La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) graduó a 22 personas en la Academia de Intercesoras (es) Legales. A su vez, contrataron para este nuevo año fiscal 2023- 2024, a 31 profesionales de ese campo para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, entre otros, en las 13 regiones judiciales, según informó hoy la procuradora interina, Madeline Bermúdez.

“De este grupo de profesionales que asistirán a las víctimas, 19 trabajarán en colaboración con las entidades enlaces: Casa de la Bondad, Casa Pensamiento Mujer del Centro, Centro de la Mujer Dominicana, Hogar Ruth, Fundación ALAS a la Mujer, Oficina Legal de la Comunidad, Casa Protegida Julia de Burgos y el Departamento de Justicia. Los 12 restantes, responderán directamente a la OPM, incluyendo dos coordinadoras del Proyecto de Ley 32″, explicó Bermúdez.

El Intercesor o Intercesora Legal, es toda persona que tenga adiestramientos o estudios acreditados en el área de consejería, orientación, Psicología, Trabajo Social o Intercesión Legal, que esté certificada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a tenor con el Art. 1.3 inciso (g) de la Ley Núm. 18 de 2017. Brindan apoyo y acompañamiento a las personas sobrevivientes en los procesos legales, les ayudan a entender el formulario para solicitar una orden de protección y las acompañan a las vistas.

“La labor de estos profesionales es sumamente importante. Toda persona que solicita una orden de protección sobre violencia doméstica tiene derecho a estar acompañada de una persona intercesora legal. Este servicio, así como pedir la orden de protección, no tiene costo.”, añadió la Procuradora Interina.

El seminario prepara a profesionales para la intervención con personas que soliciten remedios en los tribunales debido a situaciones de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, violencia en cita, mediante una certificación en el área de intercesoría legal.

Tras la firma el miércoles del Proyecto de la Cámara 792, las organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, tendrán la facultad legal de certificar a las intercesoras e intercesores legales que asisten a las víctimas de violencia doméstica durante los procedimientos judiciales instados al amparo de la Ley 54.