contacto entre la población. La orden de cierre de la actividad de gobierno, los centros comerciales, cines, eventos públicos, desde una perspectiva de protección de la salud pública, es una medida correcta. Sin embargo, hay que resaltar que el texto legal de la orden ejecutiva adolece de serios defectos”, sostuvo para agregar que el documento señala que está fundamentado en lo dispuesto por la Constitución en su Artículo VI, secciones 5 y 6 y “esas secciones nada tienen que ver con este asunto y no sostienen la validez constitucional de la orden ejecutiva”.

Por último, Román Espada dijo que la atención punitiva en contra de la ciudadanía y en plazo excesivamente corto hace de la medida una de muy difícil cumplimiento y se presta para situaciones discriminatorias. “El Estado debe ser muy cauteloso al momento de intervenir con quien se encuentre en lugares públicos aun por razones no contempladas como excepción en la orden ejecutiva. La orden hay que atemperarla al derecho vigente, corregir las referencias constitucionales, y reconocer que los derechos fundamentales de la ciudadanía son el garante de la democracia”.