El Colegio Nuestra Señora de Belén, en Guaynabo, violentó la Ley de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación al emitir la notificación de su cierre con menos de 60 días de anticipación a los padres y a alrededor de cinco semanas del inicio del próximo año escolar.

Además, incumplieron al no notificarle al Departamento de Estado de que se disponían a decretar un cierre. Sin embargo, la regulación no dispone que se les imponga multas por estos incumplimientos, aunque se puede hacer un referido en su contra ante el Departamento de Justicia.

“Sí, es obligatorio de la institución habernos notificado ese cierre y sí, se establece ese periodo de notificarlo”, afirmó Damaris Nolasco, directora de la Oficina de Licenciamiento de Instituciones Educativas del Departamento de Estado, al demarcar los problemas identificados en este cierre del colegio católico por la sorpresiva decisión.

No obstante, la funcionaria aceptó que en el caso de “instituciones básicas”, que operan de Kínder a cuarto año, la ley no impone multas por incumplimientos. Sí podrían multar a colegios técnicos y universidades.

Señaló que, en este caso, lo que les corresponde a hacer es que “se notifica a la institución que tienen el deber de completar el proceso de enviarnos ese informe de cierre”.

Este panorama salió a la luz luego de que el representante Víctor Parés exigió, mediante comunicado de prensa, a la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico a establecer protocolos para anunciar cierre de instituciones educativas. Sin embargo, la presidenta de esta entidad, Emma Sulsona, aclaró que el protocolo se fijó mediante la mencionada ley, que deja ante el Departamento de Estado regular todo lo correspondiente a los colegios.

Sulsona detalló que la Ley 212 del 2018 “establece todos los requisitos que tienes que cumplir, requisitos específicos. Al final de la ley, tienes el protocolo que se debe hacer cuando va a hacer el cierre de un colegio”.

Específicamente, en la sección 14 se expone que “cuando una institución de educación se disponga a cesar operaciones, tendrá el deber de notificarlo al estudiantado con no menos de 60 días de anticipación”.

La regulación también destaca, en la sección 10, que el colegio debe contar con un protocolo para su cierre. Este es un documento que los padres deben solicitar para conocer cuáles serían las acciones que tomaría la escuela en caso de cierre, afirmó Nolasco.

Fue el martes que trascendió el cierre del Colegio Nuestra Señora de Belén mediante una carta fechada el 1 de julio y firmada por el director escolar, el sacerdote católico Danilo de Jesús Martínez Duarte. En la misma se informó a los padres que el cese de operaciones será al 31 de julio de 2024, alrededor de 30 días de la notificación.

Primera Hora intentó conseguir una reacción del colegio, pero no hubo respuestas. Tampoco se pudo contactar al arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, a su unidad móvil.

Los incumplimientos

La directora de la Oficina de Licenciamiento de Instituciones Educativas precisó que mediante la Ley 212 el Departamento de Estado emiten certificaciones anuales para que las instituciones de educación privada puedan operar, ya que esta medida les garantiza el cumplimiento de múltiples requisitos. Explicó que este proceso inicia en enero para que la escuela o universidad pueda tener disponible la certificación para el nuevo año escolar.

“Si la escuela no está debidamente registrada, los grados no son válidos”, explicó.

Según contó, en el Colegio Nuestra Señora del Belén “hicieron su solicitud a tiempo de registro para este año y se aprobó. Era un colegio que estaba en cumplimiento, nos sorprendió”.

Indicó que fue “por medio de un tercero” que obtuvieron la carta del cierre. Informó que este miércoles envió una comunicación al colegio para explicarles a sus directivos que deben llenar un formulario de cierre y cumplir con cierta información. Destacó que unos de los aspectos a los que le dan importancia es quién será custodio de los expedientes educativos de todos los estudiantes. Aceptó que, en este caso, la carta de cierre comunica que estarán custodiados por la Superintendencia de Escuelas Católicas.

“Advinimos en conocimiento cuando vimos la carta. Algunas instituciones lo hacen con anterioridad, como se supone. Es una situación bien atípica. Ellos establecen que es una decisión que tomaron hace poco tiempo y esa institución había solicitado registro para operar este año. Ellos están autorizados y todo. Esa decisión la tomaron bien a última hora”, comentó la funcionaria.

