Mientras 11 vertederos tienen órdenes de cierre por parte de la Agencia federal para la Protección Ambiental (EPA, en inglés) y otros siete incumplen con leyes federales y estatales, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no cuenta con un plan actualizado para lidiar con el problema de acumulación de basura que enfrenta el país.

Según aceptaron dos funcionarias de la agencia durante una vista realizada hoy por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, el DRNA espera porque la EPA les otorgue una asignación de $40 millones para encaminar dos estudios.

La geóloga María Coronado, de la administración de Terrenos del DRNA, afirmó que el primer estudio es sobre las características de los desperdicios sólidos que se producen en el país y el segundo constituiría el Plan para el Manejo de Desperdicios Sólidos.

“Esos dos estudios son fundamentales para establecer la ruta sobre cómo vamos a manejar al país hacia una mejor distribución de desperdicios sólidos”, sentenció a preguntas del representante y presidente de la Comisión, Víctor Parés.

Coronado indicó que el Plan de Manejo debe incluir cómo cerrar los 11 vertederos que ya tienen órdenes de cierre y qué otras alternativas pueden desarrollarse para disponer de los desperdicios sólidos que estos recibían.

También incluiría planes de reciclaje, medidas educativas y otras acciones que se tendrían que tomar para alargarle la vida útil a los otros siete vertederos que incumplen con las leyes, pero no tienen órdenes de cierre, así como los restantes 11 vertederos que cumplen con las regulaciones.

El problema que tiene el DRNA es que el dinero no ha sido aprobado aún.

“Tenemos seguridad que se van a aprobar. Son fondos que fueron aprobados en una comisión bipartidista en el Congreso para atender los estado y territorios con emergencias ambientales”, dijo Coronado.

Cuando el dinero sea finalmente aprobado, explicó la geóloga, la agencia se demoraría unos tres meses en el proceso de subasta y contratación de las empresas que realizarían en estudio, así como otros cinco meses adicionales en lo que se realizan.

Otra complicación es que los gobiernos estatal y municipal necesitan conseguir unos $700 millones para cerrar los 11 vertederos de Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Juncos, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja, como ordenó la EPA. Ese dinero no se tiene presupuestado, según se reconoció durante la vista pública.

Esta falta de fondos y de planes concretos para lidiar con el problema de la basura se da tras años de advertencia.

El exsecretario del DRNA, Daniel Pagán, explicó durante su ponencia que desde mediados de la década del 1990 estipuló planes de manejo de desperdicios sólidos que nunca se llevaron a cabo.

Su propuesta, para aquel entonces, establecía dejar solo cuatro vertederos operando y crear dos plantas de conversión de basura en energía en la zona de Cambalache en Arecibo y en el Valle del Coloso, en Aguada.

“Nosotros hicimos estos planteamientos en la época de los ’90… No estábamos tan errados cuando proyectamos lo que iba a suceder”, sostuvo.

Pagán recomendó que, si se va a construir una planta de energía en Arecibo, como se propuso en el pasado, debe hacerse teniendo a los municipios como socios y sin pretender obtener millones de dólares en ganancias. Esto, dijo, redundaría en que los municipios no tengan que elevar los costos del recogido ni cobrarles a los ciudadanos por el servicio.

Por su parte, el representante Parés reclamó que “hay que buscar acciones concretas y apremiantes ante la situación existente hoy con los vertederos. No podemos continuar en un limbo, hay que ejecutar política pública e imponer consecuencias”.

Dijo que citará a los alcaldes afectados y otras agencias para evaluar cambiar las leyes. Entre estas estaría, según adelantó, imponer multas por incumplimientos por no cerrarse los vertederos cuando se ordena.

“Estamos en una crisis alarmante. ¿Qué hacemos con la basura? ¿No sabemos qué hacer?”, concluyó el legislador, al reafirmar que con su investigación buscará respuestas a estas interrogantes.