Una coalición de diversas organizaciones que representan un amplio sector de la sociedad condenó este martes en una manifestación frente al Departamento de Educación (DE) lo que aseguran es un “agresivo plan de expansión de las escuelas chárters”, en las cercanías de escuelas públicas, con el fin de drenar a estas últimas de sus estudiantes y atraerlos a las escuelas privadas.

El grupo, además, convocó al pueblo en general a unirse a la marcha contra la privatización de las escuelas públicas, que llevarán a cabo el 1 de junio próximo, a las 3:00 p.m., entre la Plaza Colón y la Fortaleza, en el Viejo San Juan.

“La educación pública del pueblo está siendo vilmente atacada. Hay un intento de desmantelarla para privilegiar a los amigos de la Ley 22, como es el caso de Robert Acosta y su chárter Paradiso College. Esta empresa pretende desahuciar a la comunidad de la Escuela Vila Mayo para beneficiar los bolsillos de los inversionistas de la Ley 22 que ven en nuestros estudiantes números y centavos”, denunció Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto. “Por eso defenderemos el derecho a una educación pública para todos. Puerto Rico necesita fortalecer su sistema público de educación, no desmantelarlo. Necesitamos autonomía escolar verdadera y para ello es menester que se derogue la Ley 85 y se sustituya por una verdadera Ley de Reforma Educativa”.

Además de la marcha, el grupo anunció otras acciones de las que serán parteo o que estarán llevando a cabo como parte de este reclamo, entre ellas la prede la Resolución Conjunta del Senado 424, que propone establecer una moratoria inmediata al establecimiento de escuelas chárter.

Según se indicó, la medida fue presentada por las senadoras y los senadores María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Migdalia Padilla Alvelo, del Partido Nuevo Progresista (PNP); y José Vargas Vidot (independiente).

De hecho, representantes tanto del PIP como de MVC se unieron a la manifestación de la coalición frente al DE. Nehemias García, portavoz de la Red de Educación de MVC y maestro, denunció que las escuelas chárter “no siguen el currículo de enseñanza del sistema educativo del país, ni las políticas públicas del DE”. El legislador Denis Márquez Lebrón, representante y portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, afirmó que el PIP “rechaza la privatización del sistema educativo y exige el derecho fundamental a una educación pública y gratuita”.

En tanto, Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de la organización El Otro Puerto Rico, se unió al repudio al “negocio corrupto de las escuelas chárter”, que describió como “un modelo de privatización que busca poner dinero público en bolsillos privados, garantizando las ganancias de estas empresas con nuestros impuestos, mientras se les permite evadir la responsabilidad de brindar información sobre sus operaciones y pisotear los derechos de nuestro magisterio”.

De igual forma, la organización Jornada se Acabaron las Promesas, también se unió a la convocatoria de la coalición, “porque como hemos dicho en infinidad de ocasiones, es una sola lucha... para que este país pueda vivir de la manera digna que se merece”.

La coalición anunció además la creación de la página web https://linktr.ee/defiendelapublica para que las personas interesadas puedan obtener más información sobre el tema de las escuelas chárter que están denunciando. La página contiene además una petición que recoge firmas electrónicas en apoyo al reclamo del junte multisectorial.

Responde Educación

Ante la denuncia, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, recordó que la agencia recién comenzó un proceso de descentralización, “para dar agilidad, eliminar burocracia y asegurar que nuestras escuelas cuenten con todo lo necesario para la educación de nuestros niños y jóvenes. Justo esta semana hemos iniciado los trabajos con una encuesta para escuchar las comunidades y acoger sus recomendaciones”.

“Eso se distancia de la insinuación de privatización en nuestras escuelas por el contrario buscarnos acercarnos más a ellas y que sean más competitivas para un mejor aprovechamiento académico”, añadió el secretario.

“Las escuelas público alianzas están contenidas en la Ley 85, son un ofrecimiento distinto para que los padres y estudiantes puedan evaluar opciones de estudios para sus hijos. La misma Ley impone un tope de un 10 % del total de las escuelas como cifra viable para el establecimiento de estas escuelas. En la actualidad, hay 10 escuelas activas, unas cinco están en el proceso de evaluación para el año escolar 2023-24 y, hay unos ocho proponentes para el año 2024-25″, finalizó Ramos Parés.