Kelvin Coffie es padre de un niño de educación especial y viajó esperanzado de Cabo Rojo a San Juan para ser parte de la vista del caso promovido por un grupo de organizaciones contra el Departamento de Educación (DE) para exigir que la agencia abra las escuelas y cumpla con su deber de educar a los estudiantes. 

Al concluir la vista, sin embargo, salió de la sala indignado por la posición expresada por las abogadas de la agencia, cuando argumentaron que el recurso no debería atenderse porque los demandantes no han presentado evidencia de daño producido por el cierre de escuelas. 

“No entiendo cómo pueden decir algo así. Yo estoy sufriendo esto a diario. Mi hijo ha tenido una regresión”, dijo el padre enojado. 

Narró que, sin darle razón alguna, cerraron la escuela a la que asistía su hijo, que contaba con todas las condiciones para atender estudiantes de educación especial y no sufrió daños significativos, para enviarlo a una que no está preparada para acogerlo.

La vida de su niño de 11 años, que padece una forma de autismo “de bien poco funcionamiento” que exige que cuente con una atención constante y rutinas establecidas. Se ha trastocado de tal manera que ha tenido que adelantar citas médicas y aumentar las dosis de sus medicamentos. 

“Se empezó a autoagredir. Él se muerde las manos, se da puños en la cabeza a veces, es algo bien fuerte. Eso yo lo veía cuando él era más pequeño. Todo eso se había solucionado. En su escuela él estaba en su ambiente”, lamentó Coffie. “Todo eso se rompió”.

Este caso es apenas uno de los miles que, a juicio de los demandantes, justifican el recurso para exigir al DE un plan claro, detallado y certero para abrir las escuelas y ofrecer educación. El DE, en cambio, argumenta que ha actuado de manera razonable y dentro de sus facultades, y por tanto debe desestimarse el recurso.