El desarrollo de complejos de vivienda más reducidos, la ausencia de servicios adecuados de salud, la carencia de un empleo y sueldo justo, así como la especulación que domina el mercado inmobiliario son algunos de los elementos que empujan a los puertorriqueños a abandonar sus espacios y tierra, denunció la Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional.

“Ya no soportamos más estos atropellos, necesitamos poner comida en nuestras casas, necesitamos poder acostarnos traquilos, sin la angustia de que mañana voy a estar en la calle...todos estamos expuestos y llegó el momento de decir, basta ya”, sostuvo la líder comunitaria Mirta Colón que vivía en el residencial Las Gladiolas, en Hato Rey, terreno donde hoy ubica el complejo Renaissance Square.

Miguel Ángel Reyes, residente de Vieques, conoce bien las “tácticas” para desplazar a la mayoría de la población, que en el caso de la Isla Nena concentró en las áreas de salud, transportación marítima, vivienda y empleo. “Los servicios de salud en la Isla Nena, en términos prácticos y reales, no existen. Tenemos una caricatura de un centro de diagnóstico y tratamiento que se encuentra ubicado en un refugio que, ni para eso está apto”, compartió Reyes.

El hospital de Vieques sufrió serios daños estructurales a causa del huracán María, en septiembre de 2017, pero no fue hasta el pasado mes de mayo que inició la demolición de la antigua instalación. “Las personas que tienen una condición o condiciones tienen que, en muchos casos, abandonar su tierra en búsqueda de atención médica, llevándose a su familia con ellos”, dijo.

A esto se suma la “imposición de un horario de entrada y salida a nuestro espacio de vida” y de una ruta marítima entre Vieques y Ceiba que, señaló, es más larga y cara para las personas que dependen del “limitado” transporte público. “La especulación de tierras, productos de los rescates en nuestra isla, se ha convertido en un negocio a gran escala en el que participan empresas de bienes raíces con el conocimiento y consentimiento de quienes tienen la titularidad”, expuso.

Reyes sugirió la creación de un Fideicomiso de Tierras como medida para evitar la especulación y el desmembramiento de las comunidades.

Colón, por su parte, sostuvo que no se oponen al desarrollo, pero sí expresó reservas con los nuevos modelos de vivienda, los cuales -al contar con menos unidades- reducen significativamente las oportunidades de obtener un hogar seguro a las personas económicamente más vulnerables. “Las Gladiolas, en su momento, contaba con 678 unidades de vivienda. Hoy día se desarrollaron 140 unidades y de las 140, solo 56 son de vivienda pública”, indicó.

El complejo Las Gladiolas se implosionó en el 2011 y, como alternativa para reubicar a las familias que vivieron allí un día, se desarrolló el complejo Renaissance Square, en Hato Rey, a donde solo ingresaron 14 familias que un día vivieron en Las Gladiolas, dijo Colón. “Esto es una manera de desplazarnos, porque no podemos vivir en comunidad”, señaló.

David Figueroa, por su parte, habló de parte de la población con diversidad funcional, la cual se ha reducido en cerca de 200,000 en la última década.

Figueros destacó el deterioro en el que se encuentra el Centro de Rehabilitación Vocacional de San Juan, localizado en el Centro Médico; y el impacto adverso que tendría sobre esta población la reubicación de los servicios en el edificio Mercantil Plaza, en San Juan, como se pretende hacer.

“Proponen llevar lo que resta del muerto al Mercantil Plaza para acabar de eliminarlo”, dijo al sostener que este edificio no cumple con las estipulaciones de la Ley ADA. “El gobierno sigue entorpeciendo el que nosotros nos podamos incluir en una sociedad justa que nos permita igualdad de oportunidades”, afirmó Figueroa.

La falta de atención a los damnificados tras el huracán María y el alza en los servicios básicos de agua y luz son otras “tácticas” de desplazamiento, denunciaron. “Que se acuerden los gobernantes que aquí también se han desplazados gobernadores y eso no se le puede olvidar a nadie”, señaló Figueroa.