Del mismo modo, Nolasco señaló que entiende que “la ley es clara, dice lo que debe hacer en caso de cierre”. Entendió, sin embargo, que el problema es que “tal vez debe ser más específica en ese planteamiento en qué conlleva el incumplimiento”.

La única opción que les da la Ley 212 es recurrir al Departamento de Justicia para que la agencia inicie un caso legal. Esto se debe a que la regulación expone que “toda persona, sea natural o jurídica, que opere en Puerto Rico una Institución de Educación Básica en violación a las disposiciones de esta Ley incurrirá en delito grave que será sancionado con una multa de $5,000″. Pero, aceptó que este paso no se ha dado, ya que todavía no cuentan con una notificación del colegio de que decretarán tal cierre.

Además, la funcionaria hizo constar que “la educación privada es un contrato que hace el padre con la institución”. Por ello, señaló que estos también tienen opciones legales.

Para evitar percances futuros, les recomendó a los padres a que estén pendientes si la institución está certificada y cuáles son los protocolos que la rigen. “Así se aseguran que sus hijos estén protegidos”, afirmó.

Dolor y frustración

En el caso de los padres afectados por el cierre del colegio, estos han alzado la voz en las redes sociales debido a que el anuncio les sorprende próximo a iniciar el año escolar, sobre todo porque han invertido en uniformes y libros.

Alicia Santos escribió en la publicación en redes en la que dieron a conocer el cierre que “me cuesta entender cómo una institución cristiana y católica decide cerrar sorpresivamente y sin previo aviso cuando, entre las poblaciones que atiende, se encuentra una población de estudiantes con necesidades especiales, aun sabiendo la dificultad tan grande que existe en Puerto Rico para conseguir instituciones que brinden dicho servicio y lo complicado que es para muchos de estos estudiantes la adaptación al cambio”.

“Podrán justificar económicamente todo lo que quieran el cierre de la institución, pero jamás la forma en que decidieron llevar a cabo dicho cierre. Debería darles vergüenza predicar bendiciones y enviar saludos de ‘paz y bien’ con lo que han hecho. Lo menos que se merecían los padres, estudiantes y el personal docente y administrativo era una notificación adecuada y oportuna de la decisión y que dieran cara a la comunidad escolar una vez la tomaron, aunque fuera para apoyo moral o para ayudar en la transición”, añadió.

Mientras, Saby Tobín escribió que “lamentablemente, la manera en la que se trabajó la situación no fue la mejor. Es una decisión que afecta mucho las familias, mis tres hijos estaban matriculados y ya habíamos realizado la inversión de todos los materiales y libros. Estamos trabajando en matricularlos en otro colegio, pero ha sido un reto tanto emocional para los niños como financiero”.

Por otro lado, el Departamento de Estado tiene bajo su registro este año que están “en proceso de cierre” ocho instituciones educativas. Estas son el Colegio Carmen Sol, en Toa Baja; Nuestra Señora de la Providencia, en Cupey; Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, en Bayamón; el colegio Nuestra Señora del Carmen, en Villalba; Colegio Santísimo Rosario, en Yauco; New Day Elementary School, en Guayama; Colegio Metodista Julia Torres Fernández, en Ponce, así como el Centro de Educación Secundaria Acelerada, en Canóvanas.

La presidenta de la Asociación de Educación Privada sostuvo que le preocupa estos cierres.

“Es una preocupación genuina que tenemos todas las instituciones privadas ante los cambios demográficos. Hemos sido enfáticos en orientar a instituciones en que no es momento de hacer inversiones sustantivas, que hay que ser comedidos y que todo apunte al beneficio de los estudiantes. Ahora mismo, hay alza de la luz, agua, salario mínimo, que nos impacta sobre manera y el presupuesto está basado en cantidad de estudiantes. Esos aumentos son sorpresivos. Así que es durante el año que somos muy comedidos en gastos y asumimos muchas veces los gastos”, manifestó Sulsona.

Recomendó a los colegios a hacer mucha publicidad de sus ofrecimientos, encuestar a los padres y estudiantes sobre los servicios que buscan, así como tener un buen sistema de comunicación para mejorar sus ofertas académicas para atraer a los próximos alumnos.