Los camioneros y transportistas anunciaron hoy que han entrado en “asamblea permanente” hasta que se consiga un acuerdo que reconozca un sistema de tarifas que les haga justicia, como el que aprobó en diciembre pasado el Negociado de Transportación y otros Servicios Públicos (NTSP) y que fue paralizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Los camioneros repudiaron la intervención de la Junta en el asunto, argumentando que el ente regulador se está extralimitando en su alcance pues ellos son contratistas independientes y no son parte ni afectan directamente las finanzas del gobierno.

Agregan que la JSF está actuando a nombre de grandes intereses que pretenden acabar con las tarifas que mantienen una regulación del mercado y que para ellos constituye el equivalente a un salario mínimo.

De acuerdo con los camioneros, está en manos de la JSF resolver la situación y hasta que no se resuelva mantendría el paro de labores, con las consecuencias que eso pueda traer.

Aclararon, sin embargo, que mantendrían el abasto de medicinas y otra mercancía y combustible para asegurar el funcionamiento de servicios esenciales como medicinas y égidas, así como la atención de emergencias.

“El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico decretó a las 12:01 de la madrugada de hoy la asamblea permanente para exigir de la Junta de Control (Supervisión) Fiscal que desista de impedir que entre en vigor el reglamento del Negociado de Transporte en el que se aprobaron debidamente las nuevas tarifas que rigen a todos los transportistas de Puerto Rico”, afirmó Carlos Rodríguez, coordinador de organización del Frente Amplio de Camioneros.

“Las tarifas del transporte público no se revisan desde el año 2005 y es una injusticia que está afectando la viabilidad económica de miles de padres y madres de familia en Puerto Rico, quienes tienen que cumplir con rigurosos requisitos reglamentarios para poder transportar la carga y que, con las tarifas del 2005, ya no pueden resistir más”, agregó el líder de camioneros.

Comentó que anoche la JSF envió una carta al NTSP en la que reitera “su intención de prohibir que entren en vigor las nuevas tarifas y amenaza con llevar el asunto a los tribunales”.

“El reglamento con las tarifas fue paralizado por la Junta de Control Fiscal de manera arbitraria e ilegal, pues ese ente dictatorial no tiene jurisdicción sobre contratistas independientes que no son empleados gubernamentales ni afectan las finanzas públicas, y porque no puede derogar la ley del Negociado, que data del año 1917 y que es el fundamento para que el Negociado de Transporte establezca válidamente las tarifas”, agregó Rodríguez.

Sostuvo que la posición de la JSF refleja las posturas “de los grandes dueños de la carga” y busca “proteger los intereses de los ricos para obligarnos a aceptar la reducción de las tarifas, y no lo vamos a permitir”. Calificó además de “disparate” el intento de la JSF de eliminar las reglamentaciones del transporte público, tal como ocurre en los Estados Unidos, porque no se puede aplicar la misma lógica de mercado de un continente a una isla.

“Seguiremos en asamblea permanente hasta que la Junta dictatorial desista de impedir que entre en vigor el reglamento de las tarifas”, insistió. “El Frente Amplio (de Camioneros) exige del Negociado de Transporte y el gobernador (Pedro) Pierluisi que haga valer sus prerrogativas gubernamentales y defienda en todos los foros las tarifas que son indispensables para sostener nuestra economía”.

Edwin Marrero, presidente de la Asociación de Camioneros de Arrastre, afiliada al Frente Amplio de Camioneros, negó que estuvieran haciendo amenazas o presiones indebidas, y agregó que están dispuestos a negociar en cualquier momento.

“¿Por qué aquí no hay camiones hoy? Porque nosotros no queremos afectar el tránsito, no queremos afectar el país. Y en esa línea siempre estamos. Si nos llaman ahora, ahora salimos a hablar con ellos. No tenemos ningún problema en sentarnos en una mesa y escuchar cuál es el impasse. Si no nos llaman pues es motivo de seguir nosotros aquí”, indicó Marrero.

Agregó que los camioneros han agotado todos los recursos, llegando incluso hasta la Fortaleza, y no les han dejado más recurso que suspender los servicios.

Marrero explicó además que, si alguien transporta mercancía por debajo de la tarifa estaría violando la ley “y se le pueden imponer $10,000 de multa al transportista y al cliente”.

El abogado Rolando Emmanuelli sostuvo que la JSF está incorrecta al plantear que no se cumplió con los requisitos de ley al aprobar las tarifas, y están disposición de sentarse a “dialogar y explicarle por qué el reglamento es válido, para que se ponga en vigor lo antes posible”.

Agregó que si la JSF, como dejó saber que podría hacer, acude a los tribunales, correspondería al NTSP “hacer valer sus prerrogativas de ley y defender las tarifas”. Explicó que “cuestionamos la jurisdicción” y consideran “totalmente arbitraria y contraria a la ley” la determinación de la JSF de poner la eliminación de tarifas en el plan fiscal.

Emmauelli agregó que el discurso de la JSF era “un trabalenguas” porque “no pueden estar dispuestos a negociar si tampoco están dispuestos a permitir el ejercicio libre de los derechos constitucionales de los camioneros, porque esto es un ejercicio constitucional, libertad de expresión y libertad de asociación”.

El abogado, no obstante, consideró que “lo racional” es sentarse a negociar, pero advirtió que “la expresión de mis clientes es que esto (el paro) es permanente hasta que se resuelva el problema de las tarifas”.