El coronavirus provocó que en Puerto Rico, con una población de 3.1 millones, un total de 329,000 personas solicitaran ayuda por desempleo, un duro golpe para una economía castigada por más de un década de recesión, una monumental deuda y falta de actividad desde mediados de marzo.

El expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, José Caraballo, señaló hoy a Efe que se trata de una “cifra altísima” de desempleo que, sin duda, tendrá consecuencias en la marcha de la actividad de la Isla.

Caraballo destacó que la situación del desempleo es especialmente grave si se tiene en cuenta que es posible que un buen número de esos solicitantes no hayan recibido todavía las ayudas públicas.

“Todo esto tiene un impacto en los hogares, que pueden comprar menos y hasta se han reportado casos de hambre”, indicó el también profesor universitario, para quien el alto desempleo provocado por el coronavirus tiene como primera consecuencia menor poder adquisitivo por parte de las familias y, por lo tanto, un estancamiento de la economía.

Un total de 328,934 solicitudes de desempleo por COVID-19

Las solicitudes por desempleo desde el comienzo de la crisis a mediados de marzo ascienden a 328,934 personas, de acuerdo a la información que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos proveyó al Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

Un total de 238,000 solicitudes por desempleo se solicitaron hasta el pasado día 2, a lo que hay que sumar 90,000 más del Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, en inglés), iniciativa del Gobierno federal que incluye ayudas por desempleo para trabajadores por cuenta propia o contratistas independientes.

El Ejecutivo, liderado por Wanda Vázquez, anunció su compromiso para ayudar a la economía en estos momentos de alto desempleo.

Vázquez dio a conocer que un total de 231,111 contribuyentes adicionales recibieron la ayuda económica del gobierno federal de 1,200 dólares depositado por el Departamento de Hacienda en la primera fase de distribución, lo que incluye a los contribuyentes que presentaron la declaración sobre ingresos de 2019.

La gobernadora dijo que ya completó el desembolso de cerca de 365 millones de dólares para más de 231,000 contribuyentes.

Ayudas entregadas a 569,000 contribuyentes

La gobernadora recordó que esos nuevos desembolsos hacen que ya se haya entregado esa ayuda federal a un total de 569,000 contribuyentes.

Los planes de ayuda de la gobernadora han chocado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad federal impuesta por Washington para abordar el asunto del impago de la deuda pública de la Isla.

La JSF ordenó a Vázquez a detener la resolución 534, que pretendía, durante 120 días, eliminar el arbitrio a los automóviles, medida que según la entidad de control no está directa ni indirectamente relacionados con la emergencia.

Todo esto tiene un impacto en los hogares, que pueden comprar menos y hasta se han reportado casos de hambre.

-José Caraballo, expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

La Junta pidió por ello que la medida no sea aprobada por la Cámara de Representante ni firmada por la gobernadora, en una carta de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

Según Jaresko, esa resolución del Ejecutivo no aborda ninguna necesidad social, económica o de salud primaria.

La Junta contra proyecto del Senado

La JSF se opuso además al proyecto del Senado 1578 para la entrega de un bono de productividad de hasta 500 dólares a todos aquellos empleados públicos que han trabajado durante la emergencia del COVID-19 y que no han recibido ninguna otra compensación.

La JSF justificó su postura por, según argumentó, haberse tomado ya suficientes medidas para aliviar las consecuencias de la emergencia del COVID-19, lo que incluye bonos a trabajadores de la salud, educadores y comerciantes.

La JSF entiende que la autorización para utilizar los fondos del Paquete de Emergencia ya se canalizó en la resolución conjunta 23-2020.

Además, la Ley federal Cares provee pagos de 1,200 dólares para algunos individuos, otros 2,400 dólares para parejas y 500 más para niños.

“Legislar bonos adicionales para empleados públicos que han seguido recibiendo sus salarios completos, especialmente cuando hay cientos de empleados privados que han sido despedidos, pone la situación financiera del Gobierno en más riesgo. Por tanto, la Junta considera que el proyecto del Senado 1578 no debe ser aprobado en la Cámara de Representantes”, señaló Jaresko en una carta.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus COVID-19, pueden llamar a la Línea PAS de Assmca al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al 787-999-6202.