Cientos de personas —entre ellas líderes religiosos, economistas, profesores y jubilados— se manifestaron el miércoles en Puerto Rico contra una propuesta para aumentar los ya de por sí costosos recibos de luz que un creciente número de personas tiene dificultades para pagar.

Los inconformes marcharon hacia la mansión del gobernador, donde izaron banderas puertorriqueñas y sostuvieron letreros en los que advertían que un aumento en los recibos de la electricidad provocaría un alza insostenible del ya de por sí elevado costo de vida en la isla.

La propuesta para el aumento forma parte de un plan de restructuración de la deuda que sacaría de la quiebra a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, una iniciativa que ha fracasado en muchas ocasiones, ya que los tenedores de bonos amenazan con demandar para recuperar sus inversiones. De aprobarse, la actual tarifa residencial de 25 centavos por kilovatio-hora casi se duplicaría en un plazo de 30 años.

Un juez federal que supervisa el proceso de quiebra sostuvo una audiencia el miércoles sobre el asunto luego de postergar la aprobación del plan de reestructuración de la deuda.

Los precios de la luz para las viviendas en Puerto Rico son actualmente de casi el doble de lo que cuesta en el territorio continental estadounidense, mientras que las tarifas industriales y comerciales son de más del doble, de acuerdo con la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos.

El temor de recibir unos recibos de luz más altos impulsó a muchos a unirse a la protesta del miércoles, incluida la reverenda Lizzette Gabriel, obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico.

“Mientras más incrementos en el costo de energía, menos dinero tiene la familia para subsistir, y no todo el mundo tiene dinero para colocar un sistema solar”, señaló.

A Gabriel le preocupa que unos recibos de luz más costosos conduzcan al cierre de pequeñas empresas y a la reducción de servicios por parte de las iglesias. Más del 40% de los 3,2 millones de habitantes de Puerto Rico viven por debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 19% de Mississippi, el estado más pobre de Estados Unidos.

Muchos puertorriqueños también están furiosos por la propuesta del aumento, dados los continuos apagones atribuidos a una red eléctrica en pésimo estado, que no fue mantenida adecuadamente y no ha sido reconstruida desde que el huracán María azotó este territorio estadounidense en septiembre de 2017. El miércoles se reportaron apagones en toda la isla en medio de fuertes lluvias y relámpagos generados por una fuerte onda tropical en la región.

Cristina Miranda Palacios, directora general de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, —una organización activista sin fines de lucro_, dijo que el aumento propuesto no es justo ni aceptable.

“Es inconcebible que el pueblo, incluyendo a las poblaciones marginadas y en mayor desventaja económica, tenga que asumir este costo por un servicio de calidad muy cuestionable”, dijo.