Antonia Navedo ya no se atreve a salir de su casa por miedo a que cuando regrese encuentre un papel a donde diga que su propiedad pudiera ser declara un estorbo público.

Esa es la realidad de residentes en el casco urbano de la Ciudad Señorial, cuyas residencias fueron marcadas por una compañía que contrató el Municipio de Ponce para identificar, multar, vender y limpiar aquellas estructuras que considere como una amenaza a la salud, seguridad y ambiente.

Se trata de la empresa Universal Properties Realty Government Services, LLC, contratada por el ayuntamiento ponceño el 21 de junio de 2019 para trabajar todo asunto relacionado a estorbos públicos.

Sin embargo, la compañía no solo se enfoca en las edificaciones vandalizadas o abandonadas, sino que ha aumentado el listado de posibilidades incluyendo las casas que consideren inadecuadas para ser habitadas, falta de energía eléctrica o agua potable, ausencia de mantenimiento o reparación a la estructura o solar, entre otras. Bueno, hasta una panadería cayó en el asunto.

“Ese papel se lo iban a poner a mi casa, pero una vecina les dijo que yo vivo aquí con mi hijo y mi casita está en malas condiciones porque es viejita, pero es mi hogar, mi techo. Pero por aquí le han puesto a todas (las casas), a unos vecinos que viven allí (calle Riverside), le pusieron eso a su casa y él vive allí con la esposa, es un señor que está enfermo”, denunció Navedo, residente en la calle Montaner.

La mujer de 72 años cuestionó las verdaderas razones para que la Administración Municipal de Ponce le diera ese rol a una empresa privada, en vez de ayudar a la gente necesitada que no recibió ayuda para reparar sus casas luego del paso del huracán.

“¿Cuál es la idea de eso? Si la gente está viviendo sus casitas, aunque estén en malas condiciones, por qué ponerle estorbo público, eso no es justo. Yo no tengo ingresos porque mi hijo es el único que me ayuda y no hay dinero para hacer una mansión aquí”, lamentó.

Pero la contratación de Universal Properties Realty Government Services, LLC, no es tan solo en Ponce, sino que hay otros 13 municipios que pusieron en manos de esa compañía todos los servicios concernientes a la identificación y posible recuperación de los espacios considerados estorbos públicos.

Aunque la problemática se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos municipales, el auge que ha tomado la contratación de esta empresa levantó bandera en diversos sectores. Esto, porque los alcaldes le han dado casi un poder absoluto a esa compañía para identificar, rotular, multar, vender y limpiar las estructuras y solares que considere como una eventual amenaza a la comunidad. 

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, entre los municipios que estipularon los servicios de esa empresa se encuentran Guayanilla, Toa Alta, Santa Isabel, Juncos, Loíza, Humacao, Aibonito, San Germán, Cidra, Arroyo, Patillas, Canóvanas, Las Piedras y Ponce. Todos con un término de cinco años.

La compañía con sede en Toa Baja es presidida por el corredor de bienes raíces Andrés Rafael Reyes Vélez, y fue inscrita en el Departamento de Estado el 16 de febrero de 2018; seis días después el Municipio de Guayanilla les dio un contrato firmado por el alcalde Nelson Javier Torres Yordán el 22 de febrero de ese año.

El acuerdo es válido del 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero del 2023, donde el inversionista se compromete a “cubrir inicialmente todos los gastos relacionados a los servicios, trámites y otros costos operacionales establecidos en el Manual de Proceso aprobado conforme a la Ordenanza #31 Serie 2017-2018 por la Asamblea Municipal para este propósito”.

No obstante, el contratista recuperará el dinero invertido luego de la venta del inmueble a través de una subasta, además de las comisiones establecidas que serán: $5,000 por propiedad residencial, $1,500 por propiedad solar o finca, $5,000 por propiedad comercial o mixta y un 6% por propiedad industrial.

“Todo dinero obtenido por la venta de cada propiedad será retenido por "El Contratado” en una cuenta plica conforme la Ley 10 del EL.A. Su desembolso, será provisto postítulo y posventa, en una cuenta designada por el "El Municipio" donde en primera instancia se reembolsarán los costos invertidos y comisión al "El Contratado". El desembolso a "El Municipio" se efectuará en 48 horas laborables posventa de la propiedad o cobra del postítulo en caso del municipio retener la propiedad”, según el contrato de Guayanilla.

Cabe destacar que los acuerdos con otros municipios son relativamente parecidos, con excepción del reembolso por propiedad solar o finca que en algunos pueblos fluctúa entre $1,500 a $3,000.

En el caso de Santa Isabel, el alcalde Enrique Humberto Questell Alvarado firmó el convenio el 5 de septiembre de 2018 sin el consentimiento de la Legislatura Municipal a donde solo envió un borrador y utilizó la Ordenanza #17, serie del 2001-2002 para validar el acuerdo.

Esa ordenanza otorgaba el poder al entonces alcalde Ángel M. Sánchez Bermúdez para manejar el asunto de estorbos públicos, acción que quiso emular Questell Alvarado, pero su Legislatura Municipal le puso un alto, según fuentes de entero crédito. 

En tanto, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarry aseguró que la contratación en su municipio fue una buena decisión, aunque no pudo precisar el resultado preliminar de esos trabajos.

“Ellos tienen un ‘fee’ establecido por propiedad más unos gastos de limpieza que ya están en el contrato negociados, obviamente en base al contrato, nosotros entendemos que va a haber unas ganancias porque todas estas propiedades tienen un valor a lo que es el ‘fee’ de ellos y a lo que es el gasto de limpieza”, manifestó el alcalde de San Germán sobre el contrato firmado el 27 de febrero de 2019.

“Más allá de las ganancias que pueda obtener el municipio está el objetivo principal, que es tratar de recuperar áreas que están vulnerables a impacto ambiental, susceptibles a vandalismo, que se conviertan en hospitalillos de droga y esas propiedades vendidas en subasta, las personas que las adquieran las van a poner en condiciones habitables. O sea, va a haber una rehabilitación de las áreas afectadas”, admitió Negrón Irizarry.

De acuerdo con un experto, los municipios tienen la capacidad para encargarse de ese problema al establecer un programa para la identificación de estorbos públicos con un presupuesto de $20,000 a $30,000 anuales.

Así lo evidenció Luis Gallardo, cofundador del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc., quien explicó las razones por las que no recomienda que se contrate un ente externo para un trabajo que les toca a los gobiernos municipales.

“Es una propuesta muy atractiva para los municipios porque no tienen que invertir nada, la compañía se encarga de todo el proceso y al final del día, quizás haya algún tipo de ganancia para el municipio. En mi opinión es un conflicto de interés porque ellos (empresa) logran un porcentaje de las ventas, pero son ellos mismos los que ponen la cantidad de casas que hay en la lista”, cuestionó Gallardo.

“Yo creo que ese inventario tiene un potencial para que el municipio pueda identificar propiedades para vivienda accesible, oficinas municipales, centros comunales y hasta propósitos privados, pero el municipio pierde ese control cuando lo liquida al mayor postor. Es un tema bien sensitivo, estamos hablando de los derechos propietarios de la gente que no debe descansar en una empresa privada para realizar un proceso como este”, urgió el experto.

Defienden la contratación

Por su parte, el gerente de Asuntos Administrativos del Municipio de Ponce, Gilberto Claudio Marrero, defendió la privatización del servicio por la cantidad de propiedades que quedaron deshabitadas luego del paso del huracán María.

“Ningún municipio tiene la capacidad para trabajar tantos casos de estorbos públicos y a la misma vez poder mantener las ciudades limpias. Esta compañía tiene la capacidad de llevar todo el proceso administrativo como operacionales en el momento que tengamos que limpiar para que cumpla con el proceso de sanidad y salubridad cada una de estas propiedades”, destacó Claudio.

El gerente de Asuntos Administrativos de Ponce dijo que esta es la única compañía que brinda esos servicios “porque esto es algo novel el concepto de privatizar, el proceso de administrar los estorbos públicos, por lo menos de mi experiencia pasada”.

Claudio admitió que es posible que empleados de la empresa hayan dejado algunas notificaciones en residencias habitadas, “porque pueden estar en unas condiciones detrimentales y posiblemente estas personas hacen el acercamiento, no sale nadie y se asume que no vive nadie”.

“En el proceso de que la propiedad esté habitada se puede comunicar con los teléfonos de nuestra oficina y nosotros no tenemos problema en evaluarla y sacarla del proceso de estorbos públicos, por eso es que se notifica, no se declara”, destacó al mencionar que no se multará a los propietarios durante la primera etapa.

“Si a los 30 días no hacen absolutamente nada, pues ya cuando se declare estorbo público ahí empiezan los primeros cargos de las distintos tipos de multa que pudieran estar aplicando”, confesó.