Para el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, el contrato otorgado al consorcio LUMA Energy para operar la transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no será uno beneficioso para los puertorriqueños y prevé un aumento de un centavo por kilovatio hora en la tarifa.

Esta tarde, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas anunció que seleccionaron a la sociedad compuesta por ATCO Ltd, IEM y Quanta Services, Inc. para la operación, mantenimiento y modernización del sistema.

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El líder obrero desmintió lo dicho por el Gobierno durante la presentación y aseguró que es “totalmente falso” que los empleados de la AEE se sientan satisfechos por la transición. Al contrario, dijo que sienten “incertidumbre” y que están “preocupados”.

Además, adelantó que mañana, martes, tendrá una discusión sobre el tema con todo el liderato de la Utier y el equipo legal.

Ante esto, Figueroa Jaramillo destacó cinco puntos por los que cuestiona el acuerdo:

1. “Falta de transparencia”

El líder sindical indicó que el pasado 17 de junio el Negociado de Energía de Puerto Rico les denegó una moción de intervención en la que demostraban que la Utier está perjudicada en el proceso.

“Nosotros le enviamos una carta a Omar Marrero para que, como afectados y un elemento importante en este proceso, nos dieran el acuerdo para discutirlo y nos lo negaron”, expuso.

Además, el líder sindical reveló que se enteró de la selección de LUMA el pasado 12 de junio cuando una periodista le pidió una reacción a una resolución del Negociado declarando confidencial el documento del acuerdo. Dijo que el Negociado habría tenido “todo el expediente y el contrato” desde el 18 de mayo y “no le había dicho nada al País”.

“Todo el proceso de la falta de discusión pública y falta de transparencia antecede que esto es un contrato que no va a beneficiar al pueblo de Puerto Rico. Cuando tú haces una discusión secreta, que el Negociado de Energía no tuvo la ética ni la moral ni el compromiso de anunciar al pueblo de Puerto Rico que estaba desde mayo 18 evaluando este tipo de contrato y se anuncia inmediatamente que nosotros anunciamos a las 6:30 de la mañana en mi Twitter todo el esquema, pues tú notas que no hay pureza, no hay transparencia en el proceso y tú tienes que, de entrada, cuestionar el contrato”, comentó en entrevista telefónica con Primera Hora.

2. Posible conflicto de interés

Figueroa Jaramillo resaltó que los abogados que incorporaron a LUMA en Puerto Rico son los mismo que laboran con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

“Esto es una compañía que hay que cuestionar la forma en que se incorporó. No participó de la licitación como corporación, se incorpora este año, el 17 de enero de 2020. Se queda sola porque no hay nadie más para licitar. Los abogados que incorporan esta compañía son los mismos abogados de la Alianza Público Privada, en palabras más sencillas: el ‘realtor’ tiene los mismos abogados que el comprador”, comparó.

3. Falta de “documentos esenciales”

Otro problema que le ve el líder de la Utier al contrato es la falta de documentos claves como un estudio de impacto a la tarifa y una evaluación de costo-beneficio.

“En la discusión pública, en la presentación, ellos no han podido evidenciar que no va a haber un aumento de tarifa, que no va a haber reducción de tarifa y que los empleos no se van a ver afectados”, dijo Figueroa Jaramillo.

A su vez, recordó el voto disidente del comisionado Ángel Rivera en la votación del pasado jueves, 18 de junio, en la que, dijo, se aprobó la transacción.

“Ese voto disidente es bien importante, dice: ‘en los documentos que la Alianza Público Privado nos somete no somete ningún estudio de impacto a la tarifa. No somete ninguna evaluación de costo-beneficio’. O sea, dos elementos esenciales en cualquier transacción no fueron sometidos y el comisionado dice que ‘por tanto no puedo evaluar un acuerdo que no sé cuál va a ser el impacto económico o si es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico’”, citó.

4. Posible aumento de tarifa

El cuarto punto se trata del pago que recibirá LUMA –que podría ascender a $150 millones anuales– así como una posible alza en la tarifa.

“La información que tenemos es que esta gente va a cobrar un ‘fee’ que sobrepasa los $150 millones anuales. Eso lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico. Entonces, tú estás trayendo una compañía que no es que del presupuesto operacional ellos van a cobrar su salario, es que ellos van a cobrar un cargo por administrarte tu compañía. Y eso no se lo dicen al País”, mencionó.

Basado en esa cuantía que cobraría LUMA al año, Figueroa Jaramillo sostiene que “equivale a un centavo” de aumento por kilovatio hora.

“Fíjate que Omar Marrero dice que él no prevé aumento. No es categórico de que no va a haber aumento”, dijo.

5. La Junta y la quiebra

De acuerdo al líder obrero, el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se debe a que el acuerdo sería “el primer paso para poder ir donde la jueza de quiebra [Laura Taylor Swain] a que entonces apruebe el cargo para pagar deuda”.

“Si tú lees bien el comunicado de la Junta, que dice más que el del gobierno, te dice: aquí esto no va a llegar mañana, esto es una transición de 12 meses; esto nos va a permitir ir a la jueza para discutir y salir del Título III, pero si se atrasa el Título III la transición va a postergarse. En otras palabras, lo que te están diciendo es que esto está sujeto a que te aprueben el cargo para pagarle a los bonistas”, interpretó.

El parte de prensa enviado por el ente federal dice: “El contrato incluye un periodo estimado de transición de 12 meses, antes de que cobre vigencia el contrato a 15 años en 2021. El periodo de transición se puede extender si la AEE no ha completado el proceso de salida del Título III, en virtud de la Ley Promesa”.

¿Y la transparencia?

Por su parte, el analista político Jay Fonseca cuestionó la transparencia del gobierno al manejar los procesos del acuerdo.

“La gobernadora, que el jueves nos dijo que confiáramos en su trabajo y que todo sería transparente, por Internet, hoy nos presenta un proyecto que pidió oficialmente que fuera confidencial ante la Comisión de Energía desde mayo 18 y ahora nos viene a decir que la privatizadora de la AEE será una empresa que ya había sido denunciada por la Utier por sus cercanías a ciertos cabilderos del gobierno”, señaló.

“Bajo Ricardo Rosselló se le prometió a Puerto Rico, en enero de 2018, que bajaría el costo de la luz con esta privatización. Ahora no pueden decirnos si nos va a bajar, pero sí nos dicen que nos va a subir al costarnos $160 millones la administración de esta empresa. Estamos hablando de que -al menos- $110 anuales nos va a subir la luz. Esto, sin contar con el pago de la deuda que pronto empezaremos a pagar; los cargos de energía renovable que José Ortiz nos deja aumentando en 2% todos los años después de las elecciones y el retiro de los empleados que se está negociando porque los pensionados no se les puede dejar en la inopia”, agregó.