Una coalición de féminas “luchadoras por de los derechos de las mujeres en toda su diversidad” reclamó hoy a la Legislatura que se respete el derecho a la intimidad, incluyendo el derecho a decidir sobre continuar o no un embarazo y sobre la sexualidad.

“Ningún derecho nuestro se ha conseguido livianamente o ha sido regalado. Todos nuestros derechos los hemos logrado luego de arduas luchas que han costado desde la muerte a algunas de nuestras predecesoras, pérdidas de trabajo, pérdidas de familia, pero seguimos luchando. Y el aborto es uno de esos derechos que hemos adquirido”, sostuvo la doctora Esther Vicente, poco antes que se diera lectura a una carta dirigida al Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, en rechazo “a todo proyecto de ley que busque reducir y eliminar derechos adquiridos de las mujeres”.

“Estamos aquí hoy para enviar un mensaje contundente a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Queremos plantearle a la Asamblea Legislativa que no elimine los derechos que ya hemos adquirido, que no limite el derecho al aborto con el que hemos estado trabajando y viviendo por décadas y hemos utilizado de forma ética, que no imponga más barreras al derecho al aborto de las que existen al momento, y que respete el derecho constitucional a la intimidad y el derecho constitucional al aborto”, agregó Vicente.

La doctora Luz Towns-Miranda recordó cómo a sus 22 años, en medio de una crisis médica por un cáncer, se encontró con un embarazo no planeado, “y fui a la clínica de Planned Parenthood en el 1973, cuando recién habían aprobado Roe vs. Wade, y las personas ahí, con una alegría, me dijeron, ‘tienes una opción ahora, puedes seguir con el embarazo o puedes terminar el embarazo’”.

“Yo le doy gracias a Dios que, en esa época, yo tuve una opción. Porque yo me había criado con un terror de caer en cinta, como las demás niñas en mi adolescencia, y no hubiese sabido qué hacer, y sentí que no tenía opciones. Ahora en Puerto Rico hay un peligro de nuevo para quitarle el derecho a las mujeres a decidir por ellas mismas cuál sería el futuro de ellas. Hoy estoy aquí por eso. Ustedes están aquí todo el tiempo batallando y asegurándose de que la Legislatura y el gobierno local hagan lo correcto”, agregó la madre del reconocido actor, cantante, compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

En su misiva al Comité de lo Jurídico de la Cámara el grupo condena que, “en lugar de atender la crisis real que afecta a las mujeres”, como la violencia de género, el hecho de que más del 50% de las madres que son jefas de familia viven bajo el nivel de pobreza, o las dificultades de acceso a servicios de salud dignos, “un grupo de legisladores han decidido enfocarse en eliminar derechos históricamente reconocidos a las mujeres”.

“Afirmamos que el aborto es un servicio de salud esencial que la Legislatura no debe limitar”, lee parte de la carta. “Aprobar un proyecto de ley que restrinja o prohíba el aborto en el país, es retroceder en el reconocimiento de derechos y condenar la salud y vida de las mujeres, como lo hemos vivido en el pasado”.

“Queremos una Legislatura que garantice y respete los derechos constitucionales de las mujeres para que estén protegidas. Una Legislatura que cumpla con la responsabilidad de permitir acceso equitativo a servicios de salud esenciales igual que a los otros servicios básicos necesarios para tener una vida digna con oportunidades para prosperar”, agrega la misiva.

La doctora Vicente indicó que una parte esencial del reclamo que tiene ese junte de mujeres “y muchas otras que estamos luchando por este derecho” es que “se eleve a legislación lo que ya tenemos, que está reconocido por la jurisprudencia y nuestra Constitución. Si se va a hacer algo, eso es lo que debería hacerse., no limitar los derechos que hemos adquirido después de tantas luchas

Vicente recordó que “el derecho vigente en Puerto Rico actualmente es que una mujer, en consulta con su médico, puede terminar un embarazo en cualquier momento de la gestación, para proteger su salud y su vida. Salud, interpretado como salud física y salud mental. Así es que, ese es el estado de derecho vigente. Las mujeres hemos utilizado ese derecho de forma responsable. No hay un problema de salud pública en el país en torno a este derecho”.

“Entendemos que todos estos proyectos de ley restrictivos que se han inventado algunos legisladores y legisladoras son totalmente innecesarios, un ataque a nuestra libertad, a nuestra intimidad y a nuestra igualdad”, agregó la lideresa feminista.

Además de acceso adecuado al servicio de salud del aborto, las líderes también reclamaron acceso a información sobre cómo evitar los embarazos, educación en sexualidad en las escuelas para que los niños y niñas, los jóvenes puedan entender los procesos reproductivos y controlar adecuadamente la reproducción, de manera tal que el aborto no sea necesario. De igual forma, reclamaron acceso para todas las mujeres a los métodos anticonceptivos, así como información adecuada y romper con la desinformación que está surgiendo desde este cuerpo y desde otros espacios e instituciones en nuestra sociedad.

De igual manera, las profesionales reclamaron que estos temas “se discutan desde el aspecto científico, de datos, separado de los dogmas religiosos”, que tengamos una discusión de todos estos temas “desde una perspectiva científica, laica y de derechos humanos, y que todas y todos participemos de ese proceso”.

El grupo de lideresas feministas que firmó la carta incluye a la investigadora retirada Alice Colón Warren, la catedrática de derecho retirada Ana Matanzo Vicéns, la doctora y profesora universitaria Carmen M. Vélez Vega, la doctora y profesora de derecho Esther Vicente, la doctora Irma Lugo Nazario, la doctora y psicóloga Luz Towns-Miranda, la doctora y profesora de derecho Patricia Otón Olivieri, Johanne Vélez-García, la licenciada Josefina Pantoja Oquendo, la licenciada y catedrática de derecho Marilucy González Báez, la catedrática jubilada Sara Benítez-Delgado y Vilma González Castro.