Un grupo de conductores irrumpió esta mañana en la zona del Centro Médico en Río Piedras para tocar sus bocinas frente al Departamento de Salud y dejar sentir su repudio sobre el bajo número de pruebas que se le han hecho a la ciudadanía a casi dos meses de que se detectara el primer caso de contagio por coronavirus.

Desde las 8:30 a.m. los ciudadanos se manifiestan desde sus autos para lograr mantener el distanciamiento social. Se espera que a las 10:00 a.m. se trasladen hasta el Departamento del Trabajo a hacer sentir su malestar a bocinazos.

11 Fotos

Giovanni Roberto, quien convocó la manifestación en el Departamento de Salud, informó a Primera Hora que su reclamo es que “las pruebas que existen en Puerto Rico comiencen a usarse de manera adecuada para empezar a identificar casos sintomáticos y asintomáticos”.

Aceptó que estas pruebas no tienen que hacerse a los 3.5 millones de residentes de la Isla, sino por lo menos a los grupos en mayor riesgo. Identificó a los trabajadores del campo de la salud y a los manejadores de la emergencia como este primer grupo.

“Nosotros estamos muy detrás de la perspectiva para controlar la pandemia. Hay criterios de hacer las pruebas que no solucionan el problema… Esa medida de hacerlas cuando desarrollan síntomas está atrasada y pasé en todos los lugares del mundo”, afirmó.

Roberto expuso que, a su juicio, se deben comenzar a identificar a los casos asintomáticos de la enfermedad. Por ello, insistió en que se les hagan pruebas a médicos, enfermeros, paramédicos y todo el personal que está directamente laborando en esta emergencia de salud pública.

Desde el pasado 8 de marzo que llegó a la Isla una pareja de italianos contagiada con coronavirus a borde del crucero Costa Luminosa se han realizado 12,174 pruebas de COVID-19, de las cuales 1,378 pruebas han arrojado resultados positivos, 8,842 han sido negativas, 1,944 están pendiente de resultados y 10 permanecen con resultados inconclusos, informó esta mañana el Departamento de Salud.

El secretario Lorenzo González Feliciano aceptó el sábado que enfrenta un problema porque se han distribuido 100,000 de las 200,000 pruebas rápidas que adquirió el gobierno y desconoce la razón por las que se no se les han hecho a las personas.

“Tengo una cosa que tengo que resolver. Definitivamente, yo quiero saber dónde están mis 95,000 pruebas en la periferia, por qué no se han utilizados y qué realmente dispone cuál es el problema para que esas pruebas no se estén generando”, afirmó González Feliciano a la prensa.

Hasta el momento, no hay una respuesta concreta de la razón por la que las pruebas rápidas disponible no se han utilizado.

Sin embargo, la semana pasada falleció un joven de 29 años en Caguas, identificado como Joshua James Sánchez. Su padre, Luis Ángel “Wichy” Sánchez, denunció que el joven acudió tres veces al hospital y en las primeras dos ocasiones le negaron la prueba del COVID-19. Ya cuando se la hicieron, estaba en estado crítico y murió, convirtiéndose en la persona más joven en la Isla víctima de este novel virus.

Ante este cuadro, Roberto exigió que se hicieran más pruebas.

“Tienen que adquirir más pruebas moleculares, pero ya hay pruebas en el país. Hay que hacer pruebas masivas en sectores en específico. Dentro de la lógica epidemiológica, se puede empezar con los hospitales, que pueden ser uno de los lugares de mayor contagio. Una enfermera que va a su trabajo y llega a su casa sin síntomas, eso lo queremos saber, quiénes son”, explicó.

El activista también exigió que se cuenten los casos positivos de una manera “limpia y transparente”.

Opinó que los errores que aceptó González Feliciano en el sistema de vigilancia del coronavirus y la limitación de pruebas puede ser una estrategia del “gobierno para que el sector privado tenga justificación para abrir la economía. Lo que van a hacer es una apertura irresponsable, que va a poner en riesgo la salud de los trabajadores. Responsabilizamos tanto al doctor Lorenzo González y gobernadora (Wanda Vázquez) si hay un repunte de casos y muertes. Van a ser responsables y son crímenes”.

Por otro lado, Roberto señaló que los ciudadanos también protestan por la lenta respuesta que ha tenido el gobierno para atender las peticiones al seguro por desempleo y al beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Exigió que el Departamento del Trabajo abra el centro de llamadas las 24 horas, los siete días de la semana.

Comentó que mies de personas han tratado de hacer su reclamación por las pasadas seis semanas y nadie responde en el número telefónico provisto, 787-945-7900. También señaló que se registran rechazos por hechos como no poner un correo electrónico o estar mal escrito.

El ciudadano también denunció que las personas también solicitan el PAN y no reciben respuesta. Por ello, reclamó que el Departamento de la Familia, a cargo de evaluar las peticiones, que dé una aprobación automática a lo que lograr analizar los casos.

“(Un) 6% de las solicitudes han sido aprobadas, eso es cerca de 5,000 personas solamente le ha sido aprobado la solicitud del PAN y mientras tanto la gente está pasando hambre y pasando necesidad”, denunció Roberto.