En momentos en que se alega se necesitan profesionales de la salud para atender la emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus, el Centro 330 conocido como Salud Integral de la Montaña suspendió de empleo y sueldo a 137 de sus empleados, incluyendo enfermeros graduados, por alegados problemas económicos en su operación, denunció el representante Rafael “June” Rivera.

Para sostener sus denuncias, el legislador suministró la carta que le dio uno de los empleados despedidos que le alertó de la situación ayer, martes.

La misiva, firmada por la presidente del centro de salud, la doctora Gloria Amador Fernández, establece que “nos vemos obligados a tomar esta determinación ante el impacto que la propagación mundial del COVID-19 ha causado en nuestra industria y la reducción en nuestro volumen de servicios. Esta suspensión temporera podría acortarse o prolongarse”.

Hasta el momento, se les ha informado a los empleados suspendidos que deberían regresar a sus labores el 1 de junio próximo, por lo que la cesantía sería de unos 62 días, según dice la carta.

El centro Salud Integral de la Montaña atiende a pacientes sin planes médicos, con el plan Vital del gobierno o con seguro médico privado en oficinas ubicadas en Barranquitas, Comerío, Corozal, Naranjito, Orocovis, Bayamón y Toa Alta. Tienen cuatro salas de emergencias médicas.

Según relató el representante Rivera, ayer en la tarde se enteró de las suspensiones, porque le llamó un empleado afectado del área de farmacia. Comentó que, de inmediato, “le escribo a Gloria Amador y ella me indica a mí que fueron 137 empleados”.

También le informó que había empleados de varias áreas, incluyendo enfermeros graduados.

Rivera informó que, tras la comunicación, llamó a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para conocer si a Servicio Integral de la Montaña se le otorgaron fondos congresionales para continuar operando durante la emergencia. Esta le indicó ellos estaban en la lista.

“A ellos se les dio una gran cantidad de dinero para nómina. Estas suspensiones no proceden”, reclamó.

Dijo que volvió a comunicarse con Amador Fernández para informarle de la asignación de fondos. Alegó que la presidente del Centro 330 indagaría sobre esa otorgación de fondos para establecer si estas suspensiones quedarán sin efecto.

“Yo espero que logre validar la información del dinero que aprobó el Congreso y que estos empleados regresen a trabajar, porque estamos en una emergencia y estos centros son importantes para nuestra gente”, reclamó el legislador.

Primera Hora se comunicó en varias ocasiones al teléfono de la unidad móvil de Amador Fernández y le escribió mensajes de texto, pero esta no respondió.

La portavoz de prensa de la Asociación de Salud Primaria, Virginia Reyes, indicó que se emitiría antes del mediodía un comunicado de prensa sobre la situación que atraviesan los centros. Pero, anticipó que no se ha registrado ninguna otra suspensión o despido en alguna de las otras 22 instituciones que conforman los Centros 330.

Mientras, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, lamentó las cesantías.

“En conversación con la directora ejecutiva del SIM, la cesantía responde a situaciones administrativas a consecuencia de la emergencia ocasionada por el COVID 19¨, dijo el alcalde de Naranjito.

El alcalde recalcó que el SIM es una entidad privada y ninguno de los alcaldes ni los municipios afectados tienen injerencia en la administracióm de los mismos. No obstante, Ortiz Chevres exhortó a los afectados a que se orienten para buscar ayuda para sobrellevar esta amarga situación